En el sector empresario se aguardaban más medidas, en parte por la expectativa que había creado el propio gobierno, que dejó trascender que habría créditos subsidiados, mejoras en costos logísticos y hasta reducción de retenciones. El efecto de la exención de contribuciones patronales es relativo en un sector en el que la mayoría de los asalariados no está registrada.
La medida fue saludada tibiamente por los empresarios presentes. Los gobernadores y políticos de las provincias involucradas fueron más enfáticos en su respaldo.
Desde la tarde del miércoles los trascendidos con origen en el Gobierno nacional indicaban que el gobierno tomaría fuertes medidas de respaldo a las pymes. Se hablaba de préstamos a tasas subsidiadas, de ayuda en materia de logística, de reducciones impositivas que incluían a las provincias y hasta de un retroceso de las retenciones a las exportaciones de productos con origen en las llamadas economías regionales. La cartera de Agroindustria, que dirige el empresario ruralista Miguel Etchevehere, hizo trascender que desde hacía ocho meses que estaban trabajando en “un paquete de medidas”.
Pero nada de eso sucedió y la expectativa generada no puso ser satisfecha con esta única medida.
Según las estimaciones oficiales, unas 24 mil empresas radicadas en todo el país, menos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se beneficiarán con esta reducción de sus costos laborales.
Hasta ahora funcionaba un sistema por el cual subía en forma paulatina el umbral del salario a partir del cual la empresa realiza los aportes patronales. Esto era válido para las firmas de todo el país y desde enero, ese piso estaba en $ 7003,68. La decisión del gobierno ubica a las empresas agropecuarias y agroindustriales en el mismo lugar que las de los sectores del calzado, el textil y el cuero, que recibieron el año pasado ese mismo adelantamiento.
El sendero de subas de ese umbral culminaba en 2022. A partir de 2023 la contribución patronal queda fijada en el 19 por ciento. Macri aseguró que las empresas tenían que «esperar mucho. Lo que estamos haciendo ahora es adelantar ese beneficio para que trabajadores y empresas no tengan que esperar más tiempo».
El presidente hizo el anuncio ante un auditorio que contó con la presencia de los gobernadores de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Chaco, Domingo Peppo; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; y de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. También estuvieron presentes ministros del gabinete nacional y representantes de las cámaras empresariales Sociedad Rural, Copal, Coninagro, Federación Agraria Argentina y CAME.
«Estamos acá para compartir una noticia que es realmente alentadora, especialmente para las economías regionales, que son corazón de muchas ciudades y pueblos» del interior del país, dijo el jefe de Estado antes de hacer el anuncio, en el Salón Blanco.
Apuntó que «casi la mitad de las empresas vinculadas a las economías regionales son pymes y tienen menos de 50 trabajadores».
Según explicó el ministro de Producción, Dante Sica, la medida tendrá un costo fiscal anual de 3 mil millones de pesos.
Pero tras escuchar el anuncio del presidente, los referentes del sector privado mostraron prudencia a la hora de calificar la medida. Por caso, Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina, subrayó una «materia pendiente” es la eliminación de las retenciones a las exportaciones. Daniel Funes de Rioja, dirigente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), observó: «El sobrecosto de las cargas sociales es muy alto. Esta medida tiene que estimular la actividad productiva después del sacudón que vivimos el año pasado. Están en el camino correcto. Necesitamos trabajar sobre las retenciones».
Gerardo Díaz Beltrán, presidente de la Came, calificó al anuncio como una «medida acertada que va a mejorar la actividad y sostener el empleo». Y agregó: «Estamos en una instancia donde todo lo que se anuncia es insuficiente, pero valoramos este paso».
La relativización de la decisión gubernamental, o la mención de otras necesidades del sector tiene que ver con el mercado laboral agrario. Hay que tener en cuenta que la actividad rural concentra, en términos proporcionales, la mayor cantidad de trabajadores sin registrar. Según datos oficiales del INDEC, al segundo trimestre (último dato conocido) había en el campo medio millón de asalariados en negro mientras que los registrados sumaban 333 mil.
Además, muchos salarios están por debajo del umbral a partir del cual la empresa agraria pagará la contribución patronal. Según el portal web Bichos de Campo, “en el Boletín Oficial se publicaron en las últimas horas algunos acuerdos logrados en el marco de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA). A modo de ejemplo, un peón rural dedicado a la tarea del lavado de verduras en Santiago del Estero cobrará hasta noviembre próximo un salario de 16.635,25 pesos. Y un tractorista del mismo rubro tendrá un mínimo de 17.414,93 pesos. Esos son los niveles salariales del sector en la mayor parte de las actividades”.
Desde el sector político hubo más entusiasmo con la medida. Por caso, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, dijo: «Trabajamos mucho desde la provincia aportando con nuestras acciones para poder tener una estructura de costos que nos permita ser competitivos». El mandatario entrerriano afirmó que las medidas anunciadas «mejoran la competitividad de nuestras economías regionales», principalmente las que generan «mucha mano de obra intensiva, como la actividad citrícola, o la de arándanos».
La diputada de la UCR Claudia Najul escribió: «Disminuir las cargas patronales favorece la formalidad, promueve la actividad y aliviana la carga al emprendedor. El anuncio del Presidente toma el pedido de múltiples sectores relacionados con nuestras economías regionales y de nuestro gobernador Alfredo Cornejo».
La medida afecta los ingresos del sistema de la Seguridad Social en momentos en que el mismo se encuentra tensionado por las constantes decisiones del gobierno que le quitan sustentabilidad. Desde sectores políticos opositores se asegura que la administración Cambiemos busca desequilibrar a la Seguridad Social a fin de tener argumentos para privatizarla.
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