El gobierno activó los mecanismos administrativos para girar este miércoles al Fondo Monetario Internacional algo más de U$S 1.850 millones. El pago corresponde a la segunda cuota de amortización del capital por el préstamo stand by que el organismo facilitó a la gestión de Mauricio Macri, en 2018.

El desembolso se realizó a través del Banco Central, que utilizó para ello los derechos especiales de giro (DEG) que el propio Fondo envió a todos los países miembros para paliar los efectos de la pandemia. Luego de esta cuota, de esa asignación específica quedarán disponibles unos U$S 600 millones.

La idea del Palacio de Hacienda era tener terminado para esta altura del año un acuerdo de refinanciación que evitara el pago de esta segunda cuota. O bien que, si se realizaba, el Fondo se comprometiera a reembolsar su monto y también el de la primera amortización, realizada en septiembre, para evitar que cayeran las reservas del BCRA. Las demoras en cerrar la negociación, más las diferencias sobre el rumbo macroeconómico que fueron apareciendo en las últimas semanas entre el staff técnico del FMI y los funcionarios del Ministerio de Economía, frustraron ese plan.

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Desde 2018 en adelante, Argentina nunca dejó de pagar los intereses (algo más de U$S 300 millones cada tres meses) por el programa, que en principio era de U$S 57 mil millones y luego, por los incumplimientos de la administración macrista, se interrumpió cuando se habían desembolsado el 80% de los fondos. Pero al cumplirse los tres años de gracia empezaron a vencer las cuotas de capital y el cronograma de obligaciones se aceleró. Eso forzó a buscar una refinanciación, aún no concretada, ante la imposibilidad de devolver los casi U$S 19 mil millones previstos para 2022 y otros tantos para 2023.

Según la estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), si no se sella un nuevo programa, en el primer semestre del año entrante el gobierno deberá enfrentar dos cuotas de capital de U$S 718 millones en enero y abril, más otras dos de U$S 2.821 millones en marzo y junio. Además habrá que cumplir con intereses por U$S 365 millones (febrero) y U$S 324 millones (mayo).

A ello se suman los pagos por la reestructuración de los bonos soberanos concretada en septiembre de 2020. El 9 de enero vencen intereses por U$S 693 millones. También hay U$S 307 millones en compromisos con otros organismos internacionales para el primer mes del año.

La disponibilidad de divisas para hacer frente a esos pagos es materia de especulaciones. El último reporte del BCRA dio cuenta de reservas internacionales por U$S 41.109 millones. Pero luego de descontar los DEG, el swap con China (un intercambio de yuanes por pesos que necesita una serie de pasos específicos para acceder a ellos) y los encajes de los depósitos privados en el sistema financiero, las reservas netas se reducen drásticamente.

“De cara a fin de año, las reservas netas (contemplando el oro y excluyendo DEG y el pago al Fondo) se encontrarán por debajo de los U$S 4.000 millones. De estas, un 90% es oro”, estimó la consultora Ecolatina. “A pesar de que un acuerdo con el Fondo y un reacomodamiento de la política cambiaria podrían quitar presión sobre las reservas netas, el bajo punto de partida de estas implica que la presión estructural continuará vigente.Las mismas serán apenas suficientes para satisfacer la demanda de divisas necesaria para el funcionamiento de la actividad económica del 2022. El aporte del agro será nuevamente crucial”, predijo el informe.