Cualquiera que recorra pueblos del interior por donde antes de las privatizaciones de los noventa pasaba el ferrocarril, podrá tener una angustiosa sensación: la de estar recorriendo un «pueblo fantasma». El sentimiento no debe ser archivado, en especial, a la luz de las declaraciones de Macri, disparadas a raíz del reclamo gremial de los trabajadores y trabajadoras de Aerolíneas Argentinas (AA).  

El presidente lanzó en la semana: «No es justo que el 95% de las personas que no usan aviones tengan que pagar para que Aerolíneas funcione». La frase se contradice con las promesas de Cambiemos, cuando era oposición a nivel nacional. En el festejo del triunfo de Horacio Rodríguez Larreta el 19 de julio de 2015, Mauricio Macri, ya en plena campaña, sostuvo: «YPF y Aerolíneas Argentinas seguirán en manos del Estado, pero bien administradas».

¿Será que en estos tres años no ha podido administrar bien la aerolínea de bandera? Parecería que la frase de esta semana evidencia más fielmente su pensamiento sobre Aerolíneas: una gran oportunidad para comenzar a sembrar en la sociedad la idea de privatizarla y, si no se logra, flexibilizar el trabajo de sus empleados para que no desentonen con los ya flexibilizados trabajadores de las «low cost».

En su avanzada el gobierno no se encuentra solo. En un pasaje del acuerdo con el FMI, el staff del organismo afirma (octubre de 2018): «El Gobierno Nacional enfrenta pasivos contingentes derivados de la necesidad de recapitalizar el banco central, de las empresas del Estado que producen pérdidas y de un sistema previsional desfinanciado». Según el Fondo, estos son algunos de los riesgos de corto plazo «más significativos con respecto a la sostenibilidad de la deuda». Este enfoque es totalmente ideológico e interesado. El principal riesgo de la deuda es la enorme cantidad de pasivos que tomó el gobierno de Macri desde su inicio, la gran mayoría en dólares y una importante proporción a corto plazo. Comparados con estas magnitudes, los déficits eventuales de las empresas públicas son poco significativos.

La firma del acuerdo con el FMI ha dado rienda libre para que se expresen todas las pulsiones privatizadoras y ajustadoras que posee este gobierno, que intenta convencer a la sociedad de que el paquete de ajustes y reforma del Estado es imprescindible. Es parte de la batalla cultural que lleva adelante el oficialismo, con la ayuda de los medios monopólicos, recurriendo a argumentos de falso sentido común que es necesario desarticular.

Así, la idea de que hay un 95% de la población que financia los viajes de un 5% es absolutamente engañosa.

¿Por qué esta reflexión no se le ocurrió al gobierno con todos los gastos y gestiones que se realizaron para adaptar el aeropuerto de El Palomar a las líneas «low cost», no casualmente, competidoras de AA?

Es que, cuando lo creen conveniente a sus objetivos, no dudan en validar la socialización de las pérdidas en las que incurren las empresas privadas ¿O acaso no recayó en el conjunto de la ciudadanía el reconocimiento a los productores de gas, por la diferencia cambiaria que soportaron este año? Se trata de una estatización de pérdidas, cuando en realidad el riesgo originalmente debía ser asumido por los operadores privados.

El concepto del «95%» también es engañoso desde el punto de vista de la Hacienda Pública: el Estado tiene entre sus funciones la de intervenir con sus distintas herramientas para redistribuir los ingresos generados por la sociedad, acorde a ciertas prioridades. En este caso, podría ser ampliar la conectividad con zonas que no serían cubiertas por prestadores privados.

De la misma forma que lo hace con AA, la lógica que introduce el gobierno también le puede servir para bombardear la existencia de un sistema de jubilación solidario y avanzar hacia uno de capitalización, donde cada uno cobre según lo que aporta, un modelo que ya fracasó en Argentina, y que también sigue fallando de manera contundente en Chile.

En verdad, al situar la discusión en un plano más micro, el gobierno consigue hacer caso omiso de los efectos macro de sus políticas, y de esta forma da vía libre para la avanzada con las reformas.

Por ejemplo, en el plano discursivo casi todos coinciden en que el sistema jubilatorio de un país debe ser sustentable. Pero, como siempre, las diferencias surgen con los «cómo». Para Cambiemos, pareciera que las únicas vías están entre la privatización, la suba de la edad jubilatoria y la baja de los haberes. ¿Pero acaso el mayor golpe a la sustentabilidad no surge de las actuales políticas, que generan caídas de la demanda interna, del empleo y de los ingresos salariales, base sobre la que luego ingresan los fondos al sistema? Además, ¿cómo podría ser sustentable un esquema solidario si el establishment sigue presionando para que se reduzcan al mínimo posible las cargas patronales, con el siempre útil argumento del «costo argentino»? 

En el caso de Aerolíneas, la responsabilidad de las políticas macroeconómicas también se ponen de manifiesto. Por un lado, por la suba del dólar de este año, que modificó el balance de la compañía. También por la menor demanda internacional.

Es sabido que la industria aeronáutica se maneja en general a través de los volúmenes de venta y que los márgenes suelen ser bajos. Que enfrenta una demanda que no es constante y que depende de los ciclos de la economía, domésticos y globales. En este contexto, son usuales las situaciones de pérdida. Por estas razones, la existencia de una aerolínea de bandera no debiera cuestionarse.

Es necesario recuperar el espíritu del servicio público, ya que se trata de una empresa clave para darle conectividad a la República. Abandonar la operatoria de las rutas aéreas representaría una pérdida patrimonial para el país, una situación que sería rápidamente aprovechada por las «low cost», que aplicando el criterio estricto de la rentabilidad consolidarían así nuevas «localidades fantasma» en Argentina.

Retomando la cuestión de las prioridades, una nota de Ámbito Financiero (9/11/18) recurre a «fuentes» de AA: «si no llegamos a cumplir esa meta (déficit de U$S 40 millones en 2019, según el Presupuesto), habrá que conseguir más recursos y la única opción que deja el Presupuesto es sacar dinero de otras áreas; serán menos escuelas o menos autopistas”.

Reflexiones de este tipo se deducen directamente del programa de déficit fiscal cero que se pactó con el FMI, y parten de la idea de que los recursos no alcanzan para todos. Sin embargo, el verdadero problema es que los ingresos de los que se dispone para el gasto primario son cada vez menores; y serán cada vez menos a medida que suba el pago de intereses de la deuda y caiga el nivel de actividad. Esto indica que los problemas de sustentabilidad de una empresa como AA, o un rubro como el de la seguridad social, no deben tratarse por separado, sin analizar los condicionamientos que impone el modelo económico.

Ante la perspectiva que se presenta, es preciso revertir el orden de prioridades, poniendo en primer lugar la construcción de una Argentina más (y no menos) solidaria. Que abandone la senda del endeudamiento y la búsqueda del «afecto» de los mercados. Sólo de esa manera dejarán de crecer los servicios de la deuda y el ajuste. La única manera de empezar a abrir un horizonte de verdadera sostenibilidad económica y social. «