En estos días, y a juzgar por las declaraciones de precandidatos/as y ex funcionarios/as de la gestión de Juntos por el Cambio, quedó bien en claro que la principal fuerza opositora sólo trata de impedir que el actual gobierno avance con las políticas que se necesitan para salir de las dos pandemias. Para ello —como han reconocido los referentes de JxC— necesitan aumentar su número de representantes en el Congreso. Es la misma lógica de construcción de mayorías que busca el oficialismo, pero el objetivo final es completamente opuesto.

El presidente Alberto Fernández lo dijo con todas las letras en Tecnópolis: “la oposición sacó un comunicado diciendo que no tienen ninguna posibilidad de dialogar con el gobierno, porque hay dos modelos de país en pugna. Es la primera vez que estoy de acuerdo con ellos (…). Hay un país, que representamos nosotros, que cree en un Estado presente e igualador, que cree profundamente en la democracia y en las instituciones de la República; y hay otro país (de los) que no creen en la justicia social, hay otro país que cree que cada uno debe salvarse solo (…) que generó el endeudamiento que vivimos y la obligación de pagarlo en el tiempo que propusieron”.

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No caben dudas: estamos en presencia de dos proyectos antagónicos, donde el tema no pasa tanto por los “qué” sino por los “cómo”.

Estas tensiones no son exclusivas de nuestro país. En Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprobó finalmente el plan de U$S 3,5 billones para reforzar la agenda social. La votación fue reñida: los 220 congresistas demócratas votaron a favor y los 212 republicanos en contra. En el Senado, la diferencia había sido aún más apretada, de apenas un voto. En cuanto a los “qué” votados se incluyen reformas para impulsar la lucha contra el cambio climático y la pobreza, expandir la seguridad social para la tercera edad (Medicare) e invertir en educación, entre otras. Las objeciones de los republicanos estuvieron principalmente del lado de los “cómo”, ya que los fondos se obtendrían a partir de una subida de impuestos a los más ricos y a las grandes empresas.

Volviendo a la Argentina, en los escasos tres meses de “normalidad” prepandemia que transcurrieron desde que asumió el actual gobierno, se sancionó una primera “Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública”. La iniciativa dejaba bien expuesta la situación en la que se encontraba el país como consecuencia de las políticas aplicadas durante los cuatro años anteriores. Allí se declararon ni más ni menos que nueve situaciones de emergencia: previsional, económica, tarifaria, sanitaria, social, financiera, fiscal, administrativa y energética.

En materia sanitaria, por ejemplo, se habían eliminado vacunas del calendario obligatorio y se había desmantelado el programa Remediar que proveía medicamentos y atención médica a los beneficiarios de asignaciones sociales y jubilados/as. La desaparición del Ministerio de Salud y su reducción a rango de Secretaría da cuenta de las prioridades y del proyecto de Nación que encarnaban. Esto fue reconocido hace unos meses por Adolfo Rubinstein, responsable del área de Salud durante el gobierno de Cambiemos, quien señaló sin titubear que “la salud pública no fue una prioridad del gobierno anterior”.

Estamos frente a una oposición que intenta hacernos creer que no gobernó entre 2015 y 2019. La semana pasada hice alusión a las mentiras de Macri sobre la deuda y en los últimos días surgieron algunas voces defendiendo el accionar fiscal de su gobierno. Según detalla el “Memorándum” que la administración macrista envió a la SEC (organismo estadounidense encargado de regular el mercado de valores) al emitir el conocido “Bono a 100 años”, el déficit primario en 2015 era del 1,8% del PIB, mientras que el financiero era del 3,9%.

Es cierto que el déficit primario se había reducido al 0,5% al finalizar la anterior gestión en 2019, pero fue a costa de un fuerte ajuste en áreas particularmente sensibles (salud, educación, etc). La gran posverdad pasa por el hecho de que omiten mencionar que el que importa es el déficit financiero o total, que surge de agregarle al déficit primario los intereses de la deuda. El mismo había alcanzado en 2019 el 4,5%, más que el 3,9% de 2015 que figura en aquel Memorándum. Fue la consecuencia del fortísimo endeudamiento y los altos intereses que generó la administración de Macri en tan solo cuatro años de gobierno.

En este marco, los datos de la economía real brindados por el Ministerio de Desarrollo Productivo indican, por ejemplo, que entre diciembre de 2017 y diciembre de 2019 la actividad económica cayó 7% (9% en términos per cápita), que se destruyeron 271 mil empleos asalariados formales en el sector privado (el 4,5% del total), y que cerraron 23 mil empresas (en su mayoría pymes). El salario real de los trabajadores formales cayó 18%, la pobreza se elevó del 25,7% en el segundo semestre de 2017 al 35,5% en el mismo período de 2019 (4,5 millones de argentinas y argentinos cayeron por debajo de la línea de pobreza).

En cambio, en los primeros seis meses de este año, la industria está operando un 4,6% por encima del mismo período de 2019. Como consecuencia de ello, en el primer trimestre de 2021 hubo un incremento interanual de 126 mil puestos de trabajo en ese sector y comparando contra 2019 fueron 140 mil puestos más.

Quien fuera el último presidente del BCRA durante la gestión de Macri, Guido Sandleris, afirmó en tono de crítica que “Alberto Fernández tuvo el año pasado un déficit fiscal de 6 puntos del PBI y este año le apunta a un 4%”. Con este argumento se oculta que el paquete de asistencia estatal durante 2020 para hacerle frente a la pandemia alcanzó los $ 1,85 billones, equivalente al 6,75% del PBI. Erogaciones más que justificadas, dada la situación extrema que implicó hacer frente al Covid-19. Además, todos los países debieron incurrir en grandes déficits en ese entonces, y aún más los desarrollados, que tienen otros márgenes de acción.

Nadie pretende transmitir la idea de que tener déficit fiscal es una situación ideal. Pero dadas las excepcionales circunstancias vividas con la pandemia sanitaria, sumadas a los fuertes desequilibrios económicos y de endeudamiento previos a ésta, lo lógico es que las cuentas fiscales se vayan equilibrando gradualmente y no a partir del ajuste del gasto. Con el actual modelo, ocurrirá a medida que se recupere la economía y mejore la recaudación. Lejos de toda ortodoxia económica.

Respecto de lo que hubieran hecho, el ex presidente Macri acaba de decir que cuando se desataron los contagios le habría dicho a la sociedad: “señores, que cada uno tenga conciencia de lo que está pasando y vamos viendo si equipamos el sistema de salud”. También afirmó que estamos en un país en donde “para ganar plata hay que evadir impuestos”. Un ex presidente que jamás dejó de pensar con la lógica del “sálvese quien pueda”.

El modelo que defienden se basa en el Estado canchero y deja afuera a las grandes mayorías. Pero además de injusto e inviable, atrasa. Basta ver lo que está ocurriendo en un mundo donde las principales potencias y los organismos internacionales han tenido que aceptar que se necesitan reformas tributarias que tiendan a una mayor progresividad y a reducir la evasión.

Por su parte, el gobierno nacional nunca se alejó del compromiso asumido desde un comienzo y este proyecto requiere continuidad, no volver atrás. Para ello es necesario construir las mayorías parlamentarias que se precisarán en los dos próximos años.