La Junta Interna de ATE-INDEC difunde mes a mes un informe que establece la evolución del valor de lo que consideran una canasta familiar o una «canasta de consumos mínimos». La misma excede en su contenido los bienes y servicios que componen la Canasta Básica Total que mide oficialmente el organismo y establece el umbral de la pobreza situada en diciembre en los $152.515 para una familia integrada por dos adultos y dos menores.

En este caso, aseguran, se incluyen otros consumos que involucran el disfrute del ocio así como otros servicios esenciales considerados parte del salario según lo dispone la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la FAO. Se trata de la “Canasta de Consumos Mínimos” que, además, reclaman que sea incorporada a las mediciones oficiales del organismo.

Según los técnicos del INDEC, en el mes de diciembre la misma se situó en los $238.680 para una familia integrada por una pareja de 35 años con dos hijos en edad escolar. Resulta importante señalar que, la evolución del valor de esos bienes y servicios surge del relevamiento oficial que realiza el organismo pero no su elaboración que realizan los mismos técnicos que elaboran el IPC y las Canastas de indigencia y pobreza ni su difusión que corre por cuenta de su organización sindical.

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El valor de la misma para el mes de diciembre equivale a poco más de cuatro veces el monto del salario mínimo vital y móvil que llegaba a los $57.900 para el mes de noviembre que, al percibirse en diciembre, resulta el haber disponible para afrontar esos gastos.

Desde el punto de vista gremial, la Junta Interna de ATE INDEC realiza esa medición para ofrecer un parámetro para su propia negociación salarial aunque aclaran que corresponde a las necesidades de cualquier familia trabajadora del país.

En el mismo informe señalan que la pérdida del poder adquisitivo de la categoría testigo D0 del empleado público nacional agrupado en el SINEP desde diciembre de 2015 llegó hasta el 34% para diciembre de 2022. De haber equiparado la evolución de los precios, aseguran, un empleado público de esa categoría debería percibir hoy $167.443 y, sin embargo, recibe $107.939.

Para los representantes de ATE, un trabajador estatal de esa categoría, por ese motivo, perdió en los últimos siete años en forma acumulada el equivalente a $3.349.034.