En la semana se llevó a cabo, en Estados Unidos, la novena Cumbre de las Américas, un evento en el que se reúnen los/as jefes/as de Estado y funcionarios/as de alto rango de los países del hemisferio. Vale la pena detenerse en algunos pasajes del discurso del Presidente de la Nación, ya que dejan en claro el firme posicionamiento sobre las problemáticas que afectan a la región desde hace décadas y que se han agravado con la pandemia y luego con la guerra en Ucrania.

Alberto Fernández, quien asistió en carácter de presidente pro tempore de la CELAC, comenzó lamentando que “no hayamos podido estar presentes todos los que debíamos”. El hecho de ser país anfitrión de la Cumbre, dijo Fernández, “no otorga la capacidad de imponer un derecho de admisión” sobre los países miembros del continente. También criticó el bloqueo que sufre Cuba desde hace seis décadas y el de Venezuela, que buscan “condicionar a gobiernos, pero en los hechos solo se lastima a los pueblos”.

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En otro pasaje de su discurso, el Presidente hizo referencia a la utilización de la OEA “como un gendarme que facilitó un golpe de Estado en Bolivia” y sostuvo que debe ser reestructurada con la remoción inmediata de quienes la conducen. En la enumeración de arbitrariedades incluyó al Banco Interamericano de Desarrollo: se han “apropiado de la conducción, que históricamente estuvo en manos latinoamericanas”, ya que el actual presidente fue impulsado por Donald Trump, al final de su mandato. Es hora de que las políticas cambien y que “los daños se reparen”, sostuvo.

El discurso refleja una posición de nuestro Presidente, y por lo tanto de nuestro país, comprometida con una integración que aborde las necesidades de los pueblos de la región. Es un enfoque contrario al que llevó adelante el gobierno de Mauricio Macri, de alineamiento incondicional hacia la gestión de Donald Trump, y que se dejó ver con claridad en el discurso de la anterior Cumbre de Lima (abril de 2018), precisamente un mes antes de que se anunciara el ruinoso empréstito con el Fondo Monetario Internacional.

Respecto del FMI, Alberto Fernández afirmó que el préstamo se “hizo con el solo propósito de impedir lo que acabó siendo el triunfo electoral de nuestra fuerza política. Por tamaña indecencia sufre hoy todo el pueblo argentino”.

A su vez, y en línea con el lema de la Cumbre, “construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo”, el Presidente no dejó de hacer referencia a la desigualdad, que lleva a la necesidad de “políticas impositivas progresivas, aun cuando las élites domésticas nos presenten como un peligro para la calidad democrática”. En particular, hizo mención a que “la renta inesperada, que la guerra entregó como un regalo a grandes corporaciones alimenticias, petroleras y armamentísticas, debe ser gravada para mejorar la distribución del ingreso”.

No deja de ser paradójico que en la región haya países que son grandes productores y exportadores de materias primas y que a pesar de ello la población sufra la consecuencia de los altos precios internacionales. En este aspecto, el presidente Fernández indicó que “la respuesta se encuentra en el orden global. El mundo central ha fijado reglas financieras evidentemente inequitativas”.

De allí que es hora de empezar a tomar medidas para que los beneficios extraordinarios no recaigan en unos pocos y perjudiquen al grueso de los/as ciudadanos/as. Hay estados europeos como Italia y el Reino Unido que ya han empezado a tomar medidas, mientras que otros las están analizando. Sin embargo, en nuestra región, donde los márgenes fiscales para dar apoyo a los hogares son incluso mucho menores, son temas que aún no han tomado la relevancia que ameritan.

En nuestro país, el Poder Ejecutivo presentó esta semana en la Cámara de Diputados el proyecto para gravar con una alícuota adicional del 15% a las rentas inesperadas de las grandes empresas, los beneficios “caídos del cielo”, producto de un acontecimiento externo. Un fenómeno, como la guerra en Ucrania, que no estaba en los planes de nadie y que está impactando negativamente en toda la población, con excepción de un reducido grupo de grandes conglomerados (la medida alcanzaría a cerca de 350 empresas), que se están aprovechando del contexto para maximizar sus rentas. Es importante que la ciudadanía esté al tanto, apoye este proyecto, y que luego los y las parlamentarios/as estén a la altura de lo que el país precisa.

Derrame que no se verifica

Dado que la teoría del derrame no ha funcionado nunca, y es algo que incluso volvió a repetir Joe Biden en la Cumbre de las Américas, hay que “forzar” para que se repartan los frutos del crecimiento. Más aún en un contexto crítico en el cual, según la OCDE, “la crisis del costo de la vida provocará penurias y riesgos de hambruna” en el mundo.

Argentina está dando cuenta de ese derrame que no se da, ya que los indicadores de la economía real continúan mejorando, pero en general los indicadores de ingreso van tratando de recuperar lo que se pierde con la inflación, gracias a las políticas del gobierno.

Según las estadísticas del INDEC, la actividad de la industria creció un 4,7% interanual en abril, continuando con el crecimiento registrado en meses anteriores. De esta forma, se encuentra en niveles similares a los de marzo de 2018. Por su parte, la actividad de la construcción mostró un crecimiento del 8,8% interanual en abril. A su vez, la cantidad de puestos de trabajo en el sector encuentra el mayor nivel de los últimos 30 meses.

En esta última semana el Banco Mundial y la OCDE corrigieron hacia arriba la expectativa de crecimiento del producto bruto de la Argentina. El Banco Mundial lo llevo a 4,5%, cuando en abril habían calculado 3,6%. La OCDE lo incrementó al 3,6%, 1,1 puntos más que la estimación de diciembre pasado. En la Argentina, en el medio de esta crisis global, está aumentando la actividad económica, la inversión, el empleo; están creciendo los ingresos impositivos, y también el gasto público, que va fundamentalmente a los sectores que están más necesitados del apoyo del Estado. Pero nada parece alcanzar.

En todo análisis hay que tener en cuenta la cuestión de la puja distributiva, históricamente presente en nuestro país. Es como una soga de la que por un extremo tira el Estado, que mediante sus herramientas de regulación brega por mantener el poder adquisitivo de la ciudadanía, y por el otro tiran los grupos económicos que no hacen más que utilizar su poder de mercado (con la ayuda del aparato mediático) para apropiarse de una parte cada vez más grande de “la torta”. Los supermercados son el último eslabón, pero no hay que perder de vista lo que sucede en toda la cadena productiva. De allí que es necesario un estudio de los márgenes de ganancia en cada una de las etapas por las que atraviesa un bien o servicio, lo cual no sólo tiene que ver con el combate a la inflación, sino también con la protección de los productores, que son los que reciben (especialmente en el rubro alimentos) una pequeña porción del precio que paga el consumidor final.

Las políticas públicas aplicadas por el gobierno comienzan a mostrar resultados positivos, dejando atrás los duros efectos de la herencia recibida y la pandemia sanitaria. Claro que aún queda mucho por hacer, especialmente en materia de reducción de la inflación y su impacto en la regresividad sobre la distribución del ingreso. Es allí donde el Estado debe lidiar con los grandes poderes económicos concentrados, que se resisten a resignar sus privilegios y perjudican a la mayor parte de la ciudadanía.