El futuro de Vicentin volvió a quedar en el centro del debate ante la decisión de la Corte Suprema de Santa Fe de suspender el concurso de acreedores de la empresa, que cayó en cesación de pagos a fines de 2019. El tribunal desplazó de la causa a Fabián Lorenzini, el juez en lo civil y comercial de Reconquista, y pidió que se le remitan todas las actuaciones, lo que despierta dudas sobre el rumbo que tomará el caso en las próximas semanas.

La decisión fue tomada a partir de cuestionamientos a la gestión de Lorenzini, quien se aprestaba a convalidar la oferta de Vicentin para abonar la deuda de U$S 1.500 millones en nuevos plazos y con una importante quita de capital. Para el éxito del concurso, el directorio había logrado el importante respaldo de un millar de acreedores, entre ellos los productores nucleados en la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).

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La novedad despertó nuevamente el interés del gobierno por tomar el control de la firma, sobre todo por la posibilidad de intervenir en un sector tan estratégico como el de la exportación de granos, uno de los que mueve la aguja del comercio exterior del país. Ese había sido el fundamento del proyecto para expropiar la firma, que el presidente Alberto Fernández propuso a mediados de 2020 y que debió desactivar ante el rechazo del establishment agropecuario.

Ahora, con el fuerte crecimiento del precio internacional de los cereales a partir de la guerra en Ucrania, y sus correlatos en el mercado interno (aumentos en el precio de la harina de trigo y los productos panificados, mayor inflación y tironeos con los exportadores que no aceptan mayores retenciones), el propio Fernández volvió a plantear el tema en una entrevista difundida el fin de semana. «Me parece que la Argentina tiene que repensar su estructura en materia alimentaria, así como en el tema de comercialización de cereales… Una empresa testigo que te ordene el mercado no es algo menor”, dijo.

En el gobierno creen que las nuevas circunstancias que rodean la causa habilitan la implementación de un “cramdown”. El recurso, previsto en la ley de concursos y quiebras, permite que uno o más acreedores tomen el control de la firma, previo acuerdo con el resto para un plan de pagos de las deudas verificadas por la Justicia. En los hechos, los dueños anteriores saldrían del negocio y los derechos de quienes se vieron perjudicados por el cese de pagos quedarían resguardados.

El Banco Nación, principal acreedor de la firma con U$S 300 millones impagos, podría encabezar el fideicomiso que se haga cargo de la conducción. En su momento, la entidad rechazó la oferta del directorio de Vicentin de reconocer sólo el 20% de ese monto. “La propuesta de Vicentin implica convalidar el fraude. Se debe realizar una nueva que contemple los intereses de los distintos sectores, tanto público y privado, y el funcionamiento a pleno de la compañía, generando empleo y alternativas para la producción”, dijo uno de los directores del Banco, Eduardo Hecker. Según trascendió, más de medio centenar de acreedores estarían dispuestos a acompañar al banco en la creación del fideicomiso.

Claudio Lozano, dirigente de Unidad Popular y también director del Nación, abonó esa línea de trabajo y dijo que “hay que utilizar los derechos que el Estado tiene en el concurso. Sería deseable que entre el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ministerio de Agricultura definan al caso Vicentin como proyecto estratégico, a efectos de poder asumir la tarea de capitalizar la empresa. Existen sobradas razones para que las fuerzas que integramos el Frente de Todos iniciemos un proceso de movilización política y social que respalde esta decisión presidencial”.

La alternativa genera dudas en el ámbito político santafesino. En 2020, fue el propio gobernador Omar Perotti quien había pedido al presidente Fernández que evitara la expropiación y propuso armar un fideicomiso que jamás avanzó. Dos años después, los reclamos son más exigentes. “No hay una oportunidad con Vicentin. Hay una necesidad. Está en juego el control del comercio exterior”, dijo el diputado provincial Carlos del Frade, del Frente Social y Popular.

Previsiblemente, el directorio de la empresa (formado de manera principal por integrantes de las familias Vicentin, Nardelli y Padoán) se niega al cramdown porque le significaría perder el control de la firma. En un comunicado, impugnó el mecanismo por “el apoyo mayoritario de los acreedores a la propuesta” realizada para reestructurar sus pasivos y sostuvo que la iniciativa oficial no aclara “de dónde saldrán los 300 millones de dólares de capital de trabajo necesario para operar, cómo recuperarán sus acreencias los acreedores -todos, no solamente los granarios- y cómo se protegerán los 1.500 puestos de trabajo directos”. La Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas y otros referentes del sector, habitualmente enfrentados al gobierno, se sumaron al rechazo.