El gobierno nacional y la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) llegaron a un acuerdo por el cual los fábricantes de aceite comestible bajarían sus precios al público y el Estado se haría cargo de la diferencia a través de un mecanismo que aun no se dio a conocer.

El convenio, anunciado en la noche de este miércoles, pone de relieve varias aristas. La primera, que el gobierno nacional covalida los precios actuales de los aceites comestibles destinados al consumo interno. La segunda, que fortalece la actual estructura monopólica de la producción de esos aceites, una de las causas de los precios altos de este producto esencial.

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Precios

El precio del aceite se mantuvo a lo largo de 2020 por encima de la inflación. El Indec incluye en la publicación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), un listado de productos representativos con su valor. Entre ellos se encuentra la botella de un litro y medio de aceite de girasol. En diciembre pasado, tenía un valor de $ 132,73 para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA, que reúne a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense). En octubre, ese valor era de $ 177,75, es decir un 33,9% más caro. En ese lapso, la inflación general del AMBA fue del 29,3%.

Concentración

Una investigación del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), publicada por Tiempo a fines de septiembre pasado, mostró que casi el 91% de la facturación del rubro aceites en las grandes cadenas de supermercados radicadas en el AMBA se dividía entre tres empresas: Molinos Río de la Plata (con un 36,3% del total del ingreso por ventas con sus marcas Cocinero y Lira), Molino Cañuelas (30% con su marca homónima) y Aceitera General Dehesa (24,3%, con sus marcas Natura, Mazola, Cada Día y Copisi).

Las tres firmas forman parte de Ciara. En el caso de Molinos, por partida doble: sus principales accionistas lo son tambiñen de Molinos Agro, una escisión de 2016 que se dedica a la comercialización de granos y subproductos a granel.

Compensaciones

“El mecanismo de financiamiento” que prevé el acta firmada por los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Agricultura, Luis Basterra, y el presidente de Ciara, Gustavo Idígoras, permitiría “compensar a los productores y garantizar el abastecimiento al mercado interno”, según palabras del ministro Kulfas reflejadas en un comunicado de prensa, y evitaría por esta vía que “el precio del producto esté atado a los vaivenes externos”.

Sin embargo, según la investigación de CEPA, “un importante condicionante para la determinación de los precios en las góndolas” y “para el conjunto de la cadena de producción y comercialización” lo constituye “la existencia de empresas con posiciones dominantes en sectores de consumo esencial”. El acuerdo entre el gobierno y Ciara consolida esa estructura concentrada.

Relación privilegiada

La relación del gobierno del Frente de Todos con el sector aceitero ha sido muy buena desde la época en que Alberto Fernández era candidato y recibía a la industria que muele granos, especialmente de soja, con el plan de “combatir el hambre” bajo el brazo.

Ciara y su hermana CEC (Cámara de Exportadores de Cereales) se sumaron a la iniciativa desde un comienzo. Las exportadoras de cereales y granos son al mismo tiempo las dueñas de las fábricas de aceite. El caso de Vicentin, por las maniobras de vaciamiento y estafa que investiga la justicia, es el más conocido.

El sector, luego, fue el corazón de la creación del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), que reemplazó en los hechos a la Mesa de Enlace como voz institucional de los intereses del “campo” y relegó a segundo plano a los grandes productores de granos y a los ganaderos vinculados al mercado interno.

El CAA fue un factor determinante en la decisión oficial, anunciada el 1 de octubre, de reducir las retenciones tanto a las exportaciones de porotos de soja como a la de sus derivados en forma temporal hasta diciembre. La medida incluyó una caída mayor de las retenciones de los derivados, que les asegura de movida a los aceiteros tres puntos porcentuales de ganancia sobre el precio de la soja.

Este beneficio se suponía atado al compromiso de las cerealeras de liquidar los dólares de las exportaciones. Sin embargo, y tal como mostró Tiempo en varias notas, esto no ocurrió y, por el contrario, se agravó la falta de esos dólares. Ello sucedió mientras un golpe de mercado intentaba una devaluación brusca del peso y para ello presionaba sobre la cotización de los dólares financieros y del dólar ilegal.

Pero este comportamiento de las fábricas de aceite incluyó a otros damnificados. Durante el reciente paro de los Aceiteros y los recibidores de granos por mejoras salariales, el secretario general de la Federación Aceitera, Daniel Yofra, aseguró en reiteradas oportunidades que las empresas se negaban a otorgar aumentos porque buscaban un conflicto laboral con el cual presionar al gobierno a favor de una devaluación de la moneda. Las empresas nunca desmintieron esa afirmación.