A sala llena se realizó esta mañana la segunda jornada del juicio que se les sigue a los delegados de prensa de la Editorial Perfil. Hoy fue el turno de los testigos aportados por la fiscalía. 

De este modo desfilaron gerentes y personal jerárquico de la patronal y agentes de la Prefectura Naval y la Policía Federal que, de una u otra manera, tuvieron participación en la jornada del viernes 20 de octubre de 2013 cuando los trabajadores de prensa participaron de una protesta en la planta impresora del barrio de Barracas. 

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La empresa participa del juicio en calidad de testigo denunciante toda vez que, una vez que ella misma radicara la denuncia, decidió no constituirse como querellante. Curiosamente, el juicio fue impulsado de oficio por la fiscalía hasta llegar a la instancia actual de juicio oral y público. De cualquier forma, durante los testimonios, quedó claro que la patronal de Perfil insiste en su postura de criminalizar una acción de tipo gremial. 

La acusación que pesa sobre los delegados, paradójicamente, es la de violar el artículo 161 del Código Penal que protege la libertad de prensa. Sin embargo, durante su testimonio y ante la pregunta de los abogados defensores, el director de recursos humanos Marcelo Capandeguy, reconoció no poder recordar cuál había sido el título de tapa del diario y las revistas que habrían sido víctimas de esa censura.

Cuestionado sobre el hecho de que la empresa desistiera de constituirse como querellante, Capandeguy explicó que, ante su consulta, asuntos legales lo habría desestimado. Un reconocimiento por parte de la misma empresa sobre la endeblez de la denuncia. 

La intención de los representantes de Perfil fue la de insistir en una supuesta medida que habría impedido la salida de los diarios. En esa línea, y con algunas contradicciones, se mantuvo el testimonio de Cordon, gerente de distribución.

Luego de un breve cuarto intermedio fue el turno de los representantes de las fuerzas de seguridad que no pudieron aportar elementos que apuntalaran los argumentos de la empresa. Por el contrario, en su mayoría, expresaron no recordar lo ocurrido con la excepción del entonces sub comisario de la delegación 30° que reconoció haber estado presente en el hecho pero no haber librado actuaciones de ningún tipo. Allí fue cuando la defensa preguntó qué hubiera hecho en caso de haber presenciado la comisión de un delito a lo que respondió “hubiera actuado para impedirlo”, cosa que, claro, no ocurrió. 

De este modo, según las fuerzas de seguridad presentes en el hecho, la actividad de los manifestantes no implicó delito alguno y, por lo tanto, debieran quedar por fuera del alcance de la justicia penal y enmarcarse dentro de un conflicto gremial y, por lo tanto, circunscribirse al fuero laboral.

Claudia Ferrero, una de las abogadas de los delegados explicó a Tiempo que “es claro que es un invento de la patronal. Un policía federal con más de 25 años de experiencia y que estuvo en el lugar aclaró que para él no hubo delito porque, de haber existido, el comisario hubiera actuado para hacerlo cesar y ponerlo a disposición del juez. No hubo delito, salvo que el fiscal considere que el comisario incurrió en incumplimiento de funcionario público.”, concluyó.