Estudiantes, docentes y no docentes siguen firmes en la ocupación pacífica del 5to piso de la secretaria de Derechos Humanos ubicado en calle 25 de Mayo 552. Los alumnos y todo el cuerpo académico llevan sosteniendo esta medida de fuerza por 15 días. Este jueves realizaron una clase abierta dentro del Ministerio de Justicia de la Nación.

Los estudiantes decidieron implementar a la medida de protesta una clase abierta en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ubicado en Sarmiento 329 para continuar haciendo visible el efusivo reclamos contra del vaciamiento y la intervención en el instituto luego de que el gobierno nacional separara al rector Germán Ibáñez y designara a Javier Buján como interventor.

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La clase abierta se llevo a cabo en el hall de entrada exigiéndole al ministro Germán Garavano que dé la cara ante el conflicto que viene atravesando la institución educativa que se mantengan la planta actual de trabajadores que se respete el convenio colectivo de trabajo de el cuerpo docente demandan participación en la elección del rector de la universidad.

Reclaman un edificio propio para el normal desempeño de las carreras así como también se abone sueldo de docentes que ya llevan 17 meses sin percibir sus salarios, la aprobación de la carrera de trabajo social que actualmente se dicta pero no es reconocida. Además, la continuidad del proyecto académico nacido en el año 2000 como Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo y el cumplimiento de la resolución 2030/15.

La Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo (UPMPM), creada en el año 2000, se constituyó como un establecimiento estatal en 2014, cuando se sancionó y promulgó la Ley 26.995. Desde entonces pasó a llamarse Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo (IUNMa).

El alma de este reclamo popular es defender su lugar de estudio y defender las tares del rector Germán Ibáñez y la designación de docentes. También reclaman la conformación de los claustros para avanzar con la normalización de la universidad y repudian la designación de Buján, ex interventor en el INADI y que denuncian tiene antecedentes de malversación de fondos de dicha entidad.