En los kioscos del país hace ya más de una semana que se hace muy difícil conseguir cigarrillos. Los fumadores se han tenido que adaptar a las segundas marcas o los productos stockeados que, en general, se limitan a variantes saborizadas con menta y otras frutas como frutilla y hasta sandía.
Pero detrás de los fumadores hay toda una industria que se encuentra paralizada y que compromete a más de diez mil puestos de trabajo. Y hay supuestas irregularidades también, porque mientras Massalin Particulares abrió sus puertas en Merlo a comienzo de semana, la planta de Nobleza Piccardo de Pilar aún no fue habilitada.
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Más allá de las empresas, en el medio está la preocupación de los trabajadores. Mediante un comunicado conjunto, los secretarios generales del sindicato y la federación del tabaco expresaron su “profunda preocupación por el freno de la actividad industrial de fabricación de cigarrillos como consecuencia de las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio dictadas por las autoridades nacionales”.
Los gremios aseguran que “es nuestra obligación visibilizar la permanencia del freno de nuestra actividad, más aún cuando hemos trabajado las dos organizaciones sindicales y las empresas en un protocolo sanitario que nos permita reanudar las actividades de manera segura en las plantas de fabricación de cigarrillos”.
Por eso, sin vueltas, solicitan “la reapertura de las fábricas que aún permanecen cerradas”. Es que, por otro lado, aseguran que “las empresas para hacer frente al desabastecimiento decidieron importar cigarrillos desde otras plantas de la región, por ejemplo, de Brasil y Chile, con el peligro que esto genera a las fuentes de trabajo de la actividad que representamos”.
Al mismo tiempo apelan a “las autoridades del gobierno” que “comparten el valor del empleo industrial argentino, y que no está entre sus objetivos que dichas actividades, generadoras de mano de obra y dinamizadoras de la economía de la Nación, sean reemplazadas por bienes traídos del extranjero”.
Por otro lado, aseguran que esas importaciones “significan un riesgo sanitario, dado que en dichas jurisdicciones hay una alta circulación del virus COVID 19”.