Argentina afronta nuevamente un grave problema de deuda, en un marco de caída general de bonos y desplomes de bolsa similares a los del crack de 2008 o incluso a 1929. Lejos de ser el coronavirus el factor determinante, más bien hay que observar la propia lógica del sistema financiero y sus crisis inherentes.

El gobierno nacional asumió el compromiso de pagar deuda con crecimiento y sin ajuste, propuesta similar a la reestructuración de 2005. Sin embargo, el escenario cambió. A nivel internacional, enfrenta el derrumbe de precios de commodities y bonos, del comercio y de la actividad. A nivel local, se encara tras años de caída en la producción, el salario, empleo, en un estado de estanflación. Buscando renegociar, sin default declarado. Este no era ni el mundo ni el país de 2005.

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Al momento, el avance de la renegociación de la deuda posee dos grandes frentes: el FMI y los acreedores privados. La deuda intra-Estado podrá resolverse sin mayores fricciones, de hecho el pasado 5 de abril, a través del Decreto 346/2020, se reperfiló casi toda la deuda bajo legislación argentina, excepto algunos caso puntuales (Banco Central o ANSES), y todos los bonos emitidos bajo legislación en el exterior.

El FMI

Alberto Fernández, en su discurso de apertura de sesiones, expresó que el FMI reconoció la gravedad de la economía nacional y que, en esta crisis, “todas las responsabilidades son compartidas por el gobierno que precedió al nuestro, por los bonistas y por el mismo FMI”. Así, sostuvo que es preferible una solución ordenada a la crisis de deuda y que “el acuerdo al que lleguemos con los acreedores sea sostenible”. Aquí no debemos dejar pasar que el FMI vulneró su estatuto al prestar al país en un proceso de salida de capitales y haciéndolo por encima de su cuota.

En la gira internacional con que inició su año, el presidente logró el apoyo del Papa Francisco y de líderes de Israel, España, Francia, Italia y Alemania. Esto allanó el camino para que el propio FMI manifestara su decisión de acompañar a la Argentina hacia una salida sostenible. El comunicado de las autoridades del Fondo indica empatía con la situación local y acompañamiento en la reestructuración. Vale recalcar que el FMI no tiene grandes vencimientos este año.

Este organismo, junto al Banco Mundial, aconsejó suspender los pagos de la deuda de los países que conforman su lista de “miembros vulnerables”. Sin embargo, entre estos 76 países no se encuentra la Argentina. En un sentido semejante se expresó el Papa Francisco en su mensaje de Pascua, del mismo modo que se pronunciaron la CELAG y el Grupo de Puebla. Es decir, crece la percepción de necesidad de medidas de contención ante la crisis en curso. Aún así, estas declaraciones no se refieren a deuda con acreedores privados. El Fondo ya había indicado que estos tendrán que hacer una “contribución apreciable”.

Quién podrá interceder

El gobierno requirió intermediarios en la renegociación de la deuda. Desde la Secretaría de Finanzas se informó la contratación de un Asesor Financiero, Lazard; y dos Agentes Colocadores, Bank of America y HSBC, en el marco de la de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Emitida bajo Ley Extranjera. Vale mencionar aquí las dudas que se ciernen sobre la necesidad de ceder asesoría, información sensible, fondos y decisiones sobre entidades extranjeras.

Durante el conflicto con los fondos buitre, Argentina sufrió el bloqueo de fondos destinados al pago en el Bank of New York, agente colocador entonces. Esto llevó la sanción de la Ley de Pago Soberano, donde uno de los puntos fue remover a dicho agente fiduciario y reemplazarlo con la creación de Nación Fideicomiso S.A. ¿Cabe acaso esperar la salvaguarda de intereses soberanos estratégicos en dos casas bancarias transnacionales?

Respecto de Lazard, se trata del banco de inversión independiente más grande del mundo, con oficinas ejecutivas en New York, París y Londres. Fundado en 1848, opera en 43 ciudades y provee asesoría en fusiones y adquisiciones, asuntos estratégicos, reestructuraciones y estructura de capital, entre otros. En 2005 fue convocado por el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, y encabezó el proceso de asesoramiento con Matthieu Pigasse como principal ejecutivo. En los últimos años trabajó en las reestructuraciones de deuda de Irak, Ecuador, Chipre, Grecia y Ucrania. Aunque con resultados variopintos, resulta difícil encuadrar su actuación como auspiciosa.

Vale aclarar que el sistema de deuda actual involucra miles de acreedores, desde fondos comunes de inversión, bancos hasta inversores individuales, distribuidos por todo el planeta. Realizar una reestructuración posee por ello grandes dificultades operativas. Resulta apropiado preguntarse si llamar a una asamblea de acreedores no facilitaría dicha implementación, evitando ciertos intermediarios y generando mayor autonomía frente a los mismos.

Los dueños del veto

El 10 de marzo el gobierno anunció que renegociaría USD 68.843 millones con los acreedores privados. Si bien el mercado de bonos es muy dinámico, ya se ha hecho notar que algunos fondos buitre se encuentran en posesión de una parte clave del total de bonos a reestructurar. Un sector de ellos ha sido llamado “el Grupo de los Cinco”: Blackrock, Fidelity, Pimco, Templeton y Greylock, que suman cerca del 35% de los bonos que ingresarían en la reestructuración. Se menciona también la presencia fuerte de Gramercy. Esto marca un poder de veto ante cualquier propuesta, al bloquear la cláusula colectiva que exige un 75% de aceptación. Esta posición de bloqueo puede incluso incrementarse en el contexto actual de desplome de los precios, ya que estos fondos pueden comprar más bonos de acreedores menores. Respaldo no les falta.

Templeton maneja activos por unos U$S 700.000 millones (cerca de dos PBI argentinos). Pimco maneja U$S 2 billones: el triple que Templeton, casi 6 PBI de la Argentina. BlackRock maneja activos líquidos por unos U$S 7,4 billones: casi 4 veces más que Pimco. Entre los tres manejan fondos por casi 30 PBI de la Argentina. Fidelity maneja inversiones por U$S 1,5 billones, es el fondo de inversión más grande de los Estados Unidos, administra varios fondos de pensión norteamericanos (a diferencia de otros que manejan dinero de grandes inversores). Aunque todas estas cifras son estimaciones que varían según la cotización de cada momento, dan una idea de los titanes que se enfrentan al país. Más aún, estos actores cuentan con respaldos poderosos: BlackRock ha sido designado por el Tesoro estadounidense para gestionar la herramienta de salvataje en aquel mercado bursátil. Es decir, se embolsará las ganancias por usar el dinero del Estado para evitar mayor desplome del valor de los bonos.

Fidelity es, además, el principal acreedor de la provincia de Buenos Aires y cuenta con el antecedente de haber embarrado la cancha al no aceptar la oferta de reestructuración del gobernador Kicillof en febrero. Es decir, ha ejecutado recientemente su capacidad de veto. Si bien participó del canje de 2005, ahora que apostó por los bonos a 100 años de Caputo, parece tener otras expectativas de ganancias. Greylock también es un viejo conocido: su director, Humes, fue uno de los dos líderes del Comité Global de Tenedores de Bonos de la Argentina (GCAB), encargado de negociar y litigar tras el default. Pimco cuenta en su haber las trabas a la reestructuración griega que derivó en una catástrofe económica.

¿Habrá salida?

Argentina enfrenta un cronograma muy restringido, pues para mayo no podría cumplir sus obligaciones. La intención de eludir el default, cerrar el canje y presentar un plan económico apremiaba la agenda. Pero el nuevo estallido de la crisis ha modificado la situación, al punto de aplazar el road show de Guzmán (no solo por motivos de salud).

El 31 de marzo era la fecha autoimpuesta por el gobierno para presentar una oferta de canje a los bonistas extranjeros. Ese día pasó sin que el problema se resuelva. Justo por que no se llegó a una resolución definitiva del canje, el gobierno reperfiló todos los bonos bajo legislación local. Pero el problema de los acreedores externos sigue presente.

Mientras tanto, la Argentina continuó con los pagos. De hecho, ese mismo 31 de marzo se pagó deuda por cerca de U$S 250 millones de dólares. ¿Será este el último pago que realice nuestro país en medio de una crisis humanitaria? Son recursos en disputa. No solo por las 11 millones de personas que se registraron para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia, sino también todo el entramado de PyMEs, cooperativas y empresas recuperadas, que atraviesan una situación muy completa tras cuatro años de recibir golpes. En estos casos, los bancos no están colaborando, al dificultar la llegada de crédito blando.

El gobierno debe afrontar una resolución inmediata del problema de la deuda y, tal vez, la crisis humanitaria ligada al Covid-19 sea una oportunidad. El FMI necesita destrabar la situación sin salir golpeado, pues se prevé el estallido de nuevas crisis de deuda y necesita contar con capital geopolítico para impulsar sus propuestas de salida. La nueva crisis, y el giro unilateral de su tratamiento, no auspician que los intereses del FMI estén al tope de la agenda de las potencias.

Mientras tanto, el desplome de los precios de los bonos permitiría agilizar una propuesta de quita más agresiva. El rumor actual de una quita del 50% representaría una ganancia de capital ante bonos que cotizan al 30-35% de su valor nominal. Ahora bien, estos precios por el piso incentivan a los buitres a jugar su juego: comprar a bajo valor y litigar para ganar más. Luego del affaire 2001-2016, saben que aunque tarden 15 años, siempre encuentran socios para cobrar. Los buitres ya presentes tienen su posición consolidada y podrían llevar al país a una catástrofe. No se puede esperar su anuencia para una salida humanitaria de la crisis. Tal vez, como nunca, el contexto actual sirva para impulsar una reestructuración que les haga responsables.