El gobierno se apresta a lanzar la demorada oferta a los acreedores privados para renegociar los bonos en moneda extranjera. La tarea está a cargo del ministro de Economía, Martín Guzmán, quien por estas horas aguarda el visto bueno del presidente Alberto Fernández para comunicarla oficialmente. “La negociación va bien. A mí  no me gusta mentir y tampoco me gusta mentirles a los acreedores. Sólo vamos a firmar lo que podamos cumplir”, declaró el mandatario el último fin de semana sobre el tema.

Se trata de títulos por U$S 68.842 millones cuyas cláusulas establecen que, en caso de litigio, intervendrán tribunales de justicia de Nueva York, Londres y Tokio. Son los que fueron incluidos en el decreto 250/20, que autorizó “la administración de pasivos y/o canjes y/o reestructuraciones” de los mismos. La notificación oficial se realizará a través de la Comisión de Valores estadounidense (SEC), donde cotizan todos esos instrumentos. Bank of America, HSBC y Lazard son las instituciones financieras que harán el nexo con los tenedores de esos papeles.

El ofrecimiento podría incluir una combinación de herramientas: una elevada quita del valor nominal, una reducción en el monto de los intereses, un período de gracia y un retraso en la fecha de amortización del capital. Todas ellas van en línea con la propuesta del FMI, que declaró la deuda argentina como “no sostenible” y sugirió que los pagos por ese concepto se reduzcan en un monto de entre 55 y 85 mil millones de dólares.

La intención original del Ejecutivo era realizar el ofrecimiento a mediados de marzo y aguardar durante la segunda quincena de ese mes para que los acreedores la aceptaran o no. Diversos factores, entre los cuales el principal fue la crisis desencadenada por el coronavirus, demoraron el proceso. De todas maneras, hubo contactos extraoficiales con los bonistas: los fondos de inversión extranjeros que concentran la mayor parte de esos papeles sostuvieron varias videoconferencias con el equipo económico e incluso enviaron emisarios a Buenos Aires para entrevistarse con Guzmán.

El procedimiento para determinar si la propuesta resulta exitosa será bastante complejo. La mayoría de los títulos involucrados cuentan con cláusulas de acción colectiva que habilitan a modificar sus condiciones si los poseedores de una fracción mayoritaria del capital lo aceptan. Pero ese porcentaje no es uniforme, de manera que habrá que revisar papel por papel y acreedor por acreedor y luego ver si se alcanzó el mínimo necesario para acceder al canje.

Hasta ahora el gobierno fue eligiendo diversas tácticas para afrontar los sucesivos vencimientos de la deuda. El último fue la decisión de reperfilar las obligaciones en moneda extranjera bajo jurisdicción de tribunales locales: todos los pagos que debían realizarse este año (alrededor de U$S 9.800 millones) pasaron a 2021. Eso le valió que algunas agencias calificadoras de inversión, como Standard & Poor`s, pusiera a la Argentina en la categoría de default selectivo.