Representantes de instituciones que trabajan con personas con discapacidad y usuarios de esas entidades reclamaron este martes frente al ministerio de Salud de la Nación por mayor presupuesto para el sector y la regularización de pagos atrasados de PAMI y obras sociales.

La manifestación; que reunió más de un centenar de personas, entre usuarios, trabajadores y directivos de distintas instituciones prestadoras de servicios y transportistas para personas con discapacidad; comenzó cerca de las 11 en la plazoleta ubicada frente a la cartera de Salud, en el centro porteño.

Sumate y apoyá el periodismo autogestivo

ASOCIATE

“En el mes de junio el convenio de sanidad marca nuevo sueldos para los empleados y también el Ministerio fija nuevos aranceles para las prestaciones de instituciones que brindan servicios para personas con discapacidad”, explicó a Télam Carlos Muñoz, presidente de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas Especiales Argentinas (AIEPEsA).

“Recién en octubre vimos reflejado ese aumento en el arancel y fue del 18 por ciento mientras que los sueldos de los trabajadores se incrementó más del 24, eso sumado a los aumentos en el costo de vida, los servicios y en caso de los transportistas la nafta y los repuestos nos hace muy difícil seguir adelante con el servicio a las mas de 100 mil personas con discapacidad que se encuentran en el sistema», advirtió Muñoz, uno de los voceros del reclamo.

Asimismo, aseguró que el PAMI y las obras sociales nacionales tienen “un atraso en el pago de más de cinco meses” y que esto “agrava aún más la problemática de estas entidades”.

Silvia Zavala, directora del Centro Psicoasistencial Espacios, al que concurren 70 personas calificó la situación como “dramática” y aseguró que “estamos agobiados no damos más no queremos bajar la calidad del servicio a nuestros concurrentes”.

“No estamos acostumbrados a movilizarnos, sino a trabajar, queremos trabajar, pero que nos paguen valores dignos y en tiempo de esta forma no podemos hacer frente ni siquiera a los sueldos ni honorarios de nuestros profesionales”, explicó.

Según la directora de la institución del barrio porteño de Caballito que funciona como centro de día para adultos mayores y como centro educativo para personas con discapacidad de entre 6 y 24 años, muchas de estas entidades alquilan el lugar donde funcionan y no pueden afrontar estos aumentos si no se incrementa el monto de las prestaciones que el estado otorga a las instituciones.