Finalmente Jorge Triaca dejará su cargo al frente de la Secretaría de Trabajo una vez que concluya el G20. Su permanencia en el cargo superó pronósticos propios y ajenos. El retiro se produce luego de que el gobierno decidió rebajar su jerarquía como funcionario y, a partir de allí, su exposición pública.

Los objetivos y misiones de la cartera laboral surgen del decreto 355/02 que, en su artículo 23, asegura que sus competencias incluyen «entender en la promoción, regulación y fiscalización del cumplimiento de los derechos fundamentales de los trabajadores, en especial la libertad sindical, la negociación colectiva y la igualdad en las oportunidades».

Si se parte del carácter asimétrico del vínculo laboral, la naturaleza del exministerio debería ostentar un posicionamiento no neutral y conceder «preferente tutela» a la parte sindical. Ese el criterio de la justicia laboral.

A la luz de las estadísticas que Trabajo difunde, la cartera ha estado lejos de cumplir esa función. Por caso, en el proyecto de reforma laboral que promovió Triaca se proponía revisar el carácter del vínculo laboral estableciéndolo como una «cooperación» con «derechos y deberes recíprocos».

Los datos duros

Durante la gestión Triaca, el deterioro del mercado laboral ha sido la norma. Según un informe elaborado por el CETyD basado en datos de la Secretaria de Trabajo, la cantidad de asalariados privados cada mil habitantes se redujo de 145 en agosto de 2015 a 140 en agosto 2018, un retroceso del 3,5 por ciento.

Entre noviembre de 2015 y agosto de 2018 se perdieron 92 mil puestos de trabajo en la industria que, por primera vez, pasó al segundo lugar entre los sectores generadores de empleo, por detrás del comercio. Entre el segundo trimestre de 2016 y el mismo período de 2018, el 46% de los empleos generados corresponden a categorías no asalariadas entre las que destacan monotributistas y autónomos. El 30% fueron asalariados no registrados y sólo un 24%, registrados. El trabajo en negro escaló desde el 33,1% de la fuerza laboral en 2015 hasta el 34,3% en 2018.

Por el lado del poder adquisitivo del salario, según el CETyD, el impacto de la inflación sobre los principales convenios se traducirá en un retroceso del 19% entre diciembre de 2015 y el mismo mes de este año. El Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPPyP) estimó que desde diciembre de 2015 existe una pérdida acumulada promedio para cada trabajador registrado del sector privado de $ 117.581, equivalentes a casi cinco salarios, que sube a $ 173.263 para los trabajadores del sector público (casi siete salarios) y llega a $ 118.896 para los no registrados, que equivale a un año entero de trabajo.

Golpe a golpe

Es irrefutable que los indicadores laborales no pueden ser más que el reflejo de la política económica. Sin embargo, la acción de la cartera laboral se ha caracterizado, en el mejor de los casos, por la pasividad y ha llegado a asumir un carácter activo a la hora de atacar a las organizaciones sindicales cuya actividad debería garantizar.

Fueron diez los sindicatos intervenidos entre los que se destacan el de Canillitas, el de obreros marítimos (SOMU) y el de vigiladores. Sobre los dos últimos, además, pesan denuncias de manejo irregular de fondos por parte de la intervención.

Triaca, además, promovió una política de sanciones económicas con el propósito de limitar el derecho a huelga de los trabajadores. Las más resonantes fueron las aplicadas al sindicato de Camioneros y a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, en diálogo con Tiempo coincidió en que ha sido «el ministro de Trabajo de un gobierno netamente antisindical. La gestión se caracterizó por una política de injerencia en la autonomía sindical que se manifestó en una inusitada cantidad de sindicatos intervenidos y en la restricción al ejercicio del derecho a huelga a partir de las sanciones por supuestas violaciones de conciliaciones obligatorias. Algo clave en un cuadro de crisis».

El dirigente destacó también que «es muy notoria la restricción al reconocimiento de sindicatos. Las  inscripciones y personerías bajaron drásticamente».

Puertas adentro

Triaca aplicó la misma política al interior de la cartera laboral, especialmente despidos amparados en la precarización laboral que heredó de la gestión anterior. Hernán Izurieta, delegado general de la Junta interna de ATE del organismo denunció a Tiempo que «Triaca nunca nos recibió pese a que solicitamos audiencias insistentemente».

Explicó que «la política que desplegó hacia afuera fue en un sentido similar puertas adentro». Izurieta recordó que «entre enero y marzo de 2016 sufrimos 280 despidos como parte de una primera oleada de 12 mil que hubo en todo el Estado nacional. En 2017 tuvimos despidos por persecución sindical de trabajadores tercerizados de limpieza. Luego de una lucha de más de un año por retrasos en los salarios y pagos de aportes, Triaca ordenó dejar a 34 familias en la calle. De los más postergados de la clase trabajadora».

Por otro lado, Triaca atacó las herramientas disponibles para preservar el empleo. La gestión desmanteló o congeló las áreas asociadas a la protección del empleo como, por ejemplo, el Programa de Trabajo Autogestionado (PTA), que otorga subsidios a los trabajadores de empresas recuperadas y que se ha ido desactivando en forma paulatina.

Incluso el Programa de Recuperación Productiva (Repro), concebido en 2009 como una herramienta de protección del empleo sobre la base de otorgar subsidios a las patronales, fue virtualmente desactivado con la reducción drástica del número de trabajadores. A junio de este año sumaban 8432 beneficiarios cuando en 2014 eran 57.104. En la recesión de 2019 llegaron a ser 143.653.

Una de las iniciativas más altisonantes de la cartera a la hora de crear empleo fue el Plan Empalme, que aspiraba a insertar en el proceso productivo a gran parte de los más de 400 mil beneficiarios de los programas de Desarrollo Social. A septiembre de 2018, la cantidad de trabajadores insertados fue de apenas 4620.

El presupuesto de la cartera de Trabajo destinado a planes de capacitación laboral equivale, en términos reales, al 47% de los destinado durante 2015.

Convenios y reforma laboral

La caída del empleo y el salario no ha sido una fatalidad macroeconómica que la oficina que comandó Triaca fue incapaz de apaciguar. La reducción de los costos laborales formó parte de sus objetivos estratégicos. Prueba de ello es el texto del proyecto de reforma laboral que promovió y no pudo aplicar y que aspira a reducir las indemnizaciones, extender la jornada laboral, relanzar las pasantías, legalizar la contratación individual y vulnerar en los hechos el alcance de los convenios colectivos de trabajo.

Además, fue un actor fundamental en el estímulo a la reforma de los convenios sectoriales como el de los petroleros de Vaca Muerta, los trabajadores de la TV, telefónicos y automotrices entre otros, para los cuales contó con la colaboración de las conducciones sindicales. En los primeros días de su gestión lanzó el programa Primer Empleo, que proponía reducir aportes patronales y eludir la Ley de Contratos de Trabajo.

La gestión de Triaca ha sido parte de un intento por lograr un retroceso histórico en los derechos de los trabajadores. Las pruebas están a la vista. «