Cuando se habla de empresas autogestionadas por sus trabajadores o cooperativas de trabajo, como guste mencionarlo el lector, se trata de entidades integradas y dirigidas por el trabajo y no por el capital. Esto podía ser una definición no comprometida y meramente descriptiva como una forma de organizar la empresa. Pero la experiencia mostró por un lado, el sentido transformador de la sociedad que denota la lógica de crear empresas en las cuales lo prioritario no es maximizar la ganancia sino crecer y satisfacer las necesidades de los trabajadores asociados. Mientras que por el otro, se percibe una dependencia con el desarrollo y crecimiento de los sectores populares y productivos de la nación.
Este sector, cuyos orígenes en nuestro país se relacionaron siempre con situaciones de crisis, se inició hace más de 50 años, siempre vinculado al resto del movimiento cooperativo, representando una alternativa laboral que sobrellevaba dificultades como la falta de capital o de tecnología. Sin embargo, a partir de fines de los años 90 y sobre todo de la crisis terminal del 2001 marcó una presencia en la vida social y política concibiendo al trabajador autogestionado como un sujeto.
Los años posteriores fueron de desarrollo y crecimiento. Si bien no se contó con políticas gubernamentales que apuntasen a la consolidación definitiva del sector, hubo apoyo y fundamentalmente se canalizó la demanda pública en función de fomentar el crecimiento y la incorporación de trabajadores mediante programas de demanda de obras, servicios y productos cooperativos.
En la actualidad, comanda los destinos de la Argentina un gobierno cuyo proyecto fue elegido por la mayoría pero paradójicamente toma medidas a favor de una minoría. Bajo este signo político, el escenario ha cambiado por completo. El crecimiento del producto y la distribución de la riqueza son reemplazados por un modelo que pone como prioridad el detener la inflación mediante el enfriamiento total de la economía, la búsqueda de financiamiento con endeudamiento externo, exportación de materias primas e importación de manufacturas terminadas.
Este esquema, años atrás nos llevó a la crisis terminal del 2001, y mientras tanto un desmoronamiento de los factores productivos del país y el retiro del estado como dinamizador de la economía mediante la demanda de bienes y servicios.
Es verdad que existían dificultades en el sector externo de la economía, pero su solución se encontró con más dificultades políticas que económicas y nunca debió pasar por estas recetas que pretende instalar el actual gobierno, ante una supuesta crisis que nunca terminamos de percibir.
Las consecuencias de este modelo, ya las empezamos a conocer: aumento del desempleo, endeudamiento en dólares, aumento de precios en consonancia con la devaluación de la moneda y una total disminución del mercado interno. Ahora se presentan los índices de pobreza, como mirando para otro lado, sin reconocer el aumento que tuvieron en estos diez meses de gobierno.
Nuestras cooperativas son golpeadas por todas y cada una de las medidas implementadas. Al igual que la mayoría de las pymes productivas, desarrollamos una actividad dependiente del consumo interno. La política expuesta por el gobierno que pretende la libre importación y la exclusión de sectores enteros de la industria nacional, como es el caso del sector textil, metalmecánico y otros, hace que resulte imposible para nuestras cooperativas y para la industria nacional competir en precio con los productos fabricados en escalas mayores y con condiciones laborales de esclavitud.
A ese mercado interno retraído, caída de poder adquisitivo de la población y libre importación se le agrega ahora un inusitado aumento de las tarifas de los servicios que pagan las cooperativas. Más allá de la batalla judicial que se está librando por los diferentes sectores, los costos de electricidad, gas y agua se disparan superando lo pagado en salarios poniéndonos, una vez más, al borde de la rentabilidad, con la amenaza de cerrar las puertas o dejar de producir.
Este certificado de defunción que están preparando en honor a la competitividad tiene consecuencias tremendamente negativas, no solo para las empresas y las cooperativas sino para el empleo y el bienestar de la población.
Por otra parte, el actual modelo de ajuste determina un rol del Estado pasivo, desentendiéndose del rol de dinamizador y planificador de la actividad económica. Se insiste con el argumento de que la economía se reactiva y se solucionan sus problemas a partir de una anhelada y teórica inversión. Sin embargo, no hay experiencias en que, en estas condiciones, la inversión se dirija a la producción y generación de empleo, y mucho menos a sectores que den oportunidades a las cooperativas.
El gobierno ha anunciado desde su asunción planes de obra pública, obviamente basados en la hipótesis del financiamiento con deuda externa. Pero su concreción, aún está pendiente. Dentro de esos planes, la presencia del sector autogestivo brilla por su ausencia. Los proyectos en que se incluía a las cooperativas de trabajo han disminuido. Es el caso del programa Socio Comunitario que dejó sin ingreso a unos 35 mil trabajadores y más de 2000 obras paradas que contaban con avances que iban del 20% al 80 por ciento.
Las cooperativas reclaman su participación en la obra pública, no ya como plan social sino en su capacidad de construir con eficiencia al igual que otras empresas. En este sentido, la sociedad debe ser consciente de la elección que se hace con el poder de compra, que no es lo mismo adquirir en el mercado artículos importados que productos de fabricación nacional y, particularmente, a las cooperativas de trabajo, porque de esa forma se genera empleo y se practica una distribución equitativa.
En este tiempo histórico, el lugar de trabajadores autogestionados y constructores de la economía social requiere e impone la tarea de defender los derechos alcanzados, aportando a una transformación profunda de la sociedad, que sea más justa y humanitaria.
Es el momento en que las cooperativas deben dejar de mirar solamente hacia su interior y entender que la viabilidad de los emprendimientos está ligada al contexto económico, político y sectorial en que se desenvuelven.
El futuro requiere construcción de alianzas económicas dentro del campo popular y productivo. La integración de cooperativas en redes sectoriales que se inició en los últimos años fue esencial y debe ser ampliada a los sectores pymes y a las economías regionales, reclamando políticas públicas que den viabilidad. A su vez, la pelea debe contener la construcción de alianzas con sectores sindicales y sociales, demostrando que nuestra economía es una alternativa real a la concentración financiera. Ganando las calles, dando la batalla judicial ante las medidas arbitrarias como los tarifazos, participando y aun así, sabiendo que la solución no está en la presentación de medidas aisladas e individuales sino en la capacidad de asociación y la unidad con otros sectores con fuerte vocación de construcción de mayorías.
Hoy, las cooperativas de trabajo son un factor fundamental en el desarrollo productivo e industrial nacional. La discusión no pasa por tener o no un subsidio, sino discutir la capacidad de trabajar y aportar al desarrollo de un modelo de país inclusivo y soberano que dé respuestas a las necesidades y derechos del pueblo.
Se impone entonces, la tarea de generar respuestas pero por sobre todo, propuestas. La asociación en redes, el fomento de programas como el Compre Cooperativo que promueve todas las iniciativas en defensa del trabajo genuino, sin explotación, la sustentabilidad de las unidades productivas de la economía social y la intervención en la puja distributiva con el Estado y el mercado.
