Un año de crueldad mileísta

En contra de los pronósticos, Milei arriba a su primer año de gestión con buena parte de la iniciativa política del país en sus manos y con ciertas variables económicas en estado de precaria y relativa estabilidad, habiendo logrado sortear el estallido social y el desmadre gubernamental previstos en los primeros meses de su administración. Incluso, el reguero de grandes manifestaciones de oposición a las medidas libertarias conoció un declive tras la concentración estudiantil de principios de octubre en defensa de la universidad pública.

Los niveles de apoyo o imagen positiva alcanzados por el gobierno no son tan diferentes a los de los anteriores a esta altura de su recorrido. Lo inaudito y paradójico del caso es que esta situación de aparente respaldo ciudadano, tal como parecen indicar las encuestas de opinión, convivió con un experimento de ajuste social y pérdida de conquistas de las clases populares pocas veces reconocibles en anteriores ciclos democráticos.

No es exagerado afirmar que finalizamos un año de crueldad. Es lo que ofreció una administración que se presentó como explícitamente partidaria del empresariado, la libre empresa y el capitalismo sin límites, descargando un conjunto de medidas en contra de los ingresos de las grandes mayorías con una profundidad y velocidad sólo comparables con lo ocurrido en los primeros tiempos de la dictadura instaurada en 1976. Hasta el momento, antes que una motosierra, este jacobinismo de extrema derecha empleó una licuadora que, en función de reducir dramáticamente el gasto público, diluyó las jubilaciones, las pensiones y los salarios de los empleados estatales en porcentajes superiores al 30%. Las universidades, la investigación científica, la educación, la salud, la vivienda, las obras básicas de infraestructura, es decir, el mundo de lo público y estatal fue seriamente afectado en sus posibilidades de reproducción en el altar del combate al déficit fiscal, un objetivo que convivió promiscuamente con el mantenimiento de todo tipo de subsidios, exenciones y rebajas de impuestos al gran capital, al sector financiero y a los sectores pudientes. La inducción a una recesión económica y una caída del consumo popular, que aún no muestran signos de reversión, agravó la situación de la amplia capa de trabajadores precarizados e informales, pero también produjo un aumento de los desocupados en el sector privado bajo convenio (cerca de 200.000 personas). También se incrementaron los gastos en transporte y servicios públicos, merced al fuerte incremento de las tarifas.

Para explicar esta paradoja, que presenta a un gobierno de salvajes políticas aún con niveles altos de consenso, se debe atender al hecho que Milei y el elenco libertario lograron canalizar un estado de la opinión pública basado en dos grandes elementos. Por un lado, el repudio largamente cimentado, no sólo a las administraciones kirchneristas y macrista de los últimos veinte años (coexistentes con una economía sin crecimiento durante la última década), sino al conjunto de la clase política (la casta) e incluso a la deteriorada encarnación de la administración pública y estatal. El costado más reaccionario de estas demandas fue la exigencia de poner “en orden” el espacio público (libre de manifestaciones y piqueteros) y la tendencia a encontrar en la quita de derechos sociales, civiles y políticos democráticos una suerte de “resarcimiento” compensatorio de los pesares propios de muchos excluidos de aquellos, ahora presentados como privilegios caprichosos y onerosos. El otro factor fue el inquebrantable deseo de estabilidad económica, tras los atisbos de un desboque inflacionario, que en 2023 aparecía consolidado en las tres cifras. La gestión derechista encontró un marco de oportunidad en el rechazo de la casta “partidocrática” y de la inestabilidad de las variables económicas, aplicando las recetas de un decisionismo seudo autoritario, disruptivo y pletórico de agresiones antidemocráticas (que lo mostró dinámico y ocupando el centro de la atención) y en una baja de la inflación que por ahora parece darle algunos resultados.

Desafíos mayúsculos

Negar esta relativa fortaleza gubernamental sería necio. Sobreestimar sus posibilidades también. Los desafíos en el aspecto económico-social siguen siendo mayúsculos. La alquimia antiinflacionaria funciona en base a componentes difícilmente sostenibles en el tiempo, como lo son el enfriamiento de la actividad económica y un atraso cambiario, que viene haciendo crujir la competitividad del sector productivo y el empleo. Pronto, la pulverización de los ingresos de amplias capas populares y el aumento de la desocupación pueden reemplazar a la anterior preocupación por la suba de precios. La estabilidad hoy festejada por amplias capas de la burguesía acabará en un momento u otro en los tradicionales reclamos devaluatorios. Y las presiones del FMI y los acreedores reclamarán esos dólares para el pago de la deuda que hoy el país, a pesar de todo, no está pudiendo acumular.

En términos políticos, el mileismo, todavía una aventura construida en torno a una bizarra figura circunstancialmente arribada al poder, debe acometer la proeza de estructurar una fuerza partidaria mínimamente coherente, eficaz y bien arraigada en la geografía electoral del país. Incluso con un triunfo rutilante en las próximas elecciones y pudiendo deglutir a buena parte de los votos y del personal político de un PRO en vías de disgregación y de elementos siempre advenedizos del peronismo, del radicalismo y de agrupaciones localistas, La Libertad Avanza estaría lejos de asegurar mayorías propias en las cámaras legislativas y las gobernaciones provinciales. Además, la creciente consolidación de su respaldo electoral muy probablemente convivirá con una profundización del nivel de rechazo de la otra mitad de la sociedad que no comulga con su accionar. Y la extrema polarización deberá ser procesada, en signo contrario, con una ruptura en el plano interno, pues la propia LLA experimenta un quebranto en el vínculo interno con la vicepresidenta Villarruel de consecuencias nocivas. En tanto, la demagogia anticasta, que le confirió su capital fundante a los libertarios, es sometida a una oxidación recurrente: el caso Kueider es sólo una evidencia más.

Hasta ahora la historia argentina evidencia que los programas máximos del gran capital, sobre todo los descarnadamente patronales y reaccionarios en la variante libertaria que padecemos, no lograron estabilizarse en un largo o mediano plazo. Nada es descartable en la dinámica de las sociedades. Pero no hay señales ni elementos contundentes que demuestren que este experimento de crueldad tiene el terreno despejado. La moneda está en el aire. «