La causa por lavado de dinero por la que se encuentra detenido el empresario Lázaro Báez derivó esta semana en una serie de allanamientos transmitidos en vivo y en directo por los canales de televisión, que obligaron al juez Sebastián Casanello a advertir que «en los procesos judiciales hay que respetar reglas y encontrar pruebas. Si no hay pruebas no se puede avanzar».
Desde el miércoles, el fiscal Guillermo Marijuán se apostó en Santa Cruz para encabezar allanamientos en propiedades de Báez. Y el jueves se sumaron operativos en una propiedad ubicada en Uruguay y el departamento del hijo del empresario, Martín Báez. 
El jueves, Lázaro Báez, su contador Daniel Pérez Gadín y los demás procesados sin prisión preventiva por lavado de activos apelaron ante la Cámara Federal porteña el procesamiento dictado por Casanello.
Las apelaciones quedaron a estudio de la sala II del Tribunal de Apelaciones, que tendrá que resolver si confirma o no lo resuelto por el juez.
Además, la semana próxima comenzará la ronda de citaciones a indagatoria dispuesta por Casanello: el 3 de mayo será el turno del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, en tanto que Báez fue convocado el 5 de mayo a ampliar su indagatoria y su hijo Martín, quien esta libre, un día más tarde, el 6 de mayo.
que es el escalafón más bajo, por ejemplo el auxiliar que atiende en la mesa de entrada, cobra un salario de 8200 pesos cuando en la Ciudad el mismo cargo se paga entre 15 y 16 mil pesos. Es casi un 100% más. En la provincia tenemos sueldos de hambre”, se queja Roberto Cristofano, secretario gremial de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) de Lomas de Zamora. 
“La conflictividad social de nuestra provincia –continúa– es mucho mayor al resto del país. La Justicia se sostiene por la voluntad de los trabajadores, con una infraestructura deficiente e incluso nula y con escasos recursos materiales y por sobre todo, humanos”.
Cristofano se refiere a los cientos de trabajadores que en forma gratuita atienden las mesas de entradas de los juzgados, cumplen horarios y asumen responsabilidades bajo el título de “pasantías no rentadas” pero que no es otra cosa que trabajo precarizado dentro del Poder Judicial.
“El tema de los pasantes es un fraude laboral terrible. El pasante no solo cumple horario, sino que a veces se queda más tiempo, y hace lo mismo que un empleado pero no cobra. Depende de la buena voluntad de los compañeros, que juntan plata para que por lo menos cubra algunos gastos. En la departamental de Lomas hay pasantes que están trabajando hace tres años cuando la ley dice que no pueden superar el año sin ser contratados”, revela Marcela Dal Santo, trabajadora judicial y delegada congresal.
El salario de los judiciales bonaerenses ocupa el puesto 19 en comparación con el resto de las provincias y llega a ser un 50 % menos con respecto a Córdoba, Santa Fe o Ciudad de Buenos Aires.
“Ser la provincia con mayor conflictividad provoca que tengamos los peores sueldos del país. Si el gobierno sigue con esta postura irresponsable de no atender nuestro reclamo las medidas de fuerza se van a profundizar. La tendencia es llegar a la paralización total y la única culpable va ser la señora Vidal”, pronostica Cristofano.
El miércoles, en tanto, hubo una reunión entre representantes del Colegio de Magistrados y funcionarios de la gobernadora. “Desde el Ejecutivo ofrecieron un 28%, pero se rechazó y nos pidieron tiempo para analizar las propuestas. Tiraron la pelota para más adelante”, explicó una fuente que participó de la reunión.
 “Por primera vez –dice el defensor Federico Navascues– todos los judiciales de la provincia estamos unidos y eso porque tanto el gremio como los jueces y hasta la Suprema Corte provincial se dieron cuenta que los salarios y las condiciones de trabajo no están a la altura de las demandas.”