Referentes del ámbito de la cultura nacional se encuentran en estado de alerta por una medida que podría dejar a ese sector sin financiamiento. Se trata de las consecuencias que tendría la aplicación, en los próximos meses, de la Ley 27.432, una reforma tributaria aprobada por el Congreso en 2017 durante el gobierno de Cambiemos, que establece una modificación en los impuestos destinados a subsidiar a amplios sectores de la cultura y de la producción audiovisual.

En su artículo 4to, dicha ley prevé que después del 31 de diciembre de 2022 los impuestos de los cuales se deducen fondos específicos de fomento a la cultura, pasen directamente al tesoro nacional. De darse esta situación, sufrirán recortes distintas áreas vinculadas al cine, el teatro, la música, la televisión comunitaria y las bibliotecas populares. No contar con estos recursos aportados por el Estado ponen en peligro la subsistencia de espacios y de iniciativas actuales y futuras. De no articularse en breve una medida que salve lo previsto en la Ley 27.432, la recaudación proveniente de impuestos aplicados -entre otros- a canales de televisión, entradas de cine o premios de sorteos de la Lotería dejarían de sostener el trabajo, la producción y el acceso a la cultura de miles de argentinos.

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Recientemente, como representante del colectivo Actrices Argentinas y de la Unión de Teatristas Independientes de Argentina, la actriz Mirta Israel junto a otras colegas se reunió con el ministro de Cultura Tristán Bauer para tratar este problema. “La charla fue muy amigable en primera instancia. Nosotras nos reunimos para ver cómo se puede construir de manera conjunta una salida a este problema. Más allá de que haya sectores que puedan tener diferencias con el Ministerio de Cultura, se acudió al encuentro para construir algo juntos. En ese contexto, el ministro Bauer expresó la importancia de reunir los votos necesarios en el Congreso para poder en breve cambiar esta normativa. Por nuestro lado, le expresamos nuestra necesidad de estar en las calles para visibilizar el tema. Nosotras también le manifestamos que este recorte afectará al teatro independiente de manera notable. Además, expresamos que, de instrumentarse la ley, los fondos se destinarán para otras cosas, entre ellas, el tema de la deuda externa”, sostiene Israel.

Quienes habitualmente vienen denunciando los recortes y las políticas restrictivas que reinan en el sector audiovisual son los miembros del colectivo DOCA (Documentalistas Argentinos), hace tiempo ya movilizados por lo que podría significar la posible implementación de la Ley 27.432. “Es penoso que esta ley haya tenido mayoría para ser aprobada. Hasta ahora, las instituciones culturales que reciben el fomento lo administran y sobreviven, en muchos casos, gracias a esos impuestos que se cobran. Si se acaba el fomento, el fondo va a seguir estando e irá al tesoro nacional, y en tiempos de endeudamiento se usará para cualquier otra cosa, menos para el cine. Se perderán trabajos, por ejemplo, de la gente que está empleada en el INCAA, y no habrá manera de mantener las escuelas de cine que se encuentran en todo el territorio y que forman nuevos cineastas. Hasta es muy probable que muchas dejen de existir. Por supuesto que también afectará a la producción de películas, porque el grueso del fomento se dirige a la producción y exhibición cinematográfica. Como documentalistas estamos muy preocupados por la implicancia y activación de esta ley”, aclara Juan Mascaró como integrante de DOCA.

Teniendo en cuenta que el fomento que se le otorga al sector cultural aplica a todo el país, quienes más pueden sufrir las consecuencias de esta nueva ley son los teatros provinciales. Sin la ayuda que hasta ahora reciben, corren serios riesgos de desaparecer. “El Instituto Nacional del Teatro se beneficia por el canon que pagan las emisoras de radio, los canales de televisión y muchos otros. Con él, subsidia a salas pequeñas y no a las grandes salas comerciales que existen en CABA, sino a espacios de hasta 300 butacas en todo el país. La inmensa mayoría de esas salas están compuestas por grupos autogestivos de teatro independiente, que se juntan entre varios y sostienen una sala, siendo esas las que mayormente necesitan la ayuda que da el Instituto Nacional del Teatro. Sin contar, además, que la pandemia hizo lo suyo y obligó a cerrar a muchísimos teatros que no recibían el subsidio. Cuanto más te alejás de CABA, más se necesita la ayuda del Estado, y eso pasa porque la afluencia del público no es la misma. No es la misma cantidad de gente que va a ver una obra a Timbre 4 que la que circula en La Plata o en el interior del país. De acabarse este subsidio para la cultura las consecuencias serían catastróficas, especialmente para todos los que mantenemos una actividad teatral fuera de la gran urbe de Buenos Aires”, afirma de manera enfática Adriana Sosa, miembro de la Red de Salas Independientes de la Provincia de Buenos Aires y del Movimiento Audiovisual Platense.

Para la UMI (Unión de Músicos Independientes) las preocupaciones no son menores, ya que la falta de subsidios generaría consecuencias imprevisibles para el sector. “De aplicarse la Ley 27.432 caería parte del financiamiento de diversos institutos como el INCAA, el INT, las radios comunitarias y en el caso particular de la música, caería el porcentaje destinado a financiar al INAMU (Instituto Nacional de la Música). Se trata de un órgano de fomento creado en 2012, luego de un extenso trabajo y la participación de músicos y organizaciones de músicos independientes de todo el país, que viene desarrollando una tarea importantísima e inédita a nivel federal desde ese momento. De todas formas, somos optimistas en creer que no se va a permitir desde el gobierno nacional un colapso cultural de este tenor, ya que no tendría antecedentes. Esperamos que se cumpla desde el Ministerio de Cultura con el compromiso de acompañar iniciativas que piden la extensión de los incisos de esa ley que desfinancian todo el sector de la cultura”, sostiene Juan Ignacio Vázquez como presidente de la Unión de Músicos Independientes.

Tanto actores, actrices, músicos y documentalistas coinciden en la necesidad de resistir la medida más allá de las esferas particulares en la que se desarrollan sus actividades. A todos los une el mismo problema, y la necesidad de manifestarse en las calles de manera activa será una de las instancias a seguir. Mientras tanto se prepara un gran festival artístico que se desarrollará frente al Congreso Nacional para los primeros días del mes próximo. “Será el jueves 7 de abril y queremos que se convierta en la gran oportunidad para movilizarnos desde todos los sectores afectados por esta situación. Estamos convocando a artistas teatrales, cineastas, músicos, quienes trabajan en bibliotecas populares, medios comunitarios también y al gran público en general que se preocupa por nuestra cultura. Porque hay una infinidad de referentes culturales que pueden perder toda posibilidad de fomento. Todos ellos generan una producción valiosa, algo que no es sólo de los artistas sino también del público todo. El acceso a la cultura es un derecho de quienes habitan este suelo”, concluye Mascaró.