El gobierno de Mauricio Macri confirmó que el proyecto de Emergencia Social no está en su menú legislativo, y dio los primeros pasos para intentar frenar su tratamiento en Diputados. La impresionante movilización realizada frente al Congreso el viernes complica la estrategia oficialista porque el tema se instaló en la agenda mediática y el bloque del Movimiento Evita (ME), principal impulsor de la iniciativa, presionará junto al resto de la oposición para imponerla en el recinto y sancionar la ley. Por estas horas el oficialismo hace cuentas, negocia y presiona para evitar el costo político del veto presidencial.

Una vez que el miércoles de la semana pasada el proyecto se aprobó en el Senado, el macrismo recurrió a la vieja práctica de demorar el envío del expediente hacia Diputados para aprovechar el límite reglamentario del 20 de noviembre, día en que vence el plazo para emitir dictamen de proyectos de ley antes de la finalización del período de sesiones ordinarias, que concluye el último día de este mes. Si se ajustan a lo que marca el reglamento, la media sanción del Senado debería esperar hasta el año próximo para que sea tratada por los diputados.

Sin embargo, los impulsores del proyecto intentarán ingresar la iniciativa en la sesión ordinaria del próximo miércoles. Se necesita el respaldo de los dos tercios de los presentes. Uno de los más importantes dirigentes del PRO en la Cámara Baja aseguró que harán valer su tercio y algo más para frenar el debate. Es verdad que ese pronóstico circuló en el PRO antes de que el Ministro del Interior, Rogelio Frigerio, afirmara en una entrevista radial que el oficialismo “no impedirá un debate que tenga como objetivo la reducción de la pobreza y la creación de puestos de trabajo”. Sin embargo, habrá que esperar para ver cuán largo (o corto) es el trecho entre el dicho y el hecho.

Mientras tanto las conversaciones entre los bloques de la oposición no se detienen. En el Frente para la Victoria (FpV) ya confirmaron el respaldo al proyecto tal como vino del Senado. El kirchnerismo considera necesarias algunas correcciones, pero privilegiará la sanción antes que la discusión de posibles cambios. “La solución de fondo es cambiar la política económica, pero vamos a acompañar el proyecto”, aseguró el presidente del bloque del FPV, Héctor Recalde.

En ese sentido, se está repitiendo lo que ocurrió con la ley antidespidos: los diputados dejaron de lado el proyecto que impulsaban para respaldar el de sus primos del Senado. El objetivo fue contar rápidamente con la herramienta legislativa.

Entre los diputados del Evita hay un optimismo moderado. Junto con los movimientos sociales que organizaron la marcha del viernes se reunieron los diputados massistas Graciela Camaño, Felipe Solá y Facundo Moyano. En ese encuentro, los legisladores se comprometieron a respaldar la iniciativa. De todas formas, en el bloque que conduce Sergio Massa se escuchan voces que sostienen que el proyecto necesita incorporar “la propuesta de un fondo anticíclico social que busque la transformación de planes sociales en planes de empleo real”.

La UCR, ya sin contacto con sus banderas históricas, no quiere que el proyecto se debata. Critica el costo fiscal y acusa al kirchnerismo de ser el impulsor de la iniciativa que el presidente del bloque radical, Mario Negri, caracterizó de “cínica” porque “juega con las necesidades de la gente”.

Leonardo Grosso, jefe del Evita en Diputados, sabe de la maniobra del oficialismo. “Nosotros tenemos la mayoría política”, afirma. Y advierte que si el miércoles el PRO rechaza el tratamiento en la sesión ordinaria pedirán para el jueves una especial con la intención de hacer valer esa mayoría política y sancionar la norma. Si así no ocurriese, el gobierno enfrentará diciembre y las fiestas con las calles pobladas por las organizaciones sociales, sindicales y políticas. «