Pobreza y pluriempleo detrás de la rebelión contra la reforma constitucional

La rebelión popular que sacude a la provincia de Jujuy levanta una consigna: «Abajo la reforma, arriba los salarios». El reclamo, que tiene en vilo a la provincia con dos decenas de cortes de rutas, agrupa a los pueblos originarios, que ven en la nueva Constitución una herramienta para avanzar sobre sus territorios de la mano de la explotación del litio; a los trabajadores mineros, los azucareros y los docentes; y también a los sectores medios que ven en la iniciativa oficial un instrumento de avasallamiento a los derechos democráticos.

Pero, más allá de las implicancias que la reforma tiene sobre el usufructo de los recursos provinciales y el derecho a la protesta, el levantamiento popular emerge en un contexto social y económico que no escapa al del conjunto del país pero que, en varios aspectos, se agrava en esta provincia del noroeste argentino.

El debate constituyente coincidió con el inicio de un plan de lucha de los docentes de la provincia, agrupados en el CEDEMS, que aspiran a poner fin a los salarios de indigencia que perciben. De hecho, aseguran, antes de la oleada de protestas se trataba de la segunda provincia que peor remunera a sus maestros con salarios básicos de $ 34 mil que, de bolsillo, se ubicaban entre los $ 100 y $ 120 mil (ver recuadro).

Esa coincidencia temporal generó que la resistencia a la reforma canalizara, a la vez, los más diversos reclamos populares contenidos.

Según el último informe de pobreza, publicado en marzo por el Indec, durante el segundo semestre de 2022, en promedio, el 41,3% de los jujeños eran pobres (no lograban reunir ingresos suficientes para afrontar los costos de la Canasta Básica Total). Se trata de dos puntos porcentuales más que los que indica la media nacional y reflejan un salto gigantesco en relación a lo que ocurría seis meses antes, cuando la pobreza afectaba al 33,8% de la población local. El salto, de 7,5 puntos porcentuales, implica un incremento del 23,7% en la cantidad de personas pobres en la provincia. Muestra un deterioro acelerado en las condiciones de vida que sólo se vio superado por la suba registrada en las ciudades de Formosa (creció un 41%), Posadas (27,8%) y Tucumán (23,9%).

Por su parte, la indigencia (los ingresos no alcanzan para alimentarse) escaló hasta el 8,5% de la población. En sólo seis meses, la cantidad  de los jujeños que cayeron en esa situación se incrementó en un 32,8%.

Según un informe elaborado por el director del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), Claudio Lozano, para fines de 2022 la pobreza ya afectaba al 47,9% de los jujeños, es decir, unas 377 mil personas y la indigencia había escalado hasta un 9,9% afectando a 78 mil personas. Para Lozano, desde la firma del acuerdo con el FMI la pobreza creció un 42% y la indigencia un 55%.

«Con la reforma terminó explotando todo. Fue la gota que rebalsó el vaso. La consigna ‘Abajo la reforma y arriba los salarios’ demuestra que la lucha contra la reforma está atada a una lucha reivindicativa muy grande», reflexiona Sebastián Copello, docente y convencional constituyente electo por el PO-FIT, que renunció a esa banca ante la negativa del oficialismo de dar la palabra a la oposición y se sumó a la protesta callejera.

Gastón Remy, economista y docente de la Universidad Nacional de Jujuy y convencional por el PTS-FIT, destaca a Tiempo que «a septiembre del año pasado los sueldos promedio en la provincia ocupaban el puesto 20 en el país».

El informe del IPyPP detalla que «los ingresos de los hogares están, en promedio, un 30% debajo del promedio nacional».

Copello señala que «Gerardo Morales, desde que ganó en 2015, buscó montar un régimen de persecución, por un lado, y de cooptación de muchos sindicatos, por el otro. Así logró imponer paritarias a la baja durante seis años consecutivos para los estatales que son más de 100 mil. Los trabajadores municipales en su mayoría son jornalizados y cobran menos del salario mínimo, alrededor de $ 80 mil. La recuperación del CEDEMS, que convocó al paro de 24 horas, fue lo que prendió la mecha».

El exconvencional señala que «hay más de 80 mil personas inscriptas en el Renabap. Más del 10% de la población».

Remy destaca, además, que «según el Indec el 46,5% del trabajo no está registrado. Datos del Ministerio de Trabajo de la Nación dicen que el 90% de los jóvenes de entre 18 y 24 años trabajan en negro cuando la media nacional es del 60%». Pero, asegura, «el dato saliente es el fenómeno del pluriempleo. Un cuarto de los ocupados buscan otro empleo».

Efectivamente, según los informes sobre el mercado de trabajo del Indec, que se conocieron esta semana, los ocupados demandantes que a nivel nacional llegaron en el primer trimestre de este año hasta el 14,8%, escalan hasta el 27% en Jujuy, el registro más alto a nivel nacional. Es una señal clara de que los salarios no alcanzan. La subocupación demandante llega hasta el 11,6%, por lo que Jujuy está entre las tres provincias con registros más altos.

Remy cuenta que «los docentes venden comida, ropa usada, andan con cartillas de ollas, tuppers y cosmética. Los municipales tienen dos o tres changas a través de las ferias y la construcción. Los obreros azucareros de Ledesma, que están en conflicto paritario porque cobran $ 110 mil pesos, salen del laburo y tienen que hacer changas».

Copello agrega que «el problema es más profundo. Con la crisis de los ’90 y las privatizaciones, se produjo un retroceso productivo muy grande en la provincia que terminó con el proceso de la Tupac Amarú. Morales se montó en la derrota de Sala para imponer un régimen de paz social con el que logró tapar el 45% de pobreza y récord de precarización laboral. Ahora implosionó». «