La ley 27.610, de IVE, se aprobó el 30 de diciembre de 2020 y fue promulgada el 14 de enero de este año. Formosa, Misiones, San Juan, San Luis, La Rioja, Catamarca son provincias “donde el acceso al derecho es muy dificultoso”, dijo a Télam Yamila Picasso, politóloga feminista, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito.

El análisis coincide con un relevamiento hecho por esta agencia con consultas a profesionales de la salud, que ubicaron a Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos, Tierra del Fuego, Santa Fe, Neuquén, Chubut y ciudad de Buenos Aires como los distritos donde la aplicación de la ley es más fácil.

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Desde Esquel, Chubut, la médica tocoginecóloga Veronica Butinof también refuerza, en diálogo con Télam, la disparidad en la aplicación de la norma. Ella integra la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir y, si bien valora el logro que significa la ley IVE, considera que “aún falta un cambio sociopolítico, porque la ley no transforma milagrosamente la realidad”.

Y la realidad muestra que “las principales barreras están en el sistema de salud porque hay que cambiar sus estructuras machistas”, afirma la profesional. “Con la ley hay personas que quedan en la ilegalidad, como algunos responsables de farmacia de organismos provinciales que se niegan a repartir misoprostol”, enfatiza la médica.

En la Red han recibido denuncias de este tipo. El misoprostol es el medicamento recomendado por la Organización Mundial de la Salud para realizar abortos medicamentosos.

Durante el primer semestre 2021 se distribuyeron 15.445 tratamientos de misoprostol y se iniciaron dos procesos de compra, uno a UNFPA (Fondo de Población de Naciones Unidas) y otro a LIF (Laboratorio Industrial Farmaceútico de Santa Fe) por un total de 100.000 tratamientos de Misoprostol 200 mcg, de acuerdo a un informe oficial al que accedió Télam, publicado en una nota del jueves pasado.

Pero cuando esos medicamentos llegan a las provincias “hay responsables de farmacias de determinadas zonas sanitarias que se niegan a distribuirlos”, contó Butinof.

Esta situación fue planteada por la Red a las autoridades de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSR). Para subsanar este problema grave “la opción fue cambiar la vía de distribución del misoprostol que ahora llega a través de Remediar”. De hecho, desde la DNSSR confirmaron a Télam que, ahora, la distribución “en todas las provincias se está haciendo a través de Remediar”.

Otra barrera que identifican las y los profesionales de la salud de la Red es la información falsa por parte de personal de salud. Esa información asusta a quienes quieren acceder a la práctica y, en lugares donde hay pocos profesionales que la realicen, se hace casi imposible tener derechos.

“Mientras menor es el recurso, más fácil es vulnerar esos derechos. Dónde va una persona que vive en un pueblo, en el ámbito rural, si en la única sala de salud a la que puede recurrir le dicen que ‘es peligro’ o que ‘es ilegal’”, ejemplifica la profesional.

También agrega como barrera la objeción de conciencia de profesionales que “lo son en el sistema público, pero no en el privado, donde hay dinero”.

“Hay que resolver qué hacer con los servicios de ginecología donde son mayormente objetores de conciencia”, sugiere la médica y considera que “los jefes de servicio no pueden ser objetos de conciencia porque esa actitud determina el rumbo de un equipo de trabajo y puede ser obstaculizador”.

En tanto, Picasso también suma como “preocupación los intentos por declarar inconstitucional nuestra ley por parte de sectores conservadores fundamentalistas que solo buscan obstaculizar un derecho humano que hemos conquistado como sociedad con décadas de lucha”.

Al respecto, Amnistía Internacional Argentina informó que relevó 31 demandas judiciales en contra de la ley IVE, número 27.610, que no prosperaron. La politóloga pide además “que se garanticen los derechos humanos de las niñas, que aun continúan obligando a parir, situación considerada como tortura”. Y recuerda que aún hay personas presas por abortar o a causa de eventos obstétricos que “hay que liberar”.

Las capacitaciones al personal de salud y la información a la población sobre acceso a IVE son parte de los pedidos de la integrante de la Campaña y de la referente de la Red. También coinciden en el reclamo de inclusión de la mifepristona como medicamento ginecológico “para una práctica más efectiva y eficiente”, junto al misoprostol.

En relación a capacitaciones, hay más de 1.100 equipos de salud que garantizan el acceso al derecho, le dijo la semana pasada a Télam, Valeria Isla, directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva.

Butinof resalta que parte de quienes integran la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir serán parte de espacios de capacitación que considera “fundamentales”, a la vez que cree que “deben ir acompañados de decisiones político sanitarias”.

Para la médica “hay que cuidar a los equipos de salud que garantizan la práctica”. Y Picasso aporta la necesidad de “la aplicación en todas las escuelas del país de la Educación Sexual Integral y el acceso pleno y gratuito a todos los métodos anticonceptivos”.

Butinof deja un reflexión final: “¿Cómo se garantizan los abortos? Hay una construcción de ese cómo. Hay que transitar ese proceso con amorosidad, desde una mirada feminista. No se trata de dar una pastilla acompañada de maltrato”.

Cambió la ley, ahora es tiempo de seguir transitando el cambio social acorde al derecho adquirido.

**0800-222-3444: línea telefónica nacional, gratuita y confidencial de salud sexual y reproductiva