Hoy se cumplen cuatro años del fallo de la Corte Suprema que anuló el primer tarifazo de gas del gobierno de Mauricio Macri. El contexto de ese helado invierno era el de la protesta en las calles, un malestar generalizado por el aumento del 500% en las facturas de gas. La resistencia popular obtuvo ese 18 de agosto la primera derrota del Gobierno.

Ese fallo de la Corte nos recuerda dos cuestiones: primero, la ciudadanía debe examinar de forma previa cualquier modificación en las tarifas: no puede haber aumento sin audiencia pública previa donde se escuchen todas las voces. Sólo a partir de ese mecanismo democrático puede fijarse el valor del gas, de la electricidad, del agua. Porque como bien sabemos esos no son –y no debieran haber sido- bienes del mercado sino insumos básicos para el desarrollo de la vida humana.

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Ahora bien, otro de los hitos que marca la Corte Suprema con ese fallo es la idea de que las tarifas deben ser justas y razonables. No pueden ni deben estar desajustadas del nivel de ingreso ciudadano porque una afectación excesiva de los ingresos las tornaría confiscatorias. Y por añadidura, de ese modo generaría una escalada de morosidad que atentaría incluso contra el propio servicio público.

El gobierno macrista banalizó de forma categórica ese inesperado fallo supremo. Audiencias públicas sin público, tarifas que no fueron justas ni razonables, entes de control en manos de personas vinculadas a las empresas que deberían controlar. Eso significó una grosera transferencia de recursos y de riqueza de millones de argentinos y argentinas a unas pocas manos, vinculadas todas a la élite gobernante.

Ese modelo macrista de saqueo popular y ganancias exorbitantes para las energéticas fracasó. El pueblo lo derrotó en las urnas luego de una ininterrumpida resistencia de un diverso abanico de actores políticos, sociales, sindicales y de la sociedad civil organizada. Ese malestar se transformó en propuesta.

Hoy el desafío es transformar aquella resistencia en políticas públicas; en hacer realidad aquellos lineamientos generales que hace cuatro años marcó la Corte: no puede haber tarifas de servicios públicos sin participación popular y su costo debe ser justo y razonable para la población. Los servicios públicos no son simples mercancías sino derechos básicos y esenciales para la vida, derechos humanos. El saber popular hecho grafiti en las pare desde muchas ciudades argentinas bien lo sabe: “la luz y el gas son un derecho”.