El último desencuentro entre el presidente Alberto Fernández y el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, en la provincia homónima, esconde la discusión sobre el futuro de la mega obra Aprovechamiento Hídrico Multipropósito Portezuelo del Viento.
“Lamento que no esté acá con nosotros, yo creo que se equivoca”, manifestó el presidente sobre el gobernador en la inauguración de la ampliación de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales, ubicada en la localidad de El Paramillo. A su vez, Suarez alegó que “nunca nadie” lo había convocado desde Presidencia, pero igualmente “no se sentía cómodo” asistiendo ya que “tenía mucha bronca”, por la dilación atribuida a Fernández de la obra pública.
Portezuelo del Viento consiste en la construcción de una presa y una central hidroeléctrica. Según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la presa tendrá 185 metros de alto, lo que la convertirá en una de las más grandes del planeta. El proyecto también contempla el tendido de una línea eléctrica, la construcción de las rutas nacionales 145 y 226 y la relocalización de Villa Las Loicas.
Mendoza presta especial atención a esta obra millonaria porque su construcción se realizaría sobre el Río Grande, localizado en el departamento de Malargüe. Sin embargo, su avance no depende solo de esa provincia sino también de otras cuatro: Buenos Aires, La Pampa, Neuquén y Río Negro. Esto es porque el Río Grande da nacimiento al Río Colorado (en confluencia con el río Barrancas), cuyo recorrido atraviesa estas tierras que se ven directamente afectadas por lo que suceda en el río.
El organismo que regula tanto el caudal de agua correspondido para cada provincia como los proyectos de infraestructura se llama Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO) y está conformado por estas jurisdicciones más la venia del Ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro. Todas las decisiones que toma el COIRCO deben ser unánimes. Cuando no sucede, la situación pasa a estar sujeta a un laudo que debe resolver el presidente de la Nación.
La instancia de laudo arbitral fue activada dos veces: una con Mauricio Macri, quien se expresó a favor del proyecto pero con la condición de que se evalúe el impacto ambiental en toda la cuenca del Río Colorado, y otra con Alberto Fernández, que ratificó la decisión del expresidente el 29 de diciembre. Recibió el apoyo del COIRCO y el rechazo de la oposición e incluso de algunas figuras oficialistas, como la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, quien en su momento expresó: “Este laudo es una muy mala noticia. Es resultado de la falta de trabajo y gestión de Suárez, de la voluntad del presidente, de la conocida mala fe del gobierno de La Pampa y el escaso trabajo para el consenso en el COIRCO”.
La decisión del mandatario generó rispideces políticas e incluso pone en duda la continuidad de Mendoza dentro del COIRCO, confirmado por Suárez. “Han dicho eso varias veces. Mendoza no practica ni el federalismo ni el consenso”, dijo a Tiempo el Secretario de Recursos Hídricos de La Pampa, Néstor Lastiri. Para Suárez, en cambio, Alberto Fernández solo buscó “congraciarse con La Pampa, que son del mismo espacio político”. Es que el gobernador pampeano, Sergio Ziliotto, fue quien solicitó en 2020 un nuevo estudio ambiental sobre toda la cuenca y no limitado al espacio donde se emplazaría la obra. Motivado por la bancada del COIRCO, fue lo que detuvo el avance del proyecto y derivó en el segundo laudo arbitral.
Para contextualizar, el reclamo de La Pampa no solo se enmarca en medio del agravamiento de la crisis hídrica general de la cuenca del Río Colorado, sino también porque, según FARN, “esta provincia se ha visto afectada por todas las obras de infraestructura que ha realizado Mendoza, sufriendo la baja del caudal de los ríos Tunuyán, Atuel, Colorado y Salado, que desembocó en grandes sequías”.
Además, según Lastiri, “existe una tensión política” porque el financiamiento de Portezuelo del Viento por USD 1023 millones fue aprobado por Mauricio Macri, y eso lo “ataría” a Suárez.
Por su parte, Alfredo Cornejo, presidente del Interbloque de Senadores de Juntos por el Cambio, sostuvo a este medio que la provincia “ya tenía aprobado el impacto ambiental por las 4 provincias que están involucradas”. “Lo que hicieron es desarchivar un pedido de La Pampa para realizar un nuevo impacto ambiental. El perjuicio es que es una obra que generaba energía eléctrica, pagada por Mendoza sin utilizar dinero de la Nación ni de las otras provincias”, concluyó. El proceso licitatorio, que incluye a las empresas Sinohydro, IMPSA, Ceosa, Obras Andinas y la participación de la firma china CGGC como parte del consorcio a cargo de la construcción, está detenido actualmente.
“Mendoza dice que un nuevo estudio va a llevar tres años y con eso invalida poder hacer la presa. Pero no se le objeta la obra sino que no haga estudios parciales para comprobar que el río puede soportar la envergadura de la obra que se quiere realizar”, concluye Lastiri. «
La voz de los pueblos originarios
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) advierte que una gran cantidad de organizaciones, comunidades indígenas, sindicatos y asambleas de las provincias de Mendoza, Neuquén, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires se siguen manifestando en contra del proyecto. Las organizaciones aseguran ver “sus derechos esenciales vulnerados”, tras el avance sin consulta de la presa, a contramano del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo a la consulta previa, libre e informada de pueblos originarios.
Sobre el impacto negativo en el ambiente, Nahuel Cáceres, integrante de la organización, advierte: “Se observará indefectiblemente un impacto ambiental sobre la cuenca, debido a que las represas de gran porte requieren del desvío significativo de cauces de agua y su acumulación en diques, lo cual transforma el ecosistema con consecuencias negativas.”
