Las asociaciones de defensa del consumidor salieron masivamente a respaldar el Decreto de Necesidad y Urgencia 690 del gobierno nacional que declaró servicio público los servicios de telefonía móvil, Internet y TV paga, y congeló sus precios hasta fin de año. Ayer, las 25 ONG que actúan en la órbita del Enacom -el Ente Nacional de Comunicaciones, que supervisa todas esas actividades- emitieron una declaración en la que respaldaron la decisión del gobierno.

Las ONG destacaron que el pedido de que se declare como servicio público a esas prestaciones era “largamente reclamado por las entidades de consumidores”.

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Además, refirieron que las subas de precios de este año superaron largamente a la inflación: ya en abril pasado, “las empresas de telefonía fija, móvil, Internet y televisión realizaron un aumento que alcanzó hasta un 35%”, indicaron. Y celebraron que el DNU deje “sin efecto los aumentos que se iban a aplicar a partir del 1 de setiembre y que alcanzaban hasta un 20%” adicional.

“Esta decisión del Gobierno nacional es una medida anhelada desde hace más de una década por las Asociaciones de Usuarios y Consumidores, que hoy finalmente, se transforma en realidad”, agregó el texto, que concluyó con un “total apoyo a la medida” y una convocatoria “a todos los usuarios TIC de nuestro país a manifestar su apoyo a lo que constituye una medida trascendental para garantizar el Derecho Humano a las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, para el desarrollo de una sociedad más igualitaria, garantizando el acceso de todas las personas a dichos servicios”.

Uno de los firmantes de la declaración, Osvaldo Bassano, de Adduc, le dijo a Tiempo que el decreto 690 “es un beneficio para todos los consumidores que estábamos esperando. Es una medida contra los abusos que las empresas de Internet, de telefonía y de cable, y más contra las monopólicas, que vienen acechando a los consumidores”.

Alcances

El decreto toca los intereses de un sector muy concentrado. Si bien hay muchos provedores de internet y de TV por cable, la mayoría de la facturación está concentrada en muy pocas manos, concretamente en el Grupo Clarín (a través de Cablevisión Holding) y, en menor medida, en la española Movistar y la mexicana Claro. De conjunto, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) no escapan a las generales de la economía.

Martín Becerra, docente e investigador de la Universidad de Quilmes, le dijo a Tiempo: “El DNU repone la noción de ‘servicio público en competencia’ a las TIC que había votado el Congreso en la Ley de Telecomunicaciones y TIC, y que Mauricio Macri derogó con un DNU. Además, suspende aumentos (el último fue en marzo) hasta diciembre por la pandemia y establece que la telefonía móvil, ahora catalogada como servicio público, tendrá planes básicos universales, lo que es razonable dada su imperiosa necesidad para acceder a servicios de salud, educación o al trabajo mismo”.

La decisión del gobierno nacional abrió un fuerte debate político (ver aparte). En relación a los dichos de la oposición de Juntos por el Cambio, Becerra observó: “Creo que la narrativa de que esta medida inhibirá inversiones, o que supone estatización, es tan alarmista como falsa: la telefonía básica es servicio púbico y es privada desde 1990; y las TIC fueron definidas como ‘servicio público en competencia’ en el mismo período en que el sector registró el mayor impulso inversor por la licitación 4G y su despliegue de los años recientes”.

“La declaración como servicio público de estas prestaciones cambia radicalmente las reglas de juego del negocio”, le dijo a Tiempo ayer una fuente de una de las empresas prestadoras. Es que a partir de la fecha de entrada en vigor del decreto -ayer mismo- las empresas de Internet, cable y telefonía están obligadas a dar un servicio en continuidad, es decir, que deben satisfacer la necesidad de la población en la oportunidad en que esta se presente. En un momento de pandemia como el actual, la necesidad de los servicios de comunicación se ha hecho masiva, es decir, se ha ampliado la base de personas que objetivamente requieren de las prestaciones de la telefonía, de Internet y del cable para sobrellevar la pandemia. Eso implica que las empresas deberán efectuar las inversiones necesarias para cubrir esas demandas.

Si bien la declaración de servicio público no implica un servicio subsidiado, el Estado tendrá la facultad de mirar la estructura de costos de las empresas a la hora de discutir las tarifas. Se trata de una verdadera Caja de Pandora.

La oposición salió a criticar la injerencia estatal

El DNU despertó críticas de varios dirigentes de la oposición. Patricia Bullrich, la presidenta del PRO, dijo que “no se trata de una política pública errónea, sino de una visión que tiene la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, respaldada en el modelo venezolano”. Otro cambiemita que se manifestó en contra de la medida fue Federico Pinedo: “Los precios de celular se pueden controlar por la emergencia que les votamos, pero no necesitan declarar internet como servicio público de titularidad estatal, es una barbaridad”, dijo, y agregó en su cuenta de Twitter: “La estatización de servicios de comunicación viola tratados internacionales y condenaría a la Argentina a no poder salir de la crisis. En Derecho, ‘servicio público’ significa servicios de titularidad estatal. Es un grave error de concepto pretender que eso puede ser el acceso a internet y las tecnologías de la comunicación, que se prestan privadamente y en competencia”.

Desde el oficialismo, por el contrario, sólo hubo elogios al decreto. Para Agustín Rossi, “es una decisión importantísima del gobierno, sobre todo en un momento en que toda la comunicación virtual es imprescindible en el marco de la pandemia”. El ministro de Defensa sostuvo que “son servicios esenciales y deben estar al alcance de la mayor cantidad de argentinos, sobre todo de los más vulnerables. Y es función del Estado regular las actividades importantes para el conjunto de la población, como pasa en todo el mundo”. Rossi recordó que “no es la primera actividad económica que está regulada; de hecho, la producción de hidrocarburos está regulada, y el precio no está liberado al mercado”.

Las claves

-El sector de la telefonía, Internet y el cable convergió hace tiempo en empresas que ofrecen todos los servicios. Cablevisión domina el cable con la firma homónima, Internet con Fibertel y comparte el liderazgo en telefonía móvil con sus competidoras Movistar y Claro.

-35 mil millones de pesos facturaron las empresas de cable en el primer trimestre de este año, según datos del Enacom.

-27.633 millones de pesos facturaron las empresas que proveen el servicio de Internet en el primer trimestre de 2020, según los datos del Enacom.

-38.110 millones de pesos fue la facturación de las firmas de telefonía móvil en el último trimestre de 2019, según el Enacom. Se trata de un nivel que creció vertiginosamente en los últimos años, por encima de la inflación.