Desde fines de 1989 hasta principios de 1990, el entonces presidente Carlos Menem dictó una retahíla de decretos que fueron el inicio de la flexibilización laboral para finalizar, tras las privatizaciones, con la suspensión de los convenios colectivos de las empresas públicas privatizadas y a privatizarse. El paso siguiente fue la reglamentación inconstitucional del derecho de huelga.

Al considerarse inconstitucionales esos decretos, me tocó accionar respecto del convenio colectivo 36/75 de la FATLyF (Luz y Fuerza) para que no fuera dejado sin efecto ni afectado. La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad del decreto que avasallaba la autonomía colectiva y la libertad sindical.

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El neoliberalismo de los ’90 continuó el ataque al derecho constitucional a negociar colectivamente con el decreto de la productividad (1334/91), que prohibía homologar convenios con cláusulas previendo aumentos salariales en función de coeficientes, porcentajes, índices de precios o cualquier otro método indexatorio. Sólo autorizaba prever aumentos salariales en función del aumento de productividad. En este verdadero itercriminis contra los trabajadores, Menem sancionó el decreto 470/93 que avanzaba en ese sentido.

El convenio colectivo fue una conquista de los trabajadores organizados y se convirtió en la mejor herramienta que tienen los sindicatos para defender los intereses y mejorar los derechos de sus representados.

El menemdelarruísmo buscó modificar la esencia de los convenios colectivos para que estos fueran una herramienta a disposición de las empresas para flexibilizar los derechos laborales y degradar las condiciones de trabajo; esa finalidad la escondían detrás de la invocación de que era necesaria para atraer inversiones y generar trabajo. Menem, con decretos y leyes; la Alianza, mediante la llamada Ley Banelco, que nuestro gobierno derogó.

Con el decreto 394/03 y la Ley 25.877, Néstor Kirchner restableció la fuerza de las convenciones colectivas como instrumento de los trabajadores y sus organizaciones sindicales para incrementar sus derechos. Tal es así que de una histórica cifra de 200 convenios colectivos, al 2015 se alcanzó la firma de aproximadamente 2000 convenios colectivos de trabajo.

Seguramente, Macri quiere destruir la «pesada herencia» porque después de hibernar los convenios colectivos con Menem, Cavallo y la Alianza durante más de diez años, Néstor Kirchner dio impulso formidable a la negociación colectiva con el decreto 394/2003.

La actitud del gobierno de Macri no es una novedad para nosotros: crear un ministerio que se llama de la «Modernidad» revela la distancia que tiene este gobierno con las verdaderas necesidades del pueblo, que sabe que lo moderno es lo nuevo, no necesariamente lo bueno. Y bueno sería que el presidente respete los derechos constitucionales de los trabajadores.

Lo que nosotros hicimos fue ampliación de derechos. Este gobierno lo que hace es desbaratar derechos. El resultado es que se convertirá en un revival de lo que fueron las peores épocas sufridas por el pueblo argentino.

Finalmente, digamos que no es cierto que los convenios, como dice Macri, son del siglo XX. Los 2000 convenios se firmaron en el siglo XXI. En cambio sus propuestas son del siglo XIX. «