La tardía presentación del balance 2019 fue el elemento central que motivó al juez Fabián Lorenzini a intervenir Vicentin, pero de la lectura del fallo que emitió el jueves pasado se desprende que fueron varios los eventos que precipitaron la decisión. Más allá de los fundamentos, lo cierto es que el escenario abierto con la sorpresiva medida genera más dudas que certezas sobre el futuro de la agroexportadora, fundamentalmente porque el tablero luce hoy muy distinto respecto a junio, cuando se produjo la primera intervención. No solo porque el Estado (al que el magistrado le asignó un importante rol) no parece del todo dispuesto a acompañar la iniciativa, sino también por la propia situación de la empresa, cuyo respirador artificial entró en crisis esta semana.

El titular del Juzgado Civil y Comercial de la 2º Nominación de Reconquista esgrimió en su escrito que la principal motivación para romper con la independencia del directorio fue “la omisión, recurrente y sistemática, de brindar informaciones”. Citó como primer ejemplo las “inconsistencias” en torno a la presentación de los estados contables del ejercicio previo a la cesación de pagos. También mencionó el “silencio” respecto a la elaboración del balance 2020 y el “ocultamiento” de las razones por las que rompió su vínculo con KPMG, la consultora que le auditó sus cuentas hasta abril.

Lo que convenció a Lorenzini de intervenir fue que, a casi un año del anuncio de “estrés financiero”, todavía hay importantes interrogantes sin respuesta. En su fallo menciona que aún no se sabe “cuál fue el destino del stock de materias primas y productos elaborados” (el rubro Bienes de Cambio bajó drásticamente de $ 35.000 millones a $ 7262 millones entre octubre de 2018 y octubre de 2019) y que resulta imposible entender “si el descalce cambiario se produjo por cuestiones exógenas o endógenas”.

También sigue siendo incierto el funcionamiento del “complejo entramado de relaciones y vinculaciones” entre las empresas del grupo. En particular, puntualizó sobre la participación de la concursada en Renova, cuya mayoría accionaria posee la suiza Glencore, sobre la cual sembró sus dudas por papeles firmados apenas 72 horas antes del concurso, que posicionan a Vicentin “en una incómoda situación”.

Con todos estos argumentos, Lorenzini entendió que era necesario “incrementar el grado de intervención” sobre la compañía, recordando que desde el 7 de agosto designó una veeduría con carácter de contralor externo a la administración. De ese órgano tomó el nombre del responsable de la nueva intervención: Andrés Shocron, un exejecutivo de Terminal 6 que fue propuesto por la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), el principal acreedor comercial de Vicentin.

Más dudas que certezas

Amén de las buenas intenciones que asegura profesar el magistrado, su decisión no parece haber llegado en el momento propicio. Él mismo indicó en su fallo que la crisis sólo se resolverá con “voluntad, creatividad y genuino involucramiento de todos los protagonistas”, pero el escenario no parece alineado en ese sentido. Por caso, el juez le pidió al gobierno de Santa Fe que nombre un sub interventor, pero el secretario de Justicia provincial ya dijo que la intervención “llega tarde” y no aseguró que se plieguen a la iniciativa.

En junio pasado, el Estado había organizado voluntades para proceder a un salvataje, pero el juez prefirió confiar en la buena fe de los empresarios, que terminaron rompiendo las negociaciones. ¿Participará, finalmente, el Estado en esta nueva etapa? ¿Tallará en lo que viene que el nuevo interventor tenga el visto bueno de ACA, una entidad conformada por 147 cooperativas y 50 mil productores? En diálogo con este medio, Shocron se mostró muy medido en sus declaraciones y aseguró que “es muy apresurado” plantear una salida a la crisis, aunque remarcó que “hay buena voluntad de todas las partes”.

El problema es que no solo está en duda la “voluntad” del Estado, sino que tampoco parece ser “buena” la actitud del resto de los actores. Un ejemplo de esto último es lo que viene sucediendo con Díaz & Forti, la empresa que se venía desempeñando como respirador artificial de Vicentin a través de contratos de fasón le opera sus principales plantas y le asegura el capital para pagar sueldos y demás costos fijos. El viernes la firma fue quitada nuevamente del Registro Único de Operadores de Granos (Ruca), por lo que quedó imposibilitada de comprar, vender, recibir y despachar cereales. La medida no fue “por un problema con una coma” (como denunció hace dos semanas el CEO de Grupo Olio -el holding dueño de Díaz & Forti-, cuando se produjo una primera suspensión en el Ruca), sino porque el Banco Central informó que la empresa tenía U$S 450 millones sin liquidar.

Con este escenario, parece difícil que la intervención dictada esta semana por el juez Lorenzini consiga buenos resultados en lo inmediato. Ahora el magistrado tiene un mayor control sobre la compañía, pero nada se sabe sobre cuándo y cómo pagará sus deudas, que esta semana la sindicatura confirmó que rondan los U$S 1350 millones. Un año atrás, cientos de productores, corredores y acopiadores se despertaban con la noticia de que Vicentin no iba a cumplir sus compromisos. Ahora, la compañía sigue siendo un gigante con pies de barro que aún no sale de su crisis.  «