Las cámaras empresariales que integran el Grupo de los Seis (G6) y la dirigencia gremial de la CGT presentaron el jueves último el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), un desprendimiento del Consejo Económico y Social que estará comandado por la Cámara de la Construcción (Camarco), beneficiaria directa de las obras, y cuenta con el aval de la industria, el comercio, la banca, la bolsa y la patronal agropecuaria.

El gobierno no participará directamente, pero el presidente del Consejo Económico y Social, Gustavo Béliz, “saludó la iniciativa y se puso a disposición”, según la versión de las empresas.

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La inversión del Estado superó los $ 518.000 millones en 2020, año de la pandemia, con 767 obras iniciadas, según el Ministerio de Obras Públicas. En el primer semestre de este año, la inversión aumentó un 107 por ciento. Solo a vivienda y urbanismo se destinaron $ 297.000 millones.

Desde el CPI aseguran que la idea es realizar un diagnóstico que clarifique la situación de la infraestructura para luego consensuar con los gremios políticas que en una instancia posterior se presentarán como alternativa a las autoridades de los gobiernos nacional, provinciales y municipales.

A priori, la forma del espacio parece replicar la estructura del Consejo Económico y Social, en el que las privadas, los gremios y el Estado debaten alternativas para alentar las inversiones y generar empleo. En ese espacio, la agenda de las compañías consiste en propuestas de reformas económicas que se plantean como instancias previas a la reactivación de los sectores económicos. Los gremios participan porque en esos espacios también se consensúan acuerdos laborales.

El presidente de la Camarco, Iván Szczech, consignó que la idea parte de la demanda que manifestaron la industria, el comercio y el campo en esa mesa tripartita. “La idea es hacer propuestas para mejorar las infraestructuras de aguas, cloacas, vivienda y también para la generación de oportunidades de créditos hipotecarios”. No solo a nivel local, “lo que se busca también es generar los instrumentos o escenarios para que la inversión privada pueda venir al país”, señaló.

El presidente de la Cámara de Comercio y Servicios (CA), Mario Grinman, expresó que en el país “adolescemos de infraestructura hace décadas. Desde ‘ramal que para, ramal que cierra’, un desastre muchas poblaciones. Rutas, gasoductos, el NEA y el NOA siguen sin tener gas natural. No solo los involucrados por la construcción nos involucramos; habla bien de la preocupación, es un tema del elevado costo argentino, se invierte 2,4% del PBI en infraestructura cuando el mundo aplica hasta seis puntos del PBI como gasto público y otro tanto el sector privado”.

El punto de partida para fundamentar los pedidos de políticas será un diagnóstico que la Camarco tiene desde hace dos años y que plasmó en el documento “Construir 2030”. No obstante, se esperan cambios en función de los intereses de cada sector de la economía: la actividad rural tiene en su agenda histórica reclamos de mejoras en los caminos rurales; la industria pedirá modificaciones en los accesos a puertos, pero también obras viales y otras relacionadas a parques industriales, proyectó Szczech.

Hay, además, un intento de que este espacio quede instalado más allá de los vaivenes de la política. Para ello, impulsarán medidas para concientizar sobre la importancia de sostener la inversión pública.

Plenario
La próxima cita importante del CPI será un plenario a realizarse el 22 de octubre. Ese día se presentarán las mesas de trabajo técnica y de institucionalización, para trabajar la identidad del CPI y aportar ideas para su instalación y permanencia en el tiempo, explicaron.


Aunque el gobierno no tiene una participación activa, Grinman aseguró que las puertas están abiertas para interactuar con las autoridades políticas. Sin embargo, insistió en que no solo se trata de sostener la obra pública sino de asegurar condiciones para que las empresas mejoren sus cuentas y mantengan la inversión privada que, según dijo, replica a la del Estado. «