En la recta final de la reestructuración de la deuda pública bajo legislación extranjera, los grupos más importantes en que se nuclearon los acreedores privados internacionales ya adelantaron que aceptarán el canje propuesto. Por eso la tarea se concentra ahora en lograr la adhesión de los inversores minoristas. El objetivo del gobierno es alcanzar los niveles que disparen las cláusulas de acción colectiva (CAC) previstas en las condiciones de emisión de cada bono y así evitar que algunos tenedores queden fuera (holdouts) y puedan litigar judicialmente en el futuro.

Por estas horas, esa tarea corre por cuenta del Bank of America y el HSBC, contratados por el gobierno argentino como agentes colocadores de los nuevos títulos. Su misión es localizar a esos pequeños ahorristas a través de otras entidades financieras y agentes de inversión, para acercarles la propuesta definitiva y tratar de que cumplan el trámite ante la SEC estadounidense antes del viernes, cuando expira el plazo para ejercer la opción.

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A diferencia de las anteriores fechas límite, que fueron corridas una y otra vez para facilitar un acuerdo, en esta ocasión los ánimos aparecen mucho más relajados luego del visto bueno dado por los bonistas de mayor peso. De hecho, los últimos retoques a la oferta fueron elaborados de común acuerdo por los abogados de ambos lados. Según dijeron en el Ministerio de Economía, «el trabajo efectuado permitió alcanzar consensos en torno a ajustes al marco contractual modelo adoptado por la comunidad internacional destinado a facilitar la formación de las voluntades». Pasado en limpio, el Palacio de Hacienda se autolimitará en la aplicación de la «reasignación» y el Pac-Man, artilugios legales con los que amenazaba mejorar el resultado y gatillar las CAC.

Los que dieron el sí

La contrapartida, claro, fue que los fondos de inversión con mayor cantidad de títulos argentinos en su cartera aseguraran su participación. El viernes, por caso, el grupo Exchange Bondholder anunció su compromiso a aportar papeles por U$S 4800 millones. Unas tres cuartas partes de ese monto corresponden a bonos emitidos en 2005 y 2010, que tienen cláusulas de acción colectiva más altas (hay que reunir 85% para consumar cualquier reestructuración, en lugar del 66% que exigen los Global emitidos en la era Macri) y por eso son vistos con mucho interés por los ojos oficiales. «La propuesta enmendada de la República es una resolución consensuada que ofrece un resultado beneficioso para todos los participantes y es una oferta que todos los acreedores deben aceptar», indicó en un comunicado ese grupo, liderado por Monarch y en el que también militan HBK, Paloma Partners, Pharo y Redwood, entre otros fondos.

También el Ad Hoc, liderado por BlackRock (el que llevó la voz cantante en las discusiones y le arrancó unas cuantas concesiones al ministro Martín Guzmán) y que siempre se movió en conjunto con el Exchange Bondholder, manifestó su conformidad. «Tras un compromiso constructivo y exitoso con el gobierno argentino para llegar a un acuerdo para la reestructuración de la deuda pendiente de Argentina, confirmamos nuestro apoyo a la oferta enmendada», expresaron. El Comité de Acreedores, tercer grupo en las negociaciones, había sido el primero en aceptar.

La expectativa oficial es lograr un apoyo tal que, respaldado en las cláusulas de acción colectiva, permita rescatar el total de los bonos bajo legislación extranjera por U$S 66.800 millones. A cambio se emitirán nuevos títulos con vencimiento entre 2030 y 2046, más otro por los intereses devengados y aún no pagados, con vigencia hasta 2029. Si bien la quita de capital no será significativa (sólo a los Global se les aplicará una del 3%), la diferencia estará en los intereses, que serán crecientes y con un promedio del 3,1% anual, contra el hasta 8% que rendían los bonos en circulación. Eso permitirá reducir pagos por alrededor de U$S 25 mil millones. El mayor alivio se notará en el corto plazo, ya que las amortizaciones de capital recién comenzarán en 2024.