A primera vista, da la sensación de que el gobierno hubiese salido bien parado con los índices de pobreza. Allá por septiembre, cuando el Indec publicó las cifras correspondientes al segundo trimestre de 2016, Mauricio Macri desafió: “Este punto de partida es a partir del cual acepto ser evaluado como presidente”. Ahora, el nuevo informe del Indec señala que en el segundo semestre del año pasado la pobreza bajó a 30,3% de la población (antes era 32,2%). En limpio, son unas 495 mil personas que salieron de esa condición. En paralelo, la indigencia se redujo levemente a 6,1% (en el trimestre anterior había sido dos décimas superior), con lo que emergieron de ese umbral unas 48 mil personas.

¿Cómo se miden la pobreza y la indigencia? Los dos índices se elaboran a partir de la Encuesta Permanente de Hogares que se realiza en 31 aglomerados urbanos de todo el país que totalizan 27,2 millones de habitantes. Allí se comparan los ingresos de todos los componentes del hogar con el costo de una canasta básica alimentaria (CBA) que cubre un mínimo de necesidades energéticas y que tiene en cuenta el sexo y la edad del grupo familiar (por caso, se le asigna mayor requerimiento a un varón joven de entre 18 y 29 años que a un niño o a una mujer de más de 75). Si no se cubre el costo de esa canasta, todos los que habitan ese hogar son indigentes. El concepto es el mismo con la línea de pobreza, aunque para ello se considera una canasta básica total (CBT) que incluye otros rubros considerados esenciales, como vestimenta, transporte, educación y salud.

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Cuestión de método

Detrás de la enumeración y del uso político de esos datos, hay varios elementos a tener en cuenta. En primer lugar, la influencia del “apagón” que el Indec vivió en los últimos años. El organismo retomó la elaboración de estos indicadores en 2016, después de tres años de silencio sobre el tema. En ese momento, como señal para remarcar la decisión de normalizar las estadísticas nacionales “y por única vez en forma trimestral”, según se aclaró, se trabajó sobre el período abril-junio de 2016. El informe actual, en cambio, recoge lo sucedido en el lapso julio-diciembre, retomando la habitualidad semestral. Por eso, el texto aclara que los resultados de ambos “no deben ser comparados… dada la diferencia de los períodos contemplados”. En efecto, el relevamiento de la segunda mitad del año, por ejemplo, recoge el impacto del pago del aguinaldo para los trabajadores formalizados, remuneración que no se percibe en el segundo trimestre y que en lo estadístico puede ayudar a muchas familias a superar la línea de pobreza.

Hay otras razones metodológicas que dificultan comparar este 30,3% con el anterior 32,2% de pobreza. Por caso, las fuentes de información. El CEPA (Centro de Economía Política Argentina) cuestiona que para armar la canasta básica alimentaria (la que determina el nivel de indigencia) se haya tomado la Encuesta Nacional de Hogares de 1996/97, mientras que su relación con la canasta básica total (la que fija la línea de pobreza) se establezca a partir de un estudio similar de 2004/05. “Los cambios de hábitos de consumo de la población deben ser regularmente considerados. Es inverosímil que la composición de una canasta alimentaria de hoy tenga similitud con aquella de 1996”, afirma el CEPA. Y lo sostiene con números: en cada encuesta de ese tipo, que por su complejidad se realizan cada ocho o diez años, las familias van diversificando sus consumos y la proporción de ingresos que destinan al rubro alimentos y bebidas es menor. La última encuesta, de 2012/13, fue dejada de lado por el Indec aduciendo una alta tasa de no respuesta y otras fallas.
El otro lado

Semioculto entre los pliegues de los números asoma otro drama: el de la cantidad de argentinos afectados por la pobreza. De los 27,3 millones de personas abarcadas por el estudio (que como se dijo, sólo incluye 31 grandes ciudades del país), más de 8,2 millones no pueden cubrir sus necesidades esenciales. El fenómeno es dramático en el Gran Buenos Aires, con 4,1 millones de pobres. Los porcentajes son altísimos en Santiago del Estero-La Banda (el mayor del país, 44% bajo la línea de pobreza), Concordia (43,6%) y Gran San Juan (43,5%). En el Gran Córdoba no sólo hay 617 mil personas bajo la línea de pobreza (40,5%), sino que 164 mil de ellas (10,8% de la población) son indigentes. Mientras la media a nivel nacional indica que hay 3,07 personas por domicilio, en los hogares bajo la línea de pobreza vive un promedio de 4,34 personas, lo que refleja cómo la crisis de ingresos y la habitacional van de la mano. La situación afecta sobre todo a los más chicos: casi la mitad de ellos (el 45,8% de los menores de 14 años) viven en hogares pobres.

Otro elemento a tener en cuenta es la dificultad para poder salir de esa situación. En los hogares bajo la línea de pobreza, el promedio de la canasta básica total que necesitan sus integrantes está valorizado en $ 13.945, pero la media de ingresos es de $ 8.789. Quiere decir que les falta $ 5.156 (un 37%) para emerger de esa condición.