El gobierno descongelará las tarifas de luz y gas a partir de marzo de 2021, dijo el secretario de Energía, Darío Martínez, quien adelantó que habrá “una tarifa de transición” para amortiguar los aumentos en los sectores más vulnerables. Para las organizaciones de defensa del consumidor, se trata de un anuncio preocupante.

Son varias las razones. Silvana Szmukler, de la Red Nacional de Multisectoriales y de la Asociación Civil por la Difusión y Promoción de Derechos e Inclusión Energética, subrayó: “Nos preocupa el descongelamiento porque los servicios públicos son derechos humanos” y apuntó a “la segmentación tarifaria que plantea el secretario de Energía, ya que es una línea compleja de transitar”. Hay que tomar en cuenta que el descongelamiento se hará cuando la economía seguirá golpeada por los efectos de la pandemia de coronavirus.

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Szmukler plantea que “mayor consumo no significa mayor poder económico”, en referencia a los barrios populares del Conurbano bonaerense en los que la falta de gas de redes se suple con electricidad. Por esto, la segmentación “debería plantearse caso por caso”, indica.

Ante la finalización del congelamiento tarifario, considera que lo importante “es estar cerca de la gente y llevar nuestra voz a los lugares donde podamos tener incidencia”.

Para Adrián Ganino, director de Comercio y Defensa al Consumidor de la Municipalidad de San Martín, el proceso de descongelamiento debe estar enfocado desde dos ángulos. “El primero es incluir una tarifa de transición que contemple los aumentos desproporcionados del tarifazo del macrismo y la situación actual de los usuarios endeudados durante ese período, no pudiéndose aplicar aumentos por encima de la inflación proyectada en el Presupuesto Nacional”. El segundo aspecto es “rediscutir a través de audiencias públicas el nuevo cuadro tarifario, a aplicarse en los servicios públicos domiciliarios, para lo cual es fundamental contar con información precisa de las inversiones efectuadas por las empresas y los costos de producción y de distribución”, así como también sobre la “capacidad de pago de los usuarios, a los fines de que los subsidios también sean aplicados en un sentido de solidaridad y equidad”.

Ganino opina que durante 2020 “el gobierno nacional tomó decisiones fuertes y de protección a los usuarios en materia tarifaria, diferenciándose claramente del gobierno de Macri y cuidando el bolsillo de los consumidores”. En ese sentido, consideró que “ese es el camino que se debe continuar, con un Estado presente, que acompañe al consumidor y a los usuarios”.

Fernanda Lacey y Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores, consideran una tarea difícil “revertir todo el tarifazo macrista de cuatro años”. Al igual que Ganino y Szmukler, elogian el congelamiento y la intervención de los entes reguladores, además de las denuncias penales contra el exministro Juan Aranguren y la anulación del traspaso a los usuarios de los efectos de la devaluación.

“Todo esto no se soluciona solo con un par de acciones. La desmercantilización de los servicios públicos energéticos es un proceso largo; transitar ese camino desde una mercancía a un derecho humano básico”, destacaron Lacey y Boada, al tiempo que plantearon “una serie de acciones que se deberá tomar”:

Los especialistas aseguran que se debe pensar en la condonación de las deudas de aquellas personas que acumularon facturas impagas y que sus condiciones socio-económicas no les permita pagarlas.

También, establecer una moratoria amplia de deudas para aquellas personas que no las pueden pagar totalmente sin planes de pagos adecuados. Esos planes deberían ser a tasa cero.

Respecto de los tarifazos macristas, Lacey y Boada sostienen que se debe realizar una profunda revisión a fin de que se conozcan los fundamentos de los aumentos y proceder a su anulación en caso de corresponder.

En relación con la producción de gas, se pronuncian en favor de la revisión del precio del gas mayorista, conocido como en boca de pozo, y su desdolarización.

Proponen también tarifas segmentadas según tipo de cliente (residencial, industria, exportación, etc.). Con todo, las actuales tarifas deberían ser revisadas, dicen: “Debemos saber si las tarifas actuales están justificadas social y económicamente, recién desde allí saber qué hacer”.

La encrucijada del precio del gas

El gobierno acordó con las petroleras un precio de incentivo a la producción del gas: U$S 3,70 por millón de BTU (una medida comercial). Ese precio es actualmente de unos U$S 2,50 MBTU. El salto es del 48 por ciento.

El especialista Andrés Repar entiende que ese salto se trasladará a las tarifas que pagan los usuarios. “Es un aumento muy importante, que tendrá un impacto del 30% en la tarifa final. En paralelo, estará también el incremento en el Valor Agregado de Distribución”, que es lo que cobran las distribuidoras. Así, estimó que el aumento para los usuarios será del 40 por ciento.

La pregunta a responder es qué hacer ante ese posible aumento. Para Repar, “las asociaciones de defensa al consumidor deberán juntarse para pedir por una estructura tarifaria más compensada por 2021, porque presentará una situación difícil en lo económico”.

Además, “este cálculo es con el dólar oficial a 80 pesos y sabemos que ese dólar puede sufrir modificaciones, que a su vez impactarían también en las tarifas porque, lamentablemente, el Plan Gas aprobó el valor en dólares”. «

AYSA

El Directorio del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) renovó la tarifa social para usuarios del servicio de agua potable y cloacas de AySA en forma automática por un año, a partir de este fin de semana, sin que los beneficiarios deban realizar trámites de ninguna naturaleza.