La intransigencia del gobierno y las empresas ha llevado a la CGT a una situación muy compleja. Es que luego de que el triunvirato que la conduce retirara del pliego el reclamo de reapertura de paritarias y lo reemplazara por el pedido de un bono de fin de año y la exención de Ganancias sobre el aguinaldo, el gobierno ha hecho pública su intención de canalizar la negociación del posible bono a través de acuerdos eventuales por rama y hasta por empresa, y anunció que sólo los sectores más relegados (jubilados y beneficiarios de planes sociales) podrían recibirlo. Además, se encargaron de dejar trascender que, para esos casos, podría ser de $ 750.

La administración macrista había dejado abierta la posibilidad de otorgar un monto similar a los empleados estatales, pero retrocedió luego del malestar que se generó entre los gobiernos provinciales y municipales que tienen sus cuentas al rojo vivo y que, por eso, ya han tenido que apelar a un fuerte endeudamiento externo (unos 5000 millones de dólares) para cubrir sus gastos corrientes.

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A los trabajadores que tributan Ganancias, el beneficio de fin de año podría llegar sólo por el lado de la eximición de ese pago sobre el aguinaldo.

El triunvirato de la CGT podría pagar un costo político alto al interior de sus propias organizaciones por haber abandonado el planteo de reapertura de las paritarias. El gobierno, sin embargo, les ha respondido con un desplante.

Según coincidieron las fuentes consultadas, el promedio de aumentos de salarios pautados en paritarias durante 2016 se ubica en el orden del 32%, mientras que las proyecciones de inflación para todo 2016 oscilan entre un 40% según las mediciones más optimistas (entre ellas el FMI) y un 45 por ciento.

Según la proyección de los datos que surgen del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE), dependiente del Ministerio de Trabajo, el salario promedio de los 6,5 millones de trabajadores registrados del sector privado llegaría en diciembre a $ 21.270 aplicando el incremento promedio del 32 por ciento. Si se ajustara por una inflación estimada del 43% (el promedio de las proyecciones) debería alcanzar los $ 23.042 o los $ 22.558 para una inflación del 40% tal como pronostican el FMI o, por caso, la consultora Orlando Ferreres y asociados.

De ese modo, sumando el medio aguinaldo a la pérdida del poder adquisitivo del salario para el mes de diciembre, el monto resignado oscilaría entre los $ 1934 hasta los $ 2660 por trabajador. En total un “ahorro” paralas empresas (o una pérdida de los asalariados) de entre $ 12,6 mil millones y $ 17,4 mil millones de pesos, sólo para el mes de diciembre.

El IPC Congreso para el mes de agosto, que registró una desaceleración producto de la suspensión del tarifazo, ya daba como resultado una inflación interanual del 43,5% (46% había arrojado el mes anterior) y una acumulada para el año del 30,8 por ciento. Así las cosas, ya para el mes de septiembre la actualización salarial de 2016 habrá sido superada por los precios.

Un simple ejercicio estadístico con el supuesto de que el 32% ya hubiera sido computado (la realidad es que varias cuotas aún no ingresaron) dejaría los salarios de octubre y noviembre sin recomposición, plasmando un defasaje entre salarios y costo de vida de entre 15 y 18 mil millones de pesos, entre los asalariados registrados del sector privado que, por eso, no serán volcados al consumo, profundizando la recesión.

Un hipotético bono de $ 750 costaría a las empresas privadas algo menos de $ 5000 millones, apenas un 28% del costo de actualización de los salarios y por única vez. Si todas las patronales pautaran un bono de fin de año de $ 2000 (como acordaron los mercantiles esta semana) el costo sería de $ 13,1 mil millones, un 75% de los $ 17 mil millones.

Con todo, en estas condiciones, el bono serviría apenas como un paliativo para hacer frente a los gastos de las fiestas pero, de ninguna manera, como una vía de recomposición del salario, toda vez que en enero se volvería al salario devaluado de noviembre. 

El triunvirato, entre la intransigencia del PRO y el paro

El miércoles 12 vence el plazo de diez días que el gobierno pidió para dar respuesta a los reclamos presentados por la conducción de la CGT.

Durante el período transcurrido, el oficialismo sólo ha dado muestras de intransigencia, a pesar de la “buena voluntad” de la CGT que retiró el reclamo de reapertura de paritarias en su pliego reivindicativo. La oferta de $ 750 acotada a los sectores “más necesitados” cayó como balde de agua fría a los dirigentes de la central. Desde el gobierno agitan también la posible convocatoria a una mesa de diálogo encabezada por el presidente a su regreso de Roma.

Las patronales recogieron el guante y salieron a dar explicaciones sobre la inviabilidad, ya no de la reapertura de paritarias, sino del otorgamiento del bono (ver página 11).

Por eso, y a pesar de las intenciones manifiestas del triunvirato, reapareció con fuerza la posibilidad de un paro nacional que podría definirse el jueves en el cónclave cegetista, si el miércoles el gobierno no hace una propuesta que pueda satisfacer las aspiraciones de los dirigentes. Así lo manifestaron publicamente y con muestras de disgusto, tanto Juan Carlos Schmid como Héctor Daer. Este último sugirió que hay patronales que creen que “es más barato el paro que el bono”.

 Mientras tanto, La Bancaria, conducida por Sergio Palazzo, ya definió la fecha de un paro nacional de su gremio para el 28 de octubre, al igual que los docentes universitarios que pararon el martes pasado y lo harían nuevamente el jueves y viernes próximos. En ambos casos, reclaman la reapertura de las paritarias que consideran caducas por la inflación. En el primer caso, el acuerdo fue del 33% en una cuota, mientras que en el segundo, del 34 por ciento.