El Fondo Monetario Internacional realizó una investigación interna para dilucidar si había actuado bien al quitarle el apoyo a la Argentina en 2001, hecho que precipitó la caída del gobierno de Fernando de la Rúa. Para ello dio participación a la por entonces flamante Oficina de Evaluación Independiente, creada ese mismo año para examinar los procedimientos internos del organismo y mejorar su eficacia. El informe, si bien cuestionó la decisión, también responsabilizó al gobierno de la Alianza de adoptar “políticas deficientes o inconsistentes” en materia económica y no aceptar alternativas.

El informe es de interés a partir del fallecimiento del ex presidente De la Rúa, acontecido este martes, y por los formidables parecidos del cuadro que afrontaba el país en 2001 con el presente. En ese sentido, el firme respaldo del FMI a la gestión de Mauricio Macri, a la que ya le ha girado U$S 39 mil millones y le aceptó prácticas por fuera del manual habitual de la entidad, parece guiado por las consecuencias de aquella historia ocurrida hace dos décadas.

En el comienzo del milenio el país presentaba un panorama muy parecido al actual. La deuda pública era de U$S 144 mil millones, que representaba el 53% del PBI (valores que son la mitad de los actuales). El megacanje de bonos había pateado para adelante algunos vencimientos a cambio de convalidar intereses mucho más altos. La fuga de capitales superaba los U$S 7.000 millones por año y la carga de intereses llegaba al 20% del gasto público. Ante las dificultades externas, y para mantener la paridad 1 a 1 entre el peso y el dólar que la Alianza se había comprometido a mantener, el Fondo y otros países y organismos internacionales se juntaron para otorgar un préstamo de U$S 40 mil millones. El promocionado blindaje se consumió entre el déficit fiscal y la desaparición del crédito externo ante los temores de una cesación de pagos (el riesgo país superaba los 1.000 puntos).

Desesperado, el gobierno buscó cortar de raíz el déficit. El ajuste en las cuentas públicas que practicó Ricardo López Murphy fracasó. De la Rúa entregó la suma del poder económico al reaparecido Domingo Cavallo, quien junto con Patricia Bullrich, por entonces ministra de Trabajo, recortó en un 13% los salarios estatales y las jubilaciones. Eso deprimió aún más el consumo. Ante el incumplimiento de las metas prometidas, en diciembre el FMI suspendió la asistencia financiera. A la falta de crédito se sumó el corralito creado para detener la corrida bancaria, lo que derivó en la revuelta popular, la sangrienta represión y la caída de De la Rúa.

Tres años después, en junio de 2004, la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) dio su veredicto. El informe, de 184 páginas, que requirió un año de elaboración y más de 200 entrevistas, da cuenta de los intensos debates en el seno del directorio ante la propuesta del staff técnico de no prestar más dinero. “La decisión de no concluir la revisión estaba bien fundada. Sin embargo, cabe preguntarse si el retiro del apoyo del FMI pudo haberse manejado mejor con el fin de contener el impacto final de la crisis. Frente a una creciente inestabilidad social y política, el FMI no formuló un enfoque alternativo”, criticó la OEI, sin desconocer que otras opciones, como por ejemplo una salida más ordenada de la convertibilidad, hubieran sido costosas en términos económicos y sociales, tal como luego se comprobó.

El dictamen también señala que el Fondo falló en sobredimensionar el rendimiento fiscal, en lugar del volumen de deuda, y que se menospreció el impacto que causó la reforma previsional (la creación de las AFJP) en las arcas públicas. Sin embargo, culpó a las autoridades locales, encabezadas por De la Rúa y Cavallo, por no variar el rumbo. “La experiencia de Argentina ilustra los problemas que se plantean cuando el país adopta y hace suyas políticas deficientes o inconsistentes. Durante la vigencia de la convertibilidad, todas las decisiones clave de política económica se adoptaron a iniciativa de las autoridades argentinas. En retrospectiva, hubiese sido mejor presionar para que el cambio se realizara mucho antes, en la década de los ‘90”.

A la distancia, el documento explica el sostén del FMI hacia el actual gobierno, dos décadas después de aquella crisis. Las autoridades locales aceptaron un recorte en el gasto cercano a los U$S 10.000 millones y redujeron los salarios reales del sector estatal y de los jubilados. Con esa victoria lograda (lo fiscal sigue importando), el Fondo flexibilizó su doctrina cambiaria y avaló el uso de reservas del Banco Central para contener un dólar que ya subió lo suficiente. Tampoco lo desvela la inflación que no cede ni el volumen de la deuda. A las dos partes les preocupa que episodios como los que terminaron con la caída de De la Rúa no se repitan.