Con el pragmatismo propio de quien necesita dar vuelta una elección en apenas seis semanas, el gobierno decidió enviar al Congreso el proyecto de la Ley de Fomento al Desarrollo Agroindustrial. La norma busca incrementar las exportaciones de ese sector en el mediano y largo plazo, para lo cual establece una serie de exenciones impositivas que, se espera, estimulen la inversión. Habrá que ver si el intento tiene repercusiones en las elecciones de noviembre.

A grandes rasgos, se trata de la propuesta que el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) había elevado el año pasado al mismo gobierno. Muy poco se había avanzado desde entonces, pero el cambio de tiempos políticos y también de miembros del Gabinete apuró su formalización, de la mano del nuevo ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez.

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Bajo la consigna de promover inversiones que permitan un mayor valor agregado en origen, el proyecto se plantea metas ambiciosas: alcanzar los 200 millones de toneladas de producción en cereales, oleaginosas y legumbres y los 100 mil millones de dólares en exportaciones de bienes y servicios, de cara a 2030. Eso redundaría, según las estimaciones del CAA y el gobierno, en la creación de unos 700 mil puestos de trabajo. A cambio, la administración ofrece beneficios impositivos (cuyo monto todavía no fue precisado) tales como amortización acelerada para nuevas inversiones, menor tiempo en devolución del IVA y créditos fiscales para la compra de insumos, entre otros.

En el primer lugar

Aun sin ese plan, el sector ya es el principal protagonista del comercio exterior nacional. Según datos oficiales del Indec correspondientes a agosto de 2021, el 68,1% de las exportaciones argentinas proviene de productos primarios y manufacturas de origen agropecuario (MOA). La participación incluso se incrementó en 3,6 puntos porcentuales en los últimos dos años, en detrimento de las manufacturas de origen industrial (MOI), que quedaron relegadas a un 24,6%. Además, el sector se vio beneficiado por el alza de precios internacionales, a tal punto que en los primeros ocho meses del año el monto de las ventas al exterior de manufacturas agropecuarias subió un 44,6% con relación al año pasado.

De todas maneras, en el Ejecutivo primó la urgencia por dar señales concretas y desactivar frentes de conflicto, los cuales abundan en la relación con los dirigentes agropecuarios. Los cupos para exportaciones de carne vacuna (los cuales también se relajarán a partir de enero) y los derechos de exportación son solo algunos de ellos. Por eso los anuncios fueron formulados por el propio presidente Alberto Fernández y acompañados por más pompa que otros de los últimos días destinados al sector industrial. Entre ellos, la quita de retenciones desde el año que viene para las ventas al exterior de las firmas automotrices (solo en la fracción que superen las comercializadas en 2020) y al software, la robótica y la producción audiovisual, que tienen un mayor valor agregado.

Retenciones

Precisamente, las retenciones fueron un tema que se dejó cuidadosamente de lado en los anuncios. El proyecto original del CAA comprendía una baja parcial y escalonada en las alícuotas. Sin embargo, el gobierno antepuso sus necesidades fiscales para desestimarla. “No hay mención alguna sobre el tema retenciones. Es un capítulo que ha quedado aparte”, confirmó el titular del Consejo, Gustavo Idígoras, en una entrevista con Radio con Vos. “Es una ley que no afecta para nada lo que ya existe. La idea es promover mayor producción, mayor nivel de ventas, de uso de tecnologías y también de importaciones”, agregó.

Las fotos del acto en el Museo del Bicentenario tensaron la interna agropecuaria. La Mesa de Enlace, desplazada por el Consejo como principal interlocutor del gobierno, fue crítica con la iniciativa. Entre otras cosas, se quejaron de la creación de una “línea de base” que los productores deberán superar para acceder a los beneficios fiscales y sostienen que factores fuera de su alcance, como una eventual sequía, podrían impedirles calificar para las exenciones. En un comunicado, las entidades que conforman la Mesa (la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales, la Federación Agraria y Coninagro) dijeron que el proyecto “no es más que un aporte menor de ideas elevadas al Poder Ejecutivo” y pidieron “una ley de contenido mucho más amplio, donde queden claras las premisas fiscales de reducción de los derechos de exportación hasta su eliminación”.  «