Gianluca Godoy tiene 22 años. Dante Lautaro Campos tiene 24. Uriel García, 20. Son tres pibes que buscaron adecuar los cuerpos al género, bajo el paraguas de una ley sancionada hace 9 años y reglamentada hace 6, que incluyó en el Programa Médico Obligatorio (PMO) todos los tratamientos requeridos para tal fin.

Sin embargo, se toparon con obras sociales y prepagas que reniegan de la Ley de Identidad de Género. Fueron denigrados y acorralados con exigencias de pagos exorbitantes, por fuera de toda ley y reglamentación. No son los únicos. Son solo tres casos testigo cuya exposición pretende alertar sobre una práctica expulsiva, ilegal, ilegítima, inmoral y discriminatoria.

Gianluca quiso afiliarse a un plan del hospital Italiano. “Inicié los trámites para afiliarme. Declaré el tratamiento en la DDJJ y me dijeron que me iban a cobrar un recargo por ser trans. Sabía que no correspondía, pero pensé que me iban a cobrar una diferencia razonable. Cuando me llegó el mail y vi que me pedían 200 mil pesos por mes no lo podía creer”, relató el joven a este medio.

En 2019, Gianluca había tenido ya una experiencia negativa cuando estuvo afiliado Hominis, la prepaga del hospital Güemes. “Al momento de solicitar el tratamiento de remplazo hormonal y la masculinización de tórax, comenzaron los problemas. La operación estaba autorizada por mí médico y tenía fecha, pero en el medio me dieron de baja la afiliación”, contó Gianluca a este medio.

Luego de idas y vueltas que incluyeron a la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia de Salud y hasta el INADI, llegó la resolución que obligaba a la prepaga a reafiliarlo. No lo cumplieron. “Hablé con la gente de legales y me dijeron que no me iban a reafiliar porque no hacen caridad. Hace un mes, desde el Ministerio de Salud salió la resolución en la que me habilitan para hacer un juicio a Hominis”, contó.

“Tenés que buscar cuál te denigra menos o te discrimina menos. Es muy triste y te da bronca que siga pasando esto”, concluyó Gianluca.

A Lautaro Campos no le quisieron cobrar $ 200 mil por mes, pero sí una suma igual de injustificable: $ 38 mil por mes. En el caso de Lautaro, se vio también comprometido en su estado de salud. “Tengo algunas complicaciones por una infección en la mama. No puedo dejar el tratamiento de hormonas porque caso contrario vuelve la infección”, contó Lautaro, quien llegó a OSDE por medio de su trabajo, ya que la empresa paga un diferencial, a partir de un convenio. “Cuando hago el pase a OSDE, declaré que hacía un tratamiento hormonal y me dijeron que legales iba a definir cuánto me tenían que cobrar. Eso ya era raro. Dos meses después, me anunciaron que me iban a cobrar $ 38 mil, sumado a mi aporte y a lo que paga la empresa. Recurro a la Superintendencia de Salud, que dice que me tienen que afiliar, pero no lo hacen”.

Lautaro recurrió a la Federación Argentina LGBT, que tiene un departamento de legales con asesoría gratuita, e iniciaron la demanda. Aún hoy, se encuentra sin cobertura.

Gentileza revista Cítrica – Victoria Cuomo

OSDE, la más apuntada

No todas las prepagas actúan de la misma forma. Si bien los reclamos recaen sobre la mayoría, algunas se apegan más a la ley que otras. Entre las más denunciadas por estas cuestiones, se encuentra OSDE. En marzo último, un tribunal tucumano condenó a OSDE a pagar $ 280 mil por una “inaceptable discriminación” y “desaprensión” por los derechos y padecimientos del denunciante, al cual le negaban el tratamiento de adecuación de género.

Desde OSDE, aseguraron a Tiempo que “todas las prestaciones del PMO y las superadoras del PMO se aplican a todas las personas por igual”. Ante la consulta específica sobre la adecuación de género, afirmaron: “Ni para eso ni para ninguna otra prestación se pagan copagos distintos a los estipulados”.

Fuentes del sector privado de salud apuntaron: “Lo que puede hacer que se revalúe el valor de la cuota es cuando en una declaración jurada no figure algún tratamiento o plan de tratamiento iniciado en otro servicio de salud. Por eso, es conveniente referirse a ‘situaciones de preexistencia’ como refiere el Decreto que reglamentó la Ley de Medicina Prepaga y no ‘patologías preexistentes’ porque eso genera confusión”.

Fernando Coppolillo, director médico de Medifé, no se detuvo en tecnicismos: “Nosotros damos cobertura, sin preexistencias ni sobrecuotas. Se da el 100% del tratamiento y de las intervenciones quirúrgicas”.

“Es cierto que son cirugías costosas y no tienen ningún tipo de recupero o de reaseguro, pero no es un gran problema económico para la prestadora porque la cantidad de personas que las requieren es muy baja”, afirmó Coppolillo.

Uriel García comenzó la transición en 2020. Hizo las primeras consultas en agosto y todo marchaba relativamente bien, hasta que consultó por una mastectomía. “Tenía fecha para fines de octubre. Llamo para ver si me la habían aprobado y me dijeron que me dieron de baja porque yo había hecho un fraude de mis datos, ya que no coincidían con la operación que me iban a hacer”, resumió Uriel.

Después de una serie de trámites y Cartas Documento, fue realifiado. “En diciembre, pagaba $ 11 mil. En enero, llegaron $ 30 mil. Hoy, se ubica en $ 42 mil. Fui a la Superintendencia de Salud y estoy esperando la respuesta. A la fecha, sigo teniendo OSDE, pero no me pueden atender los médicos que me atendían hasta que no pague todo eso que no corresponde. Tomaron que ser una persona trans es una preexistencia”.

Para Uriel, “se ven más discriminadas las mujeres trans, que tienen que pasar entre uno y tres años para llegar a la operación”.

El apoyo de la Federación Argentina LGBT

“Obras sociales y prepagas no discriminan porque se resistieron a Ley de VIH, a la Ley de Obesidad, a la Ley de Reproducción Asistida y también a la Ley de Identidad de Género”, ironizó Flavia Massenzio, presidenta de la Federación Argentina LGBT y coordinadora de la Defensoría LGBT de la Ciudad de Buenos Aires.

La Defensoría LGBT es un programa de cooperación que se creó entre la FALGBT y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, en 2014. Es un espacio especializado en diversidad sexual, que trabaja en la contención y asesoramiento de la comunidad LGBT. Por estos días, la experiencia se replica en distintos lugares del país.

“Lo que hacemos es brindar también asistencia legal e iniciar acciones judiciales. Hay más de 10 mil trámites iniciados en relación con incumplimientos de legislaciones relativas a la diversidad. Recibimos unas 200 consultas por mes”, contó Massenzio.

Sobre el incumplimiento en los tratamientos de adecuación de género, Massenzio explicó: “A veces, piden que las personas hagan el cambio registral o piden algunos exámenes médicos o psicológicos que están prohibidos por la legislación argentina; por ejemplo, piden examen médico por disforia de género y eso está absolutamente prohibido, tanto por la Ley de Identidad de Género como por la Ley de Salud Mental”.

La especialista contó también en muchas oportunidades las prestadoras exigen que las personas declaren bajo Declaración Jurada si son o no trans. “No es una enfermedad preexistente. No se puede patologizar a la identidad de género. La DDJJ te pregunta si estás en tratamiento y eso sí hay que manifestarlo, pero nada más. Y en cualquier caso, no tienen por qué aumentarte la cuota porque el tratamiento y las operaciones están incluidos en el PMO”, aseguró.