La seguridad social ha sido, históricamente, uno de los espacios en los que la palabra ajuste es más familiar. Mucho antes de que la cobertura de la seguridad social alcanzara a toda la población, ya estaba sujeta a cuestionamientos acerca de su viabilidad, sus costos crecientes o las injusticias que generaba. La falta de perfeccionamiento de una herramienta vital para sostener la calidad de vida de la población era tomada como un argumento para exigir su liquidación.

Así, la suba de la edad jubilatoria, la reducción de los haberes y las prestaciones destinados a la tercera edad y el achicamiento de la asistencia a la población trabajadora activa con los cuales apuntala sus derechos sociales, han sido una constante desde mediados del siglo pasado, tanto en la Argentina como en el resto de los países de la región.

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Si bien junto a cada impulso en la reducción de estos derechos –nunca hay que olvidar que la jubilación es un salario diferido y que, por lo tanto, es una propiedad del empleado– aparece una justificación superficial, suele esconderse una apreciación mucho más profunda, que apunta a eliminar derechos sociales.

En el último período se han acentuado estas políticas en los países desarrollados. La crisis financiera de 2007 derivó en una crisis fiscal mayúscula producto del salvataje de los grandes bancos en situación de quiebra, desde el Citigroup hasta el Royal Bank of Scotland, pasando por el alemán Commerzbank, todos dentro de los 50 primeros bancos del mundo en ese momento. En los países económicamente más débiles de Europa, Grecia, España, Portugal, los gobiernos de distinto signo impusieron, entre otras medidas, fuertes recortes a la seguridad social que incluyeron la suba de la edad jubilatoria, el congelamiento de haberes y la reducción a su mínima expresión de las asignaciones familiares, todo ello en un contexto de caída de las prestaciones de los servicios públicos de salud.

Tras ese paso ajustador, tanto el Ejecutivo europeo como el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario impulsan un debate global acerca de la necesidad de “rediscutir los modelos de sustentabilidad de la seguridad social”

En el caso de Estados Unidos, en tanto, la tasa de pobreza de las personas mayores se ha incrementado en estos años de crisis ya que la tasa de sustitución (porcentaje de la jubilación que cubre el salario activo) ha estado cayendo hasta mínimos del 20 por ciento. Y la perspectiva es una propuesta del Poder Ejecutivo de nueva reducción con acuerdo del Congreso.

Según el Banco Mundial, América Latina se caracteriza por bajas retribuciones jubilatorias pero una cobertura mayor a la que se observa en Asia y África. Según el organismo financiero multilateral, ya suman unos 30 millones de personas los que cobran jubilaciones en toda la región.

Al igual que el FMI, el BM promueve el debate sobre la extensión de la vida laboral con el argumento de que de esa forma se envejece con “buena salud física y mental”, como si el trabajo fuera la única actividad que favorece esa posibilidad.

Michele Gragnolati, experto en desarrollo humano del Banco Mundial, agrega, además, que “el trabajo de los adultos mayores tiene también un impacto directo en los sistemas de pensiones. En promedio, casi la mitad de los trabajadores no contribuyen a sistemas de seguridad social. En este sentido, en la medida en que los ciudadanos trabajan más, de un lado siguen financiando el sistema de salud; y de otro lado, usan la pensión durante menos tiempo, lo cual ayuda al equilibrio de los sistemas de seguridad social”.

Pero para lograr ese equilibrio no se toman en cuenta otras alternativas, como incrementar los impuestos para financiarlo. 