El presidente de la asociación Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco) es uno de los tres referentes del sector que participará del Observatorio de Precios, en el que el gobierno deposita expectativas para frenar la inflación. Propone que el análisis de los precios de los alimentos y los medicamentos tengan prioridad, advierte por el atraso de las asignaciones sociales y pide que los funcionarios tengan independencia de los grupos económicos. La oportunidad de nacionalizar Edesur.

–¿Podemos aspirar a un diciembre tranquilo o nos resignamos a una inflación del 100%?

–Lamentablemente, en octubre la inflación interanual superó el 80% y sólo los alimentos aumentaron el 80%. Todo indica que en noviembre vamos a tener entre el 5,5% y 6%, no veo un aumento de los alimentos, pero tampoco un descenso. La situación de la canasta básica es preocupante y todo indica que va a continuar la tendencia porque el gobierno proyecta bajas a partir del primer trimestre de 2023. Por eso, las asociaciones de consumidores que estamos en el Observatorio de Precios planteamos que el primer objetivo debe ser analizar las cadenas de valor alimenticias.

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–¿Cuál será la tarea puntual del Observatorio para controlar los precios?

–Debe producir informes contundentes sobre el gran margen de especulación. Hay 24 productos de la canasta que aumentaron más del 100%; como el aceite, que subió 140%; el azúcar, 204%, entre otros. Es necesario que el Estado tenga herramientas contundentes. Un informe sobre la cadena del azúcar y del aceite determinaría que no hay ninguna razón para justificar esos precios. La herramienta del Observatorio puede darle lugar al Estado para tomar después medidas ejemplares. La sociedad argentina no puede soportar en diciembre índices como los que vimos y la expectativa oficial es que recién en abril baje la inflación al 3%.

–¿Preocupa, en ese marco, que se agrave la tensión social en la parte final del año?

–La decisión del gobierno es esperar hasta los primeros meses del año próximo, con la hipótesis de que el IPC bajará aproximadamente al 3%. Nosotros interpretamos que la AUH, la Tarjeta Alimentar y otros recursos que alcanzan a millones de personas son insuficientes en los comercios y se produce un doble efecto perjudicial, porque los ingresos se diluyen notablemente y se licúa la asistencia del Estado.

–El gobierno lleva años analizando la formación de precios con las empresas, pero nunca bajaron. ¿Cuál sería el aporte diferencial de este nuevo espacio?

–Las tres asociaciones propusimos que en Precios Justos participen los comercios de proximidad. Sin eso, sería insuficiente porque dejaría afuera a la mayor parte de la cadena de distribución. Precios Cuidados, en 2022, tuvo un cumplimiento del 50% y el azúcar nunca estuvo presente.

–El gobierno argumenta que es difícil llevar Precios Justos a los comercios de barrio por su dispersión y por la rentabilidad que pide ese segmento ¿Coincide?

–No. Es un arduo trabajo, sin duda, pero en acuerdo con provincias y municipios, esos comercios podrían participar. No con toda la lista, pero sí con una de 30 productos esenciales al mismo precio al que compran las grandes cadenas. El aceite de litro y medio cuesta $ 419 al público, pero el almacenero lo recibe a $ 750. Las grandes empresas pueden llegar al comercio minorista con el mismo precio a través de sus cadenas de distribución. Eso daría lugar a una rentabilidad razonable, pero depende de la voluntad política.

–¿Qué van a plantear sobre los precios de los medicamentos?

–Las asociaciones que estamos en el Registro Nacional aprobamos mandar una nota a Matías Tombolini pidiéndole que ese rubro sea uno de los primeros que se traten.  El 8 de noviembre venció el convenio que se firmó en julio con las farmacéuticas para que los aumentos queden un punto debajo del IPC. El mismo día empezaron las remarcaciones por toda la industria. El Estado tiene que estudiar la estructura de costos de los medicamentos porque son bienes esenciales.

–¿Cómo se hará para evitar que las empresas hagan valer su poder también en el Observatorio?

–En la reunión inaugural planteamos que no estamos en desacuerdo en que sean convocados todos los que intervienen en la producción, distribución y comercialización, pero marcamos que el Observatorio por ley está formado por varios ministerios y tres asociaciones de consumidores, que son los responsables. Por el sector privado no debe haber ningún participante. Nuestra voluntad es que los informes no tengan ningún tipo de influencia de sectores económicos, que esos informes sean absolutamente objetivos sobre las causas de la inflación. Esperamos que los funcionarios que estén en el observatorio tengan la misma independencia.

–Los dueños de Edesur se van del país. ¿Es oportuno nacionalizar la empresa?

–En los últimos años, algunas asociaciones planteamos la posibilidad de nacionalizar Edesur por su ineficiencia. Los propietarios siempre incumplieron sus obligaciones. Ahora lo primero que queremos decir desde Deuco es que el Estado nacional debe recuperar la conducción de una empresa tan importante. Estamos muy preocupados por las versiones de interés de otras empresas. Es necesario recuperar la capacidad estatal en el tema energético. Y, además, sería el primer paso pensando en las concesiones de distintas empresas de electricidad y distribuidoras de gas natural, que vencerán en el futuro. «