El gobierno tiene en el tándem salarios-precios un problema serio. Sabe que si no controla la inflación, tendrá problemas en distintos frentes, desde el mal humor social con su engarce con las consecuencias de la pandemia sobre la población, hasta el desafío electoral de octubre.

Encara los temas con tácticas distintas. En materia de salarios, quedó clara cuál es con el acuerdo bancario: aplanar la demanda salarial a la pauta del 29% del presupuesto. La visita de Palazzo al presidente un día después de firmar el acuerdo pone claridad al respecto. Para avanzar en esa política precisa de una conducción sindical que acepte la premisa. La CGT y las CTA aseguran que las paritarias son libres, pero no dan indicio de cuál será su demanda o qué línea bajarán a los gremios que las integran. El gobierno les recrea un ambiente favorable al declarar que «el salario le debe ganar a la inflación».

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Pero nadie pensó que el Estado cuenta con dos herramientas a mano para lograrlo en forma inmediata: de un lado, puede convocar a la paritaria estatal nacional y plantear una hoja de ruta para que los empleados públicos recuperen el 25% de lo que perdieron en los últimos años. La segunda herramienta es la convocatoria del Consejo del Salario Mínimo e imponer allí, mediante un laudo, su recuperación. Nada de eso sucede por ahora.

Mientras avanza con la certeza de contar con el respaldo de las organizaciones sindicales, el gobierno nacional aplica otra táctica con los formadores de precios: presión, mesas de diálogo, fintas para convencerlos de que no deben subir sus precios más allá de lo que dice la pauta de la inflación del Presupuesto. Si los empresarios no aceptan y suben por demás, no tendrán consecuencias. En cambio, los asalariados –comprometidos con el 29%– deberían comenzar a reclamar la reapertura de negociaciones salariales, lograr reabrirlas y arrebatar un incremento que emparde la inflación. Algunos gremios, por su peso específico en la producción y su poder de negociación y conflicto, podrán lograrlo, como los propios bancarios. Pero una mayoría, no.

El dilema para el asalariado será si este año volverá a perder o no ante la inflación. La pauta del 29% no le dice nada toda vez que el 4% de enero es un piso muy elevado, al menos para el primer trimestre. En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central, consultoras y bancos reiteraron lo que dijeron a principios de año: que prevén una inflación del 50%. Se trata de think tanks con vasos comunicantes con el establishment local y del exterior, y proyectan lo que está circulando en ese ambiente: que la «libertad de mercado» se impondrá y la crisis económica nacional no la pagarán ellos.

Ese es el dilema que el gobierno no ha podido resolver en este largo 2020.  «