Encabezados por el Foro de Convergencia Empresarial y sectores de la UIA, aseguran que la culpable del aumento de los precios es la presión impositiva.
Las empresas participaron de los encuentros pero utilizaron sus canales de difusión para despegarse del tono celebratorio del gobierno y atribuirle al Estado la responsabilidad por las subas de precios con el argumento de la presión tributaria.
Así, hubo comunicados de la Unión Industrial (UIA) y del Foro de Convergencia Empresarial (FCE) con críticas al enfoque que auspicia Balcarce 50, orientado a profundizar el análisis de la formación de precios.
También se publicaron estudios privados que aportaron datos sobre el clima empresarial, entre ellos uno de la consultora KPMG sobre impuestos, y el mensual Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que difunde el Banco Central (BCRA), que mostró una perspectiva de menor inflación y del valor del dólar que la que se venía dando.
Alimentación
En la previa de la reunión con la cadena de valor alimenticia, la UIA cuestionó los cambios a la Ley de Defensa de la Competencia que votó el Senado. En una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, la central fabril tachó la normativa como un obstáculo para las inversiones.
La parte que consideran crítica es la ampliación de la definición de concentración de los mercados. En la previa del encuentro con las alimenticias, no era una observación menor: las empresas desvían la atención de la formación de precios porque las obliga a tratar la situación monopólica de la oferta de productos de primera necesidad. Todo el mercado de alimentos de consumo masivo está dominado por un grupo cercano a las 30 empresas.
A la mesa de las alimenticias también se sentaron productores de materia prima y los fabricantes de envases, dos grupos que habitualmente pasan desapercibidos pero que cumplen un rol en la formación de los precios mayoristas.
La versión oficial dice que los funcionarios pidieron información sobre aumentos de hasta el 60% y que aprovecharon el envión para llamarlos a comprometerse con un techo inflacionario del 29% «después de un año en el que los insumos subieron por encima de los productos finales».
Construcción
Al día siguiente la convocatoria fue para la cadena de la construcción. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, reeditó el pedido de un máximo de inflación acorde con las cuentas del Presupuesto 2021 y de voluntades para encaminar «mecanismos de coordinación» que propicien el crecimiento de la industria.
Como el día anterior, Kulfas y Paula Español, la secretaria de Comercio Interior, señalaron aumentos injustificados en el sector. Español en particular viene negociando la lista de precios cuidados de materiales que estaría cerca de publicarse.
La construcción repuntó en 2021 y el gobierno teme que su aceleración pueda empujar todavía más la escalada de los precios. El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, sugirió que el control de esas «alertas» es una suerte de condición para ejecutar los planes para reactivar 55 mil viviendas que están en suspenso y de iniciar la construcción de otras 120 mil, algo que interesa particularmente a las empresas del sector.
Devolución
En el contexto de estas negociaciones reapareció el jueves el Foro de Convergencia Empresarial (FCE), en el que confluyen unas 50 cámaras empresariales y asociaciones de la sociedad civil afines al mundo corporativo. El FCE fue al hueso y devolvió al gobierno la acusación de responsable por los aumentos de precios. También agregó a la lista la presión tributaria y el costo del financiamiento, tres factores que, según el razonamiento, explican la falta de inversiones.
El tributario es un argumento recurrente de las patronales, que vienen reclamando cambios en los últimos años. En sintonía la Encuesta de Impuestos de KPMG que se difundió el domingo con respuestas de 70 ejecutivos de finanzas de grandes y medianas empresas argentinas, seleccionó al Impuesto a los Ingresos Brutos como el más nocivo para las cuentas de las empresas. «
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