En 2018, el gobierno de Mauricio Macri comenzó el traspaso de Edenor y Edesur a las jurisdicciones de Ciudad y Provincia de Buenos Aires. En 2019, se firmaron los acuerdos y el pase se hizo efectivo. Pero duró poco. Apenas asumió Alberto Fernández, el traspaso quedó sin efecto, al sancionarse la Ley de Emergencia Pública.

Ese acuerdo rubricado por el gobierno macrista incluía una serie de negociaciones con las empresas Edenor y Edesur, entre las cuales se encontraban las deudas que tenían ambas empresas con los usuarios. Los números están en discusión, pero oscilan entre los 15 mil y 30 mil millones de pesos. Se trata de deudas que las distribuidoras tenían con los usuarios por daños provocados por cortes de luz o fallas en el servicio. En la negociación, se dispuso que ese dinero retorne a la sociedad en forma de inversiones.

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En septiembre último, a través de la Resolución 590/2021, el Ministerio de Economía declaró “lesivo” el acuerdo e instruyó a la Dirección de Asuntos Contenciosos de Energía a que “inicie acción judicial de lesividad contra Edenor y Edesur a fin de obtener la declaración judicial de nulidad del convenio y de los actos dictados en su consecuencia”.

A partir de esta resolución, organizaciones de usuarios y consumidores entendieron que podrían reclamar ese dinero para los acreedores originales, es decir, los usuarios perjudicados por las empresas.

Fernanda Lacey, integrante de la Unión de Usuarios y Consumidores, que a su vez coordina la Comisión de Usuarios Residenciales del Enre, explicó a Tiempo: “Es una cantidad de dinero de multas a favor de los usuarios por distintos problemas. De esa suma, en el traspaso, nadie pagó nada y se comprometieron a invertirlo en obras, lo cual nunca sucedió”.

“Está muy bien que el Estado reclame y nosotros vamos a reclamar para que se pague a los usuarios. Encontramos en esa resolución una puerta abierta para hacer ese reclamo y lo estamos preparando para judicializarlo”, adelantó.

Congelan el precio

mayorista

A través de la Resolución 1029/2021, la Secretaría de Energía resolvió esta semana congelar el precio mayorista de la energía eléctrica. Si bien la decisión causó cierto revuelo mediático, empresas, cooperativas y usuarios coinciden que no fue inesperado y no tiene incidencia en la tarifa que pagan los usuarios.

Desde Adeera (Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina), entidad que nuclea a las grandes distribuidoras del país, apuntaron: “Lo que se congeló es el precio mayorista. El VAD (Valor Agregado de Distribución), que es lo que recibe la distribuidora, es de jurisdicción provincial y cada provincia es autónoma para definir sus tarifas”.

Desde FACE (Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas), coincidieron: “Se acaba de congelar el precio de la generación de energía, no el costo. Es la compra de energía a nivel nacional, que está subsidiada entre un 60 y 70%, y que es igual para todas las distribuidoras. Eso no las complica. El VAD se regula en cada provincia y en cada jurisdicción. No hay perjuicio para las cooperativas”.

Lacey, en el mismo sentido, profundizó: “No es algo tan diferente a lo que viene pasando desde hace dos años: se establece semestralmente el precio estacional de la energía. En algunos casos, hay un pequeño aumento y en otros, no. Establece el valor para el mayorista de noviembre hasta abril. Es un tecnicismo normal, que va en la misma línea de lo que viene haciendo el gobierno”.

“Es positivo que este valor  quede congelado, aunque la incidencia es baja en la tarifa residencial. Por ejemplo, en abril último, hubo un incremento que tuvo una incidencia de apenas el 2% en la tarifas que pagan los residenciales. No me parece ni sorprendente, ni maravilloso, ni perjudicial. Todos los años sucede”, concluyó la especialista.

En la agenda de temas por resolver, quedan pendientes tanto la Revisión Tarifaria Integral (RTI), que diagramará el nuevo esquema tarifario, como la segmentación de tarifas, que el gobierno pretende implementar para direccionar mejor los subsidios. En ambos casos, a partir del decreto 1020/20, el Estado tiene tiempo para resolver hasta diciembre de 2022, y todo indica que no habrá novedades hasta que se acerque esa fecha. «