Los trabajadores del laboratorio Roux Ocefa piden la quiebra de la empresa desde hace dos años, cuando dejaron de cobrar el salario. Las trabas legales llevaron la situación al límite, con dos ventas infructuosas en el medio, por lo cual “si no saliera la quiebra en esta semana, estaremos convocando una movilización a las puertas del Juzgado 16, Callao 635, el lunes 17 a las 9”, informaron los trabajadores, hoy constituidos como cooperativa.

El laboratorio Roux-Ocefa, fundado en 1935, entró en convocatoria en 2016, con un pasivo que rondaba los 50 millones de pesos. En abril de 2017, ya concursado, fue vendido por la familia Roux a la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales, que en febrero de 2018 se la vendió al grupo del polémico empresario Ariel García.

La cooperativa Farmacoop –conformada por trabajadores de Roux Ocefa- tiene tomada la planta de Villa Luro. La empresa tiene otra planta productiva en Lugano, una casa central en Congreso y un campo en Mercedes.

“El último grupo económico, que tiene a Ariel García como cara visible, pertenece al mundo de las mafias de los medicamentos, que a pesar de tener las plantas inhabilitadas y de estar inhibidos por ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica – Ministerio de Salud), siguieron elaborando medicamentos en otro laboratorio y con otro nombre. Lo que quieren es quedarse con las patentes de nuestros medicamentos”, contó a Tiempo Bruno di Mauro, uno de los trabajadores. 

“Compraron las acciones de una empresa concursada, con un activo menor que el pasivo, y acrecentaron la deuda”, detalló y agregó: “Comenzaron a manejar la empresa en marzo, no nos dejaban entrar al laboratorio y nunca pusieron un peso. Además, se empezaron a llevar la maquinaria”.

Di Mauro expresó: “Nuestra intención es recuperar la empresa. Ya armamos la cooperativa, presentamos el plan productivo. Tenemos acuerdos con proveedores, con otros laboratorios, el apoyo de todos los bloques de la Legislatura porteña. Es un proyecto muy sólido, pero no lo podemos llevar a cabo hasta que se determine la quiebra”. Así las cosas, los trabajadores exigen al juez Sanchez Cannavó que determine la quiebra, para recuperar sus puestos de trabajo.

La empresa tenía 400 trabajadores cuando entró en concurso. En la última nómina presentada por la Sociedad Anónima, había 70. “Como no hay recibo de sueldo hace dos años, también está en discusión ese número. En este momento, en la empresa no hay trabajadores activos. A ninguno se le pagó indemnización. En la cooperativa, somos alrededor de 60”, resumió Di Mauro. En un comunicado, los trabajadores aseguraron estar “dispuestos a que se liquide gran parte del activo, que no vamos a utilizar, para cubrir las indemnizaciones de quienes no quieran continuar como cooperativa”.

“Se acabó, estamos cansado de tanto circo y tanta farsa, donde los más perjudicados somos notros. Solo quedamos los trabajadores, somos los únicos garantes de lo que queda de la empresa y de la posibilidad de su continuidad”, sentenció el comunicado firmado por Farmacoop, el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). La pelota, ahora, está en manos del juez Sanchez Cannavó.