Se trata de iniciativas de los legisladores de los bloques mayoritarios. El jefe de Gabinete también trabaja con propuestas en el Poder Ejecutivo. El objetivo es proteger a las empresas quebradas por la pandemia.
“Con la presentación de diferentes proyectos de ley para reformar parcialmente la actual Ley de Concursos y Quiebras, el Poder Legislativo intenta introducir en el régimen legal herramientas que ayuden a solucionar esta crisis. La preservación de las empresas y la conservación del empleo son sus principales objetivos”, señala un trabajo del estudio Bruchou, Fernández Madero & Lombardi.
La decisión de avanzar en este sentido ya fue manifestada por el gobierno. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, lo dijo en su presentación del informe 125 ante el Senado Nacional. El funcionario detalló que el objetivo es extender los plazos, evitar remates de bienes clave y permitir que se revisen los acuerdos ya alcanzados entre privados para tener en cuenta los efectos del Covid-19. «El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Desarrollo Productivo se encuentran actualmente trabajando en cambios a la ley de Concursos y Quiebras», explicó el funcionario en una de las respuestas.
Según el estudio de abogados, uno de los más consultados por las empresas, esta situación es similar «a la que ocurrió a raíz de la crisis del 2001 con la sanción de las Leyes N° 25563 y N° 25589, que modificaron la Ley Concursal, y cuyo cambio sustancial y de mayor valor se dio en la normativa del Acuerdo Preventivo Extrajudicial, que se constituyó en una herramienta muy eficaz para las reestructuraciones de deuda privada más importantes de la historia económica Argentina».
«La síntesis de las medidas propuestas por los legisladores no asegura, a nuestro juicio, el éxito en la recuperación de las empresas en estado de insolvencia. La diferencia con crisis anteriores es que ahora se presenta un problema de liquidez y financiamiento de la gran mayoría de los actores económicos, y las propuestas detalladas no atacan la causa sino sus efectos», explica el bufete de abogados.
Según esa posición, «es necesario generar instrumentos que logren acercar a las partes –los distintos acreedores y deudores- a fin de que acuerden la solución al cumplimiento de sus obligaciones y además inyectar flujos de fondos que ayuden a la economía de las empresas».
Las propuestas
Una vista resumida de las propuestas en danza indica varios puntos en común. Por caso, la del diputado rionegrino Luis Di Giacomo apunta a «la creación de un régimen concursal especial» para personas humanas, micro o pequeñas empresas y sujetos comprendidos en el actual régimen de pequeños concursos y quiebras, además de la creación de un «convenio de crisis» respecto de empleados del concursado. El senador Alfredo Luenzo también tiene un proyecto en el mismo sentido.
La senadora Silvina García Larraburu (Frente de Todos por Río Negro) propone la suspensión por 180 días de los pedidos de quiebra, de las ejecuciones judiciales y extrajudiciales en los procesos concursales y medidas cautelares sobre ciertos bienes del deudor.
En tanto, la diputada radical santafesina Ximena García plantea reformas en el régimen de Acuerdos Preventivos Extrajudiciales a fin de reducir los plazos y suspender las ejecuciones en trámite. También la suspensión de pedidos de quiebra realizados por acreedores.
En tanto, el senador de JxC Esteban Bullrich impulsa un régimen especial para contratación de préstamos destinados al capital de trabajo del concursado más la prohibición de restricciones temporales a nuevas presentaciones en concurso preventivo.
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