No habían pasado tres horas del cierre de la reunión entre el titular del Palacio de Hacienda, Martín Guzmán, y los representantes de la UIA y de la CGT, que el sindicato UPCN liderado por Andrés Rodríguez ya había decidido reclamar la «apertura inmediata» de la paritaria de los empleados públicos nacionales.

Es que los dirigentes de la CGT no descartaban que de esa reunión saliera una resolución para incrementar los salarios en forma compulsiva a través de un bono único, tal como había hecho el gobierno apenas asumido en diciembre de 2019. La negativa de los empresarios a una medida de esa naturaleza cerró el debate que, se acordó, se canalizaría a través de las paritarias.

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El texto del acta acuerdo que difundieron profusamente señala que “la CGT solicita que se anticipe la apertura de negociación de aquellos convenios salariales que aún no han vencido o no se encuentran en la etapa de tratativas”. Por el lado de la UIA, reconocieron que “la fijación de los salarios mediante la negociación colectiva es la herramienta adecuada para lograr el incremento de las remuneraciones” por eso la organización fabril “manifiesta en este contexto excepcional la conformidad con el pedido efectuado (por la CGT)”.

El acuerdo resulta una salida elegante a la negativa de acordar una medida concreta de aumento de salarios pero es de esperar que, a partir de ese punto, se produzca una oleada de reclamos de reaperturas, aperturas y adelantamientos de las negociaciones. Es lo que ocurrió con la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) que, enseguida, emitió un comunicado reclamando el adelantamiento de las negociaciones.

En voz de su dirigente presente en la reunión, Andrés Rodríguez, «la pérdida del poder adquisitivo de los salarios es alarmante. Exigimos la apertura de las paritarias ya.»

La paritaria vigente de los empleados públicos nacionales concluye a fines del mes de mayo y la intención del sindicato es conseguir una cifra adicional para el ejercicio vigente o, en su defecto, dar comienzo al nuevo ciclo paritario en forma adelantada. Si bien durante el último año los aumentos de los empleados públicos nacionales acompañaron relativamente la evolución de los precios también es cierto que, según las estimaciones de los técnicos del INDEC que difunde la Junta Interna de ATE del organismo, la pérdida del poder adquisitivo para la categoría testigo D0 del convenio SINEP que rige en el sector, acumulaba a marzo de este año y desde diciembre de 2015 un 36,7%.

A la vez, según publicó el portal Infogremiales, fuentes oficiales dejaron trascender que el gobierno prepara un decreto con pronta publicación en Boletín Oficial que establecería el adelantamiento de todas las discusiones salariales que no se hubiera producido hasta el momento para el ejercicio 2022, mientras que, para los acuerdos ya firmados, regirán las cláusulas de revisión pautadas.