Orillando el mes de septiembre la abrumadora mayoría de los trabajadores no consiguió recomponer sus salarios a través de las paritarias para el ejercicio del año 2020 cuando, a su vez, la inmensa mayoría de los acuerdos ya se encuentran vencidos.

Se trata de 10,7 millones de empleados registrados que, en nombre de la cuarentena y la crisis provocada por la pandemia, no han actualizado sus haberes. A ellos deben sumarse los 388 mil empleados que perdieron su empleo entre febrero y mayo de este año.

Según las estadísticas oficiales que publica el ministerio de Trabajo, entre febrero y marzo, el salario privado registrado promedio cayó un 5,3% entre febrero y mayo de este año como resultado de las suspensiones y los pagos parciales de haberes,

La cartera laboral emitió un informe que destaca que, a la fecha, se cerraron 23 acuerdos paritarios que incluyen a poco más de un millón de trabajadores que representan algo más del 19% de los acuerdos del sector privado.

Los que asumieron un carácter anual, un 43% de las firmadas, en promedio, se cerraron por un 27%. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado publicado el 7 de agosto por el Banco Central de la República Argentina, sin embargo, la inflación durante el año alcanzaría un 39,5%. En todos los casos se fijaron cláusulas de revisión no así clausulas de actualización automática (gatillo).

Esas paritarias, en general, se firmaron a partir del mes de julio y agosto e involucran especialmente al sector manufacturero con 16 acuerdos que explican el 52% de los trabajadores asalariados involucrados. El acuerdo más relevante, por su parte, fue el que selló el gremio de los Camioneros porque alcanzó un 30% y afecta a gran parte de los más de 520 mil trabajadores que se desempeñan en el sector del transporte y las comunicaciones. 

El gremio de Comercio que involucra a más de un millón de trabajadores y en sus principales ramas no ha visto interrumpida su actividad, por su parte, no ha abierto el proceso de discusión que expiró en mayo de este año.

Por fuera quedaron, por el momento, los 3,2 millones de empleados públicos que incluyen a los trabajadores de la salud, los docentes de todos los niveles (en el caso de los universitarios sufrieron también el incumplimiento de la cláusula gatillo de 2019) y los empleados administrativos nacionales, provinciales y municipales. Entre los 11,7 millones que componen el universo de trabajadores registrados también deben contabilizarse a los y las 370 mil trabajadores de casas particulares que, si bien no tuvieron paritarias fueron los únicos trabajadores registrados que se beneficiaron con el IFE así como los más de 2,2 millones de monotributistas y autónomos de los cuáles 357 mil revistan como monotributistas sociales y se presume forman parte de los beneficiarios de programas sociales del ministerio de Desarrollo Social cuyos haberes se actualizan con el salario mínimo vital y móvil que tampoco se re discutió a pesar de haberse vencido el acuerdo el 31 de julio último.

El informe oficial destaca que “el criterio principal utilizado para otorgar los aumentos consistió en establecer porcentajes de incremento sobre la base de los salarios básicos definidos en el convenio colectivo respectivo”.

En otros casos se acordaron sumas fijas  que, según la cartera laboral, implican una “incidencia porcentual dispar sobre las distintas categorías profesionales”. El ejemplo más destacado a respecto es el de los metalúrgicos que acordaron una asignación de $30.000 a pagar en cinco cuotas mensuales consecutivas entre los meses de agosto y diciembre de 2020.

En otras paritarias, puntualizan, “se incorporó el aumento solidario establecido por decreto en los básicos de convenio (en referencia de los $4 mil) y, además, se pactó el pago de una suma fija”. 

Así las cosas, desde los gremios, comienza abrirse paso el reclamo que fue pospuesto en nombre de una situación que se presumía se despejaría mucho antes de lo que está efectivamente ocurriendo.