Los trabajadores tercerizados cobran hasta un 62% menos

Los sueldos de los trabajadores tercerizados son hasta un 62% inferiores a los que percibirían si trabajaran para la empresa principal para la que prestan sus servicios. La diferencia salarial se produce porque están encuadrados en convenios laborales que no son los que corresponden a la actividad que desarrollan. Eso permite, por ejemplo, que a un operario que arregla un caño de gas le paguen como si fuera un administrativo. Así lo determinó un estudio realizado sobre los sectores de telecomunicaciones, televisión, electricidad, gas y siderurgia, que utilizó información oficial del Sistema Integrado Provisional Argentino (SIPA) y analizó los salarios de 259 empresas entre agosto y octubre de 2014. 

“En algunos casos, la tercerización laboral se asocia a mecanismos de evasión parcial y por lo tanto de fraude en el registro de los trabajadores tercerizados”, agregó el informe elaborado por el Centro de Estudios de Trabajo y Desarrollo de la Universidad Nacional de San Martín, que se publicará en los próximos meses. “Por ejemplo, un caso paradigmático es el de gas, en el cual se registran actividades concurrentes, de extrema peligrosidad y alta calificación y complejidad”, completaron los investigadores al referirse a la situación que viven los trabajadores subcontratados por Metrogas y Gas Natural Ban, que reciben salarios hasta un 54,7% más bajos que el personal de esas distribuidoras. 

Las diferencias salariales, junto a la falta de elementos protección y seguridad para el trabajador, están sostenidas por el mal encuadramiento gremial: los tercerizados están fuera del convenio de la actividad que realizan. En la mayoría de los casos los empleadores los ubican dentro del convenio colectivo de Comercio. Así se garantizan pagar el salario más bajo posible, al menos en blanco. 

Esa forma de contratación es la que genera reclamos gremiales y conflictos intrasindicales por el correcto encuadramiento gremial, el pase a planta de la empresa principal y mejoras en las condiciones laborales. Esa es la explicación del reclamo que terminó con el asesinato de Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero. Por ese crimen fueron condenados, entre otros, los dirigentes de la Unión Ferroviaria, José Pedraza y Juan Carlos Fernández, que se oponían la regularización de la relación laboral porque tenían una empresa tercerizada que prestaba servicios para los ferrocarriles. 

La peor parte de los sectores analizados se la llevan los trabajadores de telecomunicaciones, donde tienen diferencias salariales de hasta el 62 por ciento. 

Detrás siguen los trabajadores de electricidad, que tienen diferencias de hasta el 59 por ciento; los de gas, con saltos de hasta el 54,7 por ciento; televisión (43 por ciento) y siderurgia (32 por ciento). “La extensión de cadenas de subcontratación favorece el fraude laboral, en la medida en que es en estas empresas donde se registran los mayores porcentajes de trabajadores con salarios ínfimos y fuera de todo parámetro legal”, concluyó el informe coordinado por Sebastián Etchemeni. 

Hasta ahora, este tipo de investigaciones se limitaba a fuentes sindicales y empresariales pero el nuevo trabajo está elaborado en base a datos surgidos desde el Estado. Esta información oficial confirma y, al mismo tiempo, precisa los datos que se manejaban. Pero, además, observaron que “en varios sectores, los salarios de un alto porcentaje de los trabajadores de las contratistas se determinan por escalas salariales inferiores a las que establece como piso el salario básico de convenio de la categoría más baja de las empresas principales; inclusive, en algunos sectores un porcentaje significativo de trabajadores no alcanza a percibir un salario mínimo, como lo marca la ley”. 

La clave de esas diferencias está, como demostró el informe, en que trabajadores de los sectores analizados son ubicados en otros convenios laborales, que volvieron a estar en discusión cuando el presidente Mauricio Macri planteó la necesidad de modificar esos contratos entre sindicatos y patronales, que permiten regular las relaciones laborales por actividad. La advertencia no avanzó hasta ahora, pero marca el sentido de las modificaciones en la legislación laboral que proyectan en el gobierno nacional. 

La tercerización laboral, como se conoce hoy, no siempre existió en la Argentina: hasta 1976, la Ley de Contrato de Trabajo la permitía pero obligaba a encuadrar a los trabajadores bajo el mismo convenio que los efectivos y en casos en los que la tarea no fuera la principal de la empresa que hacía la contratación. Pero la dictadura realizó las modificaciones que reclamaba el sector empresario: se eliminaron 25 y se modificaron 98 de los 301 artículos que tenía la Ley 20.744. 

“A partir de ese cambio, el único límite es para el caso de despido y establece la solidaridad de la empresa principal al momento de pagar la indemnización. Pero las diferencias salariales fuertes y la falta de protección durante las jornadas laborales son posibles gracias al mal encuadramiento gremial”, indicó Matías Cremonte, abogado de ATE y presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas. 

Ese escenario de tercerización está vigente también en el sector público. “Para acceder a financiamiento del FMI, el Estado aceptó reducir la planta de personal pero disfrazó contrataciones en distintos rubros del Presupuesto. Eso permitió obtener los créditos y, al mismo tiempo, tercerizar personal que ya no tenía la estabilidad que brinda el Estado. Así tercerizaron el personal de limpieza y seguridad de los ministerios y lo mismo ocurre en el sistema de salud, como si esas tareas no fueran parte integral del servicio que allí se presta”, concluyó Cremonte.