El bolsillo de los trabajadores argentinos volverá a sufrir un duro golpe en febrero, cuando entren en vigencia los nuevos valores del transporte público de pasajeros, incluyendo los colectivos de pasajeros y el servicio de trenes suburbano del Área Metropolitana.

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, los anunciará esta semana; una vez más, en medio de la polémica porque, con el malestar general como telón de fondo, se prepara una reacción que, entre otras cosas, impugnará el nuevo tarifazo en la Justicia.

Así lo adelantó la entidad Consumidores Libres. Pero la crítica se extiende a entes como la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y gremios como la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que cuestionaron en diálogo con este medio la intención del gobierno de ordenar los aumentos sin pasar por la audiencia pública de rigor.

El titular de Consumidores Libres, Héctor Polino, adelantó a Tiempo que «si no hay audiencia pública vamos a cuestionar el aumento judicialmente», aunque remarcó que la impugnación deberá esperar hasta febrero, una vez finalizada la feria judicial del primer mes del año.

Luego, en un comunicado, la entidad agregó que: «En un Estado de derecho, hay que respetar las normas jurídicas vigentes, que obligan al Poder Ejecutivo Nacional a someter a la discusión pública los nuevos cuadros tarifarios».
La Defensoría del Pueblo porteña coincidió con la necesidad de que una medida tan cara al interés popular atraviese la instancia de la audiencia pública, sin embargo descartó hacer un pedido formal para que las autoridades revean el tema.
Voceros explicaron que «institucionalmente no nos podemos adelantar al aumento», si bien subrayaron que «tiene que haber una audiencia unificada de Transporte, colectivos, trenes y subtes, ya que vas a aumentar a los vecinos que están afectados por todo tipo de aumentos», señaló la fuente. 

El gremio de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) coincidió con la Defensoría. Su secretario de Comunicaciones, Mario Calegari, declaró que «sin audiencia pública el aumento no puede salir porque así lo establece la ley y, si el gobierno tira un aumento por decreto, no estará haciendo bien las cosas». El gremialista, no obstante, descartó reclamos formales del sindicato, porque, argumentó, «es un tema entre los empresarios y el gobierno».

El aumento

Aunque distintos medios difundieron en la semana supuestos porcentajes y cronogramas del aumento, al cierre de esta nota los datos reales seguían bajo siete llaves. 

El diario Clarín publicó que el gobierno se prepara para lanzar un aumento gradual con pequeños porcentajes mensuales durante todo 2018. La versión decía que el boleto mínimo del colectivo aumentaría 50 centavos por mes hasta alcanzar los 12 pesos en diciembre de 2018; un aumento del 100 por ciento. En el caso de los trenes, el boleto que hoy cuesta $ 4 subiría hasta los $ 10 en diciembre de 2018, lo que se traduciría en un salto del 150 por ciento.

Pero en el entorno del ministro Dietrich rechazaron esa versión puntual al señalar que «lo de aumentar un poco cada vez es imposible de implementar porque a nivel sistema no se soportaría» dado que «habría que resetear 20 mil máquinas validadoras todos los meses», explicaron las fuentes antes de resaltar que, concretamente, «todavía no hay novedades porque se están terminando de definir los montos».

Pero la fuente de Transporte también descartó los porcentajes que publicó el diario porteño: «Tampoco está definido eso. Estuvieron dando vueltas muchos números, pero no hay nada oficial. Apenas se definan se van a comunicar».
Con todo, existe un consenso entre especialistas de que el primer incremento de la tarifa sería de al menos el 25% a aplicar desde febrero. Sí está confirmado, en tanto, que Transporte implementará un boleto con descuento para los usuarios que toman varios medios de transporte por día, un recurso a la manera del que propuso la Defensoría porteña.

Negociaciones

El argumento del gobierno para aumentar el boleto del transporte es la «necesidad» de bajar el déficit fiscal un punto del PBI el año que viene. Previsiblemente, el vehículo será el recorte de los subsidios que reciben las firmas del sector, que salieron a cuestionar la iniciativa oficial que, acusaron, se redactó en la cartera que dirige Dietrich sin participación de las empresas.

Daniel Millaci, presidente de CEAP, la cámara más representativa, dijo: «No sé cuál será el ahorro que proyecta el gobierno porque no tenemos información oficial».

En AAETA, la otra cámara representativa del sector interurbano, el vocero Marcelo Gonzálvez, reconoció que «hay malestar porque las cuentas deberían hacerse con la información de las empresas».

El referente cuestionó al gobierno. «No aclara cuánto cuesta el sistema de transporte, cómo se remunera y quién paga», advirtió, si bien admitió que, desde 2015 «se venía anunciando que cada vez iban a pagar más los usuarios y menos el Estado para achicar el déficit fiscal». «

Ya rigen los nuevos valores de las autopistas porteñas

Desde ayer rigen las nuevas tarifas de los peajes de las autopistas porteñas. 

En la autopista Illia, los vehículos livianos de dos ejes siguen pagando $ 25 en hora pico y subió de $ 15 a $ 17 en hora no pico. En la 25 de Mayo, la tarifa para autos pasó de $ 50 a $ 55 en hora pico, y de $ 35 a $ 40 en hora no pico. 

Las subas van del 10% al 14%, bastante menos que el tarifazo aplicado en febrero de este año, de más del 50%, por Autopistas Urbanas SA, que depende del Gobierno de la Ciudad. Ese aumento fue suspendido por la jueza Elena Liberatori, titular del Juzgado 4 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, en agosto pasado por pedido de los legisladores opositores Andrea Conde y José Cruz Campagnoli. Liberatori planteó que el aumento debería estar en torno del 25 por ciento. 

El viernes último, la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones de la Ciudad, autorizó el aumento.