La relación entre el gobierno y las entidades agropecuarias volvió a tensarse con la publicación en el Boletín Oficial de una norma que endurece los requisitos para la exportación de carne. Apenas unas horas después, la Mesa de Enlace se declaró “en estado de alerta” y anticipó que abrirá “un tiempo de consulta” con las entidades agropecuarias a las que representa.

El detonante fue la resolución conjunta 3/21 de los ministerios de Desarrollo Productivo y Agricultura, que dispone la presentación obligatoria de una Declaración Jurada de Exportación de Carnes (DJEC), en la que se deberá detallar los datos del vendedor, del comprador, del producto que se exporta, la cantidad y su precio. También se deberá indicar si la empresa exportadora consigna sus niveles de venta y stock en el sistema informático SIPRE y en caso contrario, informar lo comercializado en el mercado interno en los últimos dos meses.

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Según los considerandos de la resolución, difundida este martes, el nuevo régimen busca obtener mayor información “para la ejecución de políticas públicas destinadas a la promoción de las exportaciones y al mismo tiempo, el debido abastecimiento de la demanda interna”. También indica que el nuevo sistema de registro permitirá “establecer políticas públicas tendientes a evitar posibles desequilibrios en el mercado interno de la carne en condiciones de abastecimiento, precio y calidad”.

El ojo de las autoridades, en efecto, parece puesto fronteras adentro. Es decir, asegurar que los productores cubran primero la demanda local y desenganchar de esa manera los precios internos, ligados a la oferta y la demanda local, de los de exportación, vinculados al dólar. Por esa razón el texto de la resolución adelanta que la información obtenida será cruzada con la de la Secretaría de Comercio Interior para confrontar “el cumplimiento por parte de los sujetos obligados de los marcos legales de ambos organismos”.

En el sector ya contaban con un adelanto de estas medidas, aunque la cantidad de productos que abarca es mayor de lo que se esperaba: además de la carne bovina incluye la porcina, ovina, caprina, equina y avícola, ya sea fresca, refrigerada o congelada. De todas maneras, la rapidez con que se emitió el comunicado conjunto de Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas, la Federación Agraria Argentina y la Sociedad Rural demuestra que el malhumor ya venía de antes. Al malestar de larga data por la suba de derechos de exportación se agregó el lunes la Resolución 60/21, publicada el lunes por el Ministerio de Agricultura, que exige mayores requisitos para anotarse en el RUCA (Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial), entre ellos detalles de movimientos bancarios, comprobantes de contribuciones patronales y de la liquidación de divisas provenientes de la exportación.

Para la Mesa de Enlace, se trata de la “reinstauración de mecanismos de probada ineficacia que dan lugar a la arbitrariedad manifiesta de las decisiones gubernamentales”, al comparar estas nuevas declaraciones juradas con los ROE (Registros de Operaciones de Exportación) creados tres lustros atrás. También se queja de que el presidente Alberto Fernández había asegurado “que antes de tomar cualquier medida de alto impacto para el sector se conversaría con esta Comisión”.

La tensión se produce en momentos en que los mercados internacionales les hacen un guiño a los productores agropecuarios. La soja ya llegó a 542 dólares por tonelada, el precio máximo desde 2014, arrastrando tras de sí a sus derivados (harinas y aceites), mientras que el maíz duplica su valor con relación a un año atrás. Ese vellocino de oro es el que preocupa a las autoridades: creen que los empresarios pretenderán usar esos precios de referencia como condición para proveer al mercado interno.

“Esta situación nos pone en estado de alerta y abre un tiempo de consulta con nuestras bases, porque rompe con la promesa de diálogo que hicieron las autoridades y demuestra un altísimo desinterés en los productores y en el sector, que tantas divisas aporta a las arcas del Estado”, señala el comunicado conjunto de la Mesa de Enlace. También anticipan que reforzarán sus pedidos de audiencia a gobernadores, legisladores y fuerzas políticas, para transmitir “nuestra visión acerca del sector y las políticas que consideramos virtuosas para la producción, la actividad económica y la generación de empleo, que lejos están de las implementadas en las últimas horas”.