El atentando contra la vicepresidenta ocurrido el jueves pasado constituye, sin lugar a dudas, el tema excluyente en estos momentos. Este hecho supera los límites aceptables para una Argentina democrática.

El recrudecimiento de la avanzada judicial contra Cristina Kirchner se enmarca en un contexto de querer instalar una ofensiva desestabilizadora. Hay sectores que continúan bregando por generar zozobra en la sociedad, especialmente cuando se evidencian signos de recuperación económica. Pero todo ello tiene un costo muy alto para la sociedad en su conjunto: “Las manifestaciones irresponsables expresadas desde hace mucho tiempo por la oposición mediática, política y judicial pueden generar consecuencias graves (…) el ataque a la vicepresidenta es también un ataque a la democracia y al proyecto nacional y popular”, indica el comunicado de nuestro Partido Solidario. Desde el bloque del Frente de Todos, en tanto, convocamos “a todas las fuerzas políticas y democráticas a sumarse al repudio de este hecho terrible, a la prensa a desactivar cualquier reproducción de discursos violentos y antidemocráticos y al Poder Judicial a actuar rápidamente para castigar al responsable de este atentado y a quienes lo alentaron a cometerlo”.

Como lo expresamos los diputados y las diputadas del Frente de Todos: “Preservar la vida y la paz es imperativo para el desarrollo de la vida humana, la libertad y la democracia”, tan simple y tan importante como eso.

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Debe quedar claro que está en juego qué tipo de sociedad se intenta construir y cuál es el nivel de tolerancia que debe existir para que esa sociedad pueda convivir.

Energía y cuentas fiscales

En este difícil contexto que está transitando la Argentina vale la pena mencionar algunos aspectos de la coyuntura económica. Por un lado, la situación energética. Los altos precios internacionales se enfrentan con la reorganización del esquema de subsidios, que busca generar una mayor equidad en las erogaciones del Estado y un uso más racional de los recursos energéticos. La novedad esta semana es la incorporación de aproximadamente 1,1 millón de beneficiarios de la tarifa social que no se habían inscripto en el registro, llegando a ser 6,5 millones en este segmento. Una decisión que refleja el claro objetivo del gobierno: que, más allá del nuevo esquema, continúen recibiendo los subsidios quienes realmente los necesitan.

En materia de eficiencia energética se puede mencionar la alianza entre YPF y Petronas (petrolera estatal de Malasia), una inversión de 40.000 millones de dólares. Esa inversión correrá en partes iguales para las dos empresas, pero YPF será el accionista mayoritario, con el 51%, según trascendió. Junto con el Gasoducto Néstor Kirchner, son dos proyectos que permitirán mejorar la producción y la capacidad de transporte de los recursos de Vaca Muerta. En un contexto global complicado, “irónicamente es una gran oportunidad para Argentina, porque nosotros tenemos aquí la energía que el mundo demanda hoy y que demandará en un futuro”, señaló el Presidente argentino.

Otro de los temas que estuvo presente en estos días fue el de la reasignación de partidas presupuestarias. Algunas reflexiones con respecto a ello. Si bien desde ciertos sectores se intentó instalar la idea de que se estaba efectuando un “ajuste”, la realidad no se condice con esa idea. En primer lugar, cabe aclarar que “la compensación dispuesta por la Decisión Administrativa 826 genera reducciones de partidas presupuestarias que no fueron ejecutadas a la fecha, por razones particulares de la gestión”, según se lee en el comunicado del Ministerio de Economía. Ejemplo de ello fue la readecuación de las partidas destinadas a las vacunas adicionales de Sputnik que no fue necesario adquirir “producto de los bajos niveles de contagio de dicha enfermedad y del stock de dosis con las que cuenta la Nación”, describe el comunicado. Otro ejemplo es la no ejecución en el actual ejercicio fiscal de la compra de notebooks en el marco del Plan Conectar Igualdad por parte del Ministerio de Educación, debido al cambio en la fecha de entrega por parte de las empresas proveedoras.

Pero, más allá de estos casos puntuales, cabe destacar que las cifras indican que si bien se reducen 210.000 millones de pesos en partidas a los ministerios, 82.000 millones se reasignan a nuevos gastos, principalmente en gastos en personal, y en transferencias a empresas públicas. Por lo tanto, la reducción presupuestaria es en realidad por 128.000 millones de pesos: éstos representan sólo el 0,79% del gasto total presupuestado (el del Presupuesto 2021 prorrogado más las ampliaciones establecidas por DNU) y un 0,16% del PIB.

Además del análisis del lado del gasto, también es importante recordar que nos encontramos ante una economía con crecimiento en la actividad y, por lo tanto, incremento en los ingresos fiscales. Entonces, los gastos que ha habido en el primer semestre de este año son mucho más altos que los presupuestados. Cabe repetir, también, que se está trabajando con el Presupuesto de 2021, ampliado por decretos, dado que la oposición no aprobó el Presupuesto 2022. Por lo tanto, algún acomodamiento en esa dirección no haría más que adecuar lo previsto a lo efectivamente realizado, y de ninguna manera podría ser llamado ajuste.

Según los datos dados a conocer por el Ministerio de Economía, la recaudación fiscal creció en agosto un 72,2% interanual, impulsada principalmente por el desempeño del IVA, el Impuesto a las Ganancias, el impuesto sobre los Débitos y Créditos y los tributos asociados a la Seguridad Social. En este último caso, la expansión estuvo dada por las mejoras salariales y el crecimiento del empleo registrado. La suba responde al crecimiento de las Contribuciones Patronales (+83,7% interanual) y al incremento de los Aportes Personales (+77,8% interanual).

Siempre resulta importante analizar la evolución en el tiempo de las distintas variables. El caso de los datos fiscales de los siete primeros meses de este año resulta más que interesante. En dicho período, los ingresos totales crecieron un 5,3% en términos reales, mientras que los gastos lo hicieron en un 8,7%. Esta evolución generó un déficit fiscal primario del 1,1% del PBI en el período.

Consecuentemente, el menor crecimiento en términos reales de algunos gastos durante la segunda parte del año se vería compensado por los mayores gastos realizados a principios de año. En definitiva, si bien la mayor parte de la mejora de las cuentas públicas debe provenir del lado de los ingresos, no deben descuidarse los gastos necesarios, especialmente para defender el poder de compra de salarios, jubilaciones, y de los sectores de menores ingresos.

Es menester en los tiempos que corren continuar consolidando la unidad y mejorando los ejes fundamentales de las políticas del Gobierno para poder seguir adelante en el camino de la mejora del bienestar de toda la población.