Los fabricantes locales de productos informáticos y representantes del la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) reclaman en el Congreso Nacional que el gobierno dé marcha atrás con la baja de los aranceles a las importaciones de computadoras que según lo que anunció días atrás el ministro de Producción, Francisco Cabrera, comenzará a regir en marzo de 2017.

El gobierno defendió la medida que, calculó, terminará con unos mil puestos de trabajo. Las empresas y el sindicato alertaron que los puestos en peligro ascienden a unos 5 mil directos sumados a otros 7 mil indirectos.

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Un grupo de diputados recibe desde las 11 en el Parlamento a representantes de los dos sectores que tras la reunión ofrecerán una conferencia de prensa.

En la previa, un dirigente sindical informó que la posición es “rechazar cualquier reconversión que signifique despidos” así como también “la baja del arancel a cero, porque Brasil tiene 35% y la única forma de sostener ese marco sería con el objetivo de destruir la industria y el empleo”.

La baja del arancel afecta directamente a las empresas establecidas en el continente nucleadas en la cámara Cadieel y no a las industrias situadas en Tierra del Fuego, que sostienen el régimen especial tradicional.

En las últimas horas, el titular de la cámara, Jorge Cavanna, lamentó que “la baja del arancel nos perjudica. El problema es que podría haber sido con mucho menos costo social y con una articulación con las empresas como para que pueda reducirse el impacto en el empleo”.

El efecto, según el empresario, puede ser inmediato porque en estas condiciones “nadie va a comprar hasta marzo una computadora”.