Las estadísticas laborales vienen mostrando una evolución positiva durante los últimos meses, luego de haberse deteriorado sustancialmente durante las dos pandemias (la macrista y la del Covid). Sin dudas, las políticas públicas ocuparon un lugar central en todo este tiempo y es vital seguir avanzando con distintas herramientas. Hace falta consolidar lo conseguido, resolviendo a su vez problemáticas estructurales, como son la elevada pobreza y la informalidad laboral.

En ese aspecto, luego de la reciente reunión que mantuvieron el presidente de la Nación, Alberto Fernández, junto al Ministro de Economía, el Presidente de la Cámara de Diputados, y los Secretarios Generales de la CGT, se oficializó una suba del piso del Impuesto a las Ganancias, que pasa de $ 225.000 a $ 280.792, a partir de junio y que los Sueldos Anuales Complementarios con remuneraciones menores al nuevo piso no quedará alcanzado por el impuesto. De este modo, con respecto a 2019, 1,2 millones de trabajadoras y trabajadores dejan de pagar el tributo.

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El ministro Martín Guzmán expresó: “Nuestro Gobierno es un Gobierno que lleva adelante políticas para defender los intereses de las trabajadoras y los trabajadores” y agregó que “hoy se está verificando un crecimiento de la producción, del empleo, y una mejora del poder adquisitivo del salario”. Por su parte, Sergio Massa, en referencia a la repercusión mediática previa que tuvo el desarrollo de las conversaciones, comentó:“A los que hablaron de presión, extorsión, les digo que esto no se trata de si gana uno u otro. Acá ganaron los trabajadores. Debatir soluciones no es pelear, sino marcar un camino para encontrar la mejor respuesta a los problemas de los argentinos”.

Respecto a los datos de la economía, la tasa de desocupación se redujo al 7% en el cuarto trimestre de 2021: si bien registró el menor valor en seis meses, aún resta camino por transitar. Además, en ese período, el 24% del total de trabajadores/as no se encontraban registrados/as, un guarismo que mejoró en 2 puntos porcentuales en relación al de 2019.

El Gobierno Nacional acaba de lanzar el programa “Fomentar Empleo”. Una iniciativa que apunta a ofrecer herramientas para que accedan a un trabajo registrado personas “con dificultades para ingresar al empleo formal en el desarrollo de su proyecto ocupacional, a través del acceso a prestaciones que les permitan mejorar sus competencias laborales e insertarse en empleos de calidad”. Entre los beneficiarios/as se encuentran aquellas personas con discapacidad, jóvenes sin secundario completo y/o con menores a cargo, adultos sin estudios superiores, quienes se encuentran inscriptos en el Programa Progresar, personas de género diverso, etc. En todos los casos, se requiere que no hayan tenido un trabajo registrado en los últimos tres meses. Recibirán actividades de orientación y servicios de formación laboral. En algunos casos, los beneficiarios/as y empleadores/as obtendrán una asignación monetaria.

Por su parte, el martes pasado, en la Cámara Baja, las comisiones de Industria y de Presupuesto y Hacienda emitieron dictamen de mayoría para avanzar con el proyecto de reforma de la Ley de Compre Argentino. El mismo busca promover una mayor participación de la producción nacional en las compras que realiza el Estado y estimular procesos de innovación y de generación de agregado de valor en sectores estratégicos.

Entre los aspectos centrales, la iniciativa, proveniente del Poder Ejecutivo, contempla la opción de elegir como proveedora a una empresa nacional, aunque exceda en cierto tope a las propuestas que realicen compañías extranjeras. Para el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) nacionales se establece un 20% de margen, en tanto que para las demás llegaría al 15%. No es trivial tampoco, la preferencia adicional en el precio del 3% contenido en el proyecto para empresas que tengan mujeres en su conducción, que cumplan pautas de desarrollo ambiental sostenible y requisitos regionales.

Los argumentos de la oposición para desmerecer el proyecto se enfocaron en que teóricamente “podemos terminar pagando mucho más de lo que son los precios de mercado”. Una reproducción lisa y llana del manual de libre competencia, y una mirada muy limitada, pues no se tienen en cuenta los beneficios indirectos.

Cuando se privilegia el Compre Argentino se está optando por el trabajo argentino, que a su vez genera consumo interno e incrementa los ingresos fiscales. Además, dado que servirá para sustituir importaciones, ayudará a lograr una mayor disponibilidad de divisas para aplicar a otros fines. Hay beneficios que el “mercado” no alcanza a ponderar y es deber del Estado hacerlo. Las leyes deben tener por objetivo proteger a los más débiles, porque los poderosos ganan siempre con los mecanismos de la libre oferta y demanda.

En su momento, por ejemplo, fue el fallido ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), que imponía fuertes restricciones para que en sus compras, los estados pudieran priorizar a los bienes y servicios producidos localmente. Neoliberalismo de pura cepa que la oposición continúa sosteniendo.

El alcalde de la CABA, Horacio Rodríguez Larreta, señaló días atrás que es necesario “replantear” –a saber, flexibilizar— la legislación laboral, el sistema jubilatorio, y que YPF debería funcionar como empresa privada, entre otras tantas propuestas. Un avance de las políticas que aplicarían en caso de ser gobierno. No se puede hacer oídos sordos a este tipo de declaraciones.

Beneficiarse del sufrimiento

La ONG Oxfam publicó recientemente un informe sobre los últimos datos de desigualdad en la distribución de la riqueza mundial. Esta vez, en un contexto especial dado que se reflejan las consecuencias de la pandemia sanitaria que exacerbaron una situación de inequidad ya existente.

“La pandemia, que para la mayor parte de la humanidad ha estado marcada por el sufrimiento y ha supuesto una enorme ruptura en sus vidas, ha resultado ser uno de los mejores momentos de la historia para los milmillonarios” señala la introducción del documento. Uno de los datos más contundentes que se desprende de este informe es que “la riqueza total de los milmillonarios equivale ahora al 13,9 % del producto interior bruto (PIB) mundial, un importante aumento respecto al año 2000 cuando suponía el 4,4 %”. Una flagrante muestra de lo que genera la preocupante e injusta distribución de la riqueza cuando queda principalmente en manos del mercado. Es por ello que Oxfam plantea que “los Gobiernos (…) deben elevar sin demora la tributación sobre la riqueza, el capital y los beneficios de grandes empresas, e invertir este dinero en la protección de la población con mayores necesidades y en la reducción de las desigualdades y el sufrimiento”.

Lamentablemente seguimos siendo testigos de la fuerte reticencia y poder de lobby de los más poderosos a la hora de resignar una ínfima parte de sus abultadas ganancias. Según declaraciones de Mathias Cormann, Secretario General de la OCDE en el mencionado Foro de Davos, la aplicación del impuesto mínimo del 15% para las multinacionales se retrasará hasta el 2024. En 2021, varios países y jurisdicciones de la OCDE (incluyendo Argentina que no obstante la calificó de insuficiente y propuso una alícuota más alta) aprobaron esta iniciativa, que se trasladó al G-20, que también la respaldó. Queda claro que no es una tarea fácil, pero el hecho de que se haya planteado en estos ámbitos de poder global ya es un gran avance. «